Ya era hora.
Un poco de sensatez.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una controvertida medida que elimina la prohibición de cazar lobos al norte del río Duero, revirtiendo así la protección total que se había otorgado a esta especie en 2021.
La decisión, aprobada con los votos de PP, Vox, PNV y la abstención de Junts, ha generado un intenso debate entre defensores y detractores de la medida.
La nueva normativa supone un cambio significativo en la gestión del lobo ibérico en España. Desde septiembre de 2021, el lobo gozaba de protección en todo el territorio nacional al ser incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta inclusión prohibía su caza en todas las regiones, incluyendo aquellas al norte del Duero donde tradicionalmente se permitía su control cinegético.
La decisión del Congreso, que se ha colado como una enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario, ha sido celebrada por el sector ganadero y criticada duramente por grupos ecologistas. Milagros Marcos, portavoz del PP, defendió la medida argumentando que «no hay que elegir entre el lobo y la ganadería, sino garantizar su equilibrio y convivencia».
¿Están en peligro de extinción?
Una de las preguntas clave en este debate es si el lobo ibérico está realmente en peligro de extinción. Según los datos más recientes, la población de lobos en España ha experimentado un crecimiento en las últimas décadas. Un informe publicado por la Fundación Artemisan a finales de 2023 indicaba que la población de lobo ibérico aumentó un 26% desde 2014, estimando unos 2.800 ejemplares en el país.
Sin embargo, los grupos ecologistas advierten que este crecimiento no es uniforme en todo el territorio y que algunas poblaciones, especialmente al sur del Duero, siguen siendo vulnerables. Además, señalan que España es el único país europeo donde recientemente ha desaparecido una población de lobos (en Sierra Morena).
¿Son un peligro para los humanos?
Otro aspecto que ha surgido en el debate es la percepción del lobo como una amenaza para la seguridad humana. Aunque históricamente el lobo ha sido temido, los expertos en vida silvestre coinciden en que los ataques a humanos son extremadamente raros en la actualidad.
El verdadero conflicto se centra en los daños al ganado. Según datos recogidos en el informe de la Fundación Artemisan, se producen más de 8.000 ataques a ganado extensivo al año, lo que supone unos 22 ataques diarios con 10.000 cabezas predadas. Estos datos han sido utilizados por los defensores de la medida para justificar la necesidad de un control más activo de las poblaciones de lobos.
Reacciones y perspectivas futuras
La decisión del Congreso ha sido recibida con satisfacción por las comunidades autónomas con mayor presencia de lobos. La conselleira de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez, declaró que «protegíamos una especie pero desprotegíamos al ganadero», y afirmó que el lobo está presente en el 91% del territorio gallego.
Por otro lado, organizaciones como Ecologistas en Acción han condenado la medida, advirtiendo que podría sentar un peligroso precedente para la protección de otras especies. Argumentan que volver a matar lobos es una decisión política sin base científica ni técnica.
La implementación de esta nueva normativa estará sujeta a cómo actúe el Gobierno central, que ya ha anunciado que buscará fórmulas para mantener la protección del cánido. Mientras tanto, las comunidades autónomas afectadas, como Galicia, han expresado su intención de actuar en aquellas zonas donde los ataques son «continuados».
En conclusión, la decisión del Congreso marca un punto de inflexión en la gestión del lobo ibérico en España. El desafío ahora será encontrar un equilibrio entre la conservación de esta emblemática especie y las necesidades del sector ganadero, en un debate que promete continuar en los próximos años.
