Puede ser su sentencia de muerte.
Al menos en EEUU.
En cualquier caso, el palo es antológico y sienta predenetes.
Este 19 de marzo de 2025, un jurado de Morton County, Dakota del Norte, emitió un fallo histórico: Greenpeace Inc, Greenpeace Fund y Greenpeace International deben pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer, la empresa operadora del oleoducto Dakota Access.
El caso, catalogado como un SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), ha generado un debate intenso sobre los límites de la protesta pacífica y la libertad de expresión en Estados Unidos.
Los SLAPP son demandas legales estratégicas, diseñadas para silenciar a críticos mediante costes judiciales abrumadores. Aunque muchos estados estadounidenses tienen leyes anti-SLAPP, Dakota del Norte no cuenta con ellas, lo que facilitó este proceso. Energy Transfer acusó a Greenpeace de difamación, conspiración y daños punitivos, alegando que la organización había organizado las protestas contra el oleoducto, un argumento que Greenpeace rechaza rotundamente.
Standing Rock y el liderazgo indígena
Las protestas contra el oleoducto Dakota Access (DAPL) comenzaron en 2016, lideradas principalmente por la tribu Sioux de Standing Rock, preocupada por el riesgo de contaminación de sus aguas sagradas.
Greenpeace apoyó estas movilizaciones, pero insiste en que su rol fue secundario: no organizaron las protestas, sino respaldar a las comunidades indígenas.
Energy Transfer, sin embargo, mantuvo una narrativa que ignoraba el liderazgo indígena, atribuyendo a Greenpeace la coordinación de las acciones.
Deepa Padmanabha, asesora legal de Greenpeace USA, señaló que el caso refleja un «desprecio por las voces de la tribu Sioux» y una distorsión de los hechos.
Implicaciones para el activismo
Este veredicto ha generado alarma en el movimiento ambiental.
Sushma Raman, directora interina de Greenpeace Inc, advirtió que el fallo «amenaza el futuro de la Primera Enmienda» (libertad de expresión y reunión).
Si se mantiene, podría sentar un precedente polémico: empresas usando tribunales para acallar críticas legítimas.
Greenpeace ya anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte y, en paralelo, ha iniciado una contra demanda en los Países Bajos bajo la Directiva anti-SLAPP de la UE, buscando recuperar costes y daños. Kristin Casper, consejera general de Greenpeace International, declaró: «Energy Transfer no ha oído lo último de nosotros».
¿Qué sigue?
El caso no es aislado. Energy Transfer ha presentado demandas similares contra otras organizaciones, como BankTrack y EarthRights International, en un patrón que activistas describen como «terrorismo legal».
Mientras, en Europa, la Directiva anti-SLAPP de la UE (2023) busca proteger a defensores de derechos humanos y ambientales de estas tácticas.
Curiosidades y anécdotas del caso
- El «efecto Standing Rock»: Las protestas contra DAPL se convirtieron en un símbolo global de resistencia indígena y ambiental, con manifestaciones en más de 300 ciudades.
- El papel de las redes sociales: Las protestas se viralizaron en plataformas como Facebook y Twitter, demostrando el poder de la comunicación digital en movimientos sociales.
- Un precedente histórico: En 2018, un tribunal de Dakota del Norte ya había desestimado una demanda similar de Energy Transfer contra Greenpeace, pero la empresa apeló y logró un nuevo juicio.
- El costo de la resistencia: Greenpeace ha señalado que este fallo podría «acabar con sus operaciones en EE.UU.», aunque asegura que seguirá luchando.
