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La reconciliación nacional y la doctrina Parot no puede ser aplicada solamente a los asesinos de ETA. Carta del Policía José Amedo, que titula “El Blanqueo de ETA”

José Piñeiro González 26 Jul 2019 - 09:02 CET
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Damos a conocer hoy, una carta de nuestro compañero José Amedo, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, al que ETA intentó asesinar varias veces. Carta que titula “El blanqueo de ETA”. Los que lo conocemos, sabemos desde hace mucho tiempo lo que piensa y siente sobre el trato que se les da y de forma especial a los asesinos de ETA, y que se hace al amparo de la tan manida “Reconciliación Nacional”, la cual sólo es aplicable a los asesinos de ETA.

Los que hemos estado en el Norte de España, en los años duros, nunca hemos podido olvidar a nuestros compañeros asesinados, a sus viudas y a sus hijos, son muchos policías y Guardias Civiles los que cada mañana sienten caer el agua de sus ojos recordando a sus compañeros.

El Movimiento Democrático de la Guardia Civil, siempre ha mantenido una constante: “La defensa de los valores democráticos y la defensa de sus compañeros, de todos sus compañeros y Amedo y Michel, forman parte de este colectivo. Siempre se ha estado en contra del terrorismo de estado, y lo hemos dicho alto y claro, lo que nunca podremos permitir es que a los asesinos se les premie y a los asesinados y víctimas  se les castigue.

La reconciliación nacional, debe llevar consigo, la rehabilitación de todos nuestros compañeros y cuando menos, con los mismos derechos que los asesinos de ETA. Reconciliación Nacional , Sí , también para Michel y Amedo. 

Comenzamos con la Carta de Pepe Amedo:

El 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta «la actual situación del País Vasco». Añadió que se abrían dos escenarios «uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi», y como consecuencia de dichas negociaciones se llegó al acuerdo de legalizar al brazo político de ETA. Finalmente, el 20 de junio de 2012, Sortu fue legalizado por el Tribunal Constitucional, por tan sólo un voto de diferencia.

A partir de este preciso momento es cuando determinadas instituciones del Estado comienzan el bochornoso proceso de la rehabilitación de la organización terrorista         ETA al legalizar a su brazo político. Desde esta perspectiva se puede afirmar sin lugar a duda alguna que la banda armada vasca fue derrotada policialmente, pero ganó políticamente que era lo que realmente les interesaba. Es una vergüenza moral el blanqueo al historial de los asesinos, los secuestradores y sus cómplices. Hoy se sientan en la instituciones personas que ocupan cargos públicos gracias a ETA, que se lo deben todo a la banda armada vasca, aunque ahora quieran vivir como si nunca hubiera existido.

Uno de los ejemplos más actuales de estas maniobras políticas de rehabilitación es el de Arnaldo Otegi, en su momento integrado en ETA político-militar y vinculado a diversos secuestros de la referida organización terrorista. Hoy afirma ser un <hombre de paz>. En la reciente entrevista de TVE que le brindaron con el fin de blanquear su pasado, comentó con un medido descaro que <lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer>. Es increíble e incluso osado que Otegi afirme que tenían derecho a causar daño a las víctimas del terrorismo en un medio de comunicación del Estado y que se lo permitan.

Por lo general en todos países que han padecido las consecuencias del terrorismo, sus gobiernos han tratado de <pasar página> lo antes posible una vez que estas actividades criminales han finalizado, bien sea como consecuencia de negociaciones o de una derrota policial, como ha sucedido recientemente en Colombia con las FARC, hace unos años en Irlanda con el IRA y ahora en España con ETA. En los dos primeros países todos los terroristas fueron puestos en libertad sin esclarecer los crímenes en los que habían participado y ambos grupos terroristas han formado su propio partido político que participan en las instituciones. Algo parecido esta pasando con ETA aquí, todos los miembros de la banda armada vasca, tanto los que permanecen en prisión como los muchos que disfrutan de libertad viven de su agrupación política EH BILDU, que ocupa numerosos cargos políticos en Congreso o el Senado español, así como en el Parlamento vasco y en numerosos Ayuntamientos del País Vasco.

Al referirme a los distintos beneficios que han obtenido los terroristas de ETA de los distintos organismos del Estado, además de la legalización de su organización política de la que obtienen ingentes ingresos económicos de los que disfrutan todos con el fin de que tengan solventadas sus vidas para reintegrarlos a la sociedad según se decidió institucionalmente. Además de esta decisión de profundo calado político, durante las negociaciones llevadas entre el gobierno de Zapatero y ETA, la organización terrorista consiguió otras contrapartidas de los representantes del ejecutivo español que se sentaban con ellos. De tal forma que estos últimos les prometieron a los <etarras> que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos <tumbaría> la Doctrina Parot, como así sucedió tiempo después provocando la salida de prisión de 63 miembros de la organización armada. Así mismo, llegaron a otros <acuerdos>, entre ellos evitar las detenciones de miembros de ETA en Francia. Para tal fin se creó un dispositivo policial que llevó a cabo lo que se denominó el <chivatazo> del bar Faisan, lo con el objetivo de comunicar a un miembro de la organización que no acudieran a una cita porque iban a ser detenidos.

