En las últimas horas, Nacho Cano ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras unas declaraciones contundentes: «España hoy es un fracaso gobernado por criminales».
Esta afirmación, pronunciada al ABC tras conocerse el segundo informe de la Inspección de Trabajo sobre el caso de los becarios del musical Malinche, ha desatado reacciones en todos los ámbitos y reabre el debate sobre la situación política y social del país.
El productor madrileño, conocido tanto por su carrera musical como por su actividad empresarial y sus opiniones sin filtros, defendió con vehemencia su actuación en la gestión de jóvenes mexicanos becados para participar en su espectáculo.
Tras meses de investigación y polémica mediática, el dictamen oficial descarta cualquier irregularidad laboral en su proceder.
El caso Malinche marca un antes y un después en cómo se entienden las relaciones entre cultura, formación e inmigración en España. La sentencia favorable a Nacho Cano puede sentar precedente sobre cómo deben gestionarse estos programas formativos internacionales. Pero también evidencia una brecha creciente entre parte del sector cultural —que reclama libertad creativa y flexibilidad— y quienes exigen controles más estrictos para evitar posibles abusos.
En paralelo, las declaraciones incendiarias del productor funcionan como termómetro social: ponen sobre la mesa tanto el hartazgo ante una burocracia percibida como ineficaz como el miedo a que discursos extremos agraven aún más la desconfianza hacia las instituciones.
Por ahora, lo único seguro es que Nacho Cano no piensa bajar el tono ni rehuir el foco mediático. «No pienso pedir perdón por crear oportunidades donde otros solo ponen obstáculos», ha sentenciado recientemente. La controversia está servida; toca esperar si este episodio provoca una reflexión profunda o queda reducido a otro capítulo más del ruido político-cultural español.
El caso Malinche: formación o explotación
El origen de la controversia se remonta al año pasado, cuando una denuncia apuntó que los alumnos mexicanos que participaban en Malinche ejercían como trabajadores encubiertos, sin los derechos ni las garantías que marca la legislación laboral española. La primera reacción pública fue un torrente de titulares sobre presunta explotación y contratación irregular de migrantes. La Policía llegó a calificar la situación de “explotación” en un primer momento.
Sin embargo, tras dos investigaciones independientes, la Inspección de Trabajo ha determinado que estos jóvenes no eran empleados sino becarios, cuya estancia estaba vinculada a una formación práctica no reglada. No existía relación laboral ni obligación de estar dados de alta en la Seguridad Social. Además, la ayuda económica que recibían se destinaba exclusivamente a sufragar gastos derivados de su estancia y aprendizaje en España.
La normativa vigente contempla este tipo de intercambios formativos para extranjeros —con un máximo inicial de un año— siempre que se gestionen los permisos adecuados. En este caso, la defensa legal de Nacho Cano argumentó que los trámites para obtener visados de estudiante se iniciaron dentro del plazo legal, aunque las resoluciones administrativas fueron negativas y objeto de recurso ante los tribunales contencioso-administrativos, que finalmente han dado la razón al productor.
Un fallo que sacude al sector cultural
El dictamen favorable a Nacho Cano supone un alivio para muchos promotores culturales que temían una interpretación restrictiva de las prácticas formativas internacionales. Según detalla la investigación oficial:
- No se ha podido comprobar que los alumnos sustituyeran a actores principales.
- No consta pago alguno como si fueran trabajadores asalariados.
- No se aprecia dependencia ni ajenidad propias del vínculo laboral.
- La ayuda económica era para gastos básicos, no salario.
Esto refuerza la posición del productor y abre el debate sobre la necesidad de clarificar aún más las fronteras entre formación, voluntariado y trabajo artístico en España.
Críticas incendiarias: política y sociedad en el punto de mira
No obstante, lo que más ha impactado no es tanto el cierre favorable del expediente sino el tono empleado por Nacho Cano en sus valoraciones públicas. El músico ha calificado a España como «un fracaso gobernado por criminales», una frase que ha corrido como la pólvora por redes sociales y tertulias políticas.
Estas palabras surgen en un contexto donde crece el malestar social ante temas como:
- Judicialización excesiva de conflictos laborales.
- Percepción ciudadana de impunidad o corrupción en las élites políticas.
- Dificultades burocráticas para proyectos culturales internacionales.
- Sensación de desencanto respecto a las instituciones públicas.
El propio Cano ha insistido varias veces en lo que considera un “acoso político” contra su persona y sus iniciativas. Según sus declaraciones más recientes, «el verdadero problema es un sistema incapaz de generar oportunidades y plagado de trabas absurdas para quien quiere emprender o innovar». Su discurso conecta con una parte del sector privado que reclama menos intervencionismo y mayor agilidad administrativa.
Impacto social: polarización y desconfianza
Las afirmaciones del artista han dividido a la opinión pública. Por un lado, hay quienes ven en él a alguien capaz de decir lo que muchos piensan pero pocos verbalizan; por otro, hay quienes le acusan de frivolizar problemas estructurales o utilizar lenguaje excesivamente agresivo.
Algunos puntos clave del debate actual incluyen:
- ¿Existe una criminalización injusta del emprendimiento cultural?
- ¿Son adecuadas las garantías laborales para estudiantes extranjeros?
- ¿Se utilizan casos mediáticos para atacar o defender intereses políticos?
La polarización mediática es evidente: mientras unos medios subrayan la falta total de irregularidades constatadas tras meses de escrutinio oficial, otros recuerdan los riesgos inherentes a los modelos basados en becas o prácticas no remuneradas.
