La comunidad internacional sigue denunciando los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro en plena fase de negociaciones con la oposición.
Michelle Bachelet condenó la persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y critica la falta de divulgación de datos públicos en el país.
“El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido”, resaltó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en su discurso de apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La exmandataria chilena expresó su preocupación por la intimidación y criminalización de los activistas y alentó el diálogo para elecciones en universidades.
En cuanto a la falta de transparencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, indicó que la falta de datos públicos impide un adecuado monitoreo de las políticas públicas.
También, dijo que su Oficina ha evaluado y formulado recomendaciones sobre los centros de detención preventiva del régimen y pidió la liberación de los presos políticos:
“Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso para apoyar el cumplimiento de las normas de derechos humanos aplicables. De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y celebro la absolución de Jaulio Bratar”.
Además, lamentó las penurias de la población en el marco de la crisis económica, ya que los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, lo que afecta a la alimentación y a la educación. “La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, señaló.
En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.
Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el Gobierno venezolano para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país. Gracias a este último entendimiento los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de seis a doce.
“Confío en que el diálogo político que tiene lugar actualmente en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en más avances para la protección de los derechos humanos”, culminó, en referencia al proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición.