 En la hoja de ruta de las negociaciones también se trató del futuro de los presos de la banda armada vasca que quedasen en las cárceles, llegando al acuerdo de que después de la disolución de ETA a los encarcelados de la organización se les iría acercando a prisiones próximas al País Vasco, como ya se esta haciendo en Francia y en España. Posteriormente, serán trasladados a centros penitenciarios vascos, para que como esta pactado, una vez que se transfieran las competencias sobre esta materia al Gobierno vasco se modificará el reglamento penitenciario en un sentido más laxo con el fin de facilitar la excarcelación de los presos de la banda terrorista que sigan cumpliendo sus condenas. Todo esta estudiado, planificado y pactado para blanquear a ETA y pasar página sobre los cuarenta años que causó el terror en nuestro país.Todo ello recogido en lo que hoy en día se encajaría en el llamado acuerdo de <normalización y reconciliación> del País Vasco. En cualquier caso se podría decir que el recorrido que se ha llevado a cabo para el final de ETA siempre ha estado amparado por las distintas instituciones del Estado.

Resulta evidente el favoritismo que a lo largo de la trágica historia de ETA, de sus pistoleros y de su brazo político han mantenido con ellos los distintos gobiernos de nuestro país. Sin embargo y guardando las distancias con los activistas del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en nuestro país existen una serie de funcionarios de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, entre los que me encuentro que nos jugamos la vida durante muchos años en la lucha antiterrorista contra ETA, a los que altos responsables políticos de nuestro país implicaron en la denominada <guerra sucia> contra los terroristas  vascos, a los que nos han marginado y despreciado esos mismos Ejecutivos que siempre han favorecido a los pistoleros de la banda armada vasca. Para justificarse ante el Gobierno francés y la opinión pública internacional, el poder político a través de filtraciones a distintos medios de comunicación nos convirtieron en sus <cabezas de turco> a mí y a uno de los subordinados que tenía a principio de los años ochenta, Michel Domínguez. No contar la verdad desde el principio fue nuestro principal error, nos condenaron, perdimos nuestras profesiones, nuestra forma de vida y la de nuestras familias,  pasamos varios años en la cárcel, no nos indultaron y nuestros responsables políticos no cumplieron ninguna de sus promesas, nos dejaron en el abandono más absoluto. Hemos tenido que pasar múltiples calamidades y seguimos sobreviviendo de mala manera.

 En los años ochenta mi buen amigo Jesús Diego de Somontes, coronel del Ejército, desempeñaba la jefatura del CESID (hoy CNI) para todo el País Vasco, donde yo desarrollaba una labor profesional similar para la Policía. Durante el ejercicio de su actividad en los Servicios de Inteligencia colabore con él durante un determinado periodo de tiempo en distintas labores de información relacionadas con ETA y su brazo político Herri Batasuna. El mencionado Servicio de Inteligencia elaboró numerosos documentos <clasificados> en los que detalladamente hacen referencia a las actividades de los GAL. Parte de esos escritos que siguen custodiados con carácter secreto por el CNI llegaron a mis manos por conductos obvios.

 En ningún momento a lo largo de estos años se nos ha ofrecido el amparo de las instituciones del Estado como hacen con los terroristas de ETA. Nos han dejado totalmente <tirados>, nos usaron descaradamente para tapar sus responsabilidades políticas y judiciales. Ante esta evidente tropelía es necesario conocer en algún momento la realidad que vivimos y la de los relevantes  cargos políticos que nos llevaron a esta nefasta situación. Para ello existe una solución muy sencilla, <desclasificar> los documentos que existen en el CNI sobre la creación, financiación y la responsabilidad de cada uno en las actividades de los GAL. De esta manera se verá la que tuvimos tanto yo como mi subordinado Michel Domínguez, y se determinará si fue justo el <castigo> que nos obligaron a asumir y el desamparo al que se nos viene sometiendo. Por consiguiente, y dado el denigratorio trato que hemos recibido de las instituciones del Estado y de nuestros responsables políticos, estimo que ha llegado el momento de <rehabilitarnos> <desclasificando> los documentos a los que he hecho referencia y que custodia el CNI. Ese momento ha llegado, por lo tanto aconsejo al responsable de levantar el secreto sobre la documentación señalada que los haga públicos lo antes posible. En caso contrario lo hare yo en el momento que considere más oportuno para nuestros intereses y los aportaré a la Audiencia Nacional. Que Dios los ampare a <todos>. Fdo José Amedo Fouce

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