La economía española atraviesa un momento decisivo. Por primera vez en su historia reciente, España cuenta con más empleados públicos que trabajadores autónomos.
Este hito, que revela la Encuesta de Población Activa (EPA), marca un punto de inflexión en la estructura laboral del país y lanza un mensaje claro sobre los desafíos que enfrenta el tejido empresarial nacional.
La cifra es rotunda: los empleados públicos superan en 441.000 a los autónomos.
Este cambio no solo es simbólico; es el reflejo de profundas transformaciones demográficas, políticas y económicas que están remodelando el mercado laboral español.
A la vez, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y el futuro de quienes tradicionalmente han sido motor del emprendimiento.
Más funcionarios que autónomos: una brecha que crece
El crecimiento de la plantilla pública ha sido constante.
Según los últimos datos oficiales, en julio de 2024 España sumaba más de 3 millones de empleados públicos, tras haber incorporado más de 57.000 efectivos solo en el primer semestre del año pasado. El 61% trabajan en administraciones autonómicas, un 21% en la administración local y el resto en el Estado central. La mayoría son funcionarios de carrera, aunque existen diferencias según la administración.
Mientras tanto, el número de autónomos no solo no crece, sino que muestra síntomas claros de agotamiento demográfico. Una parte considerable del colectivo está cerca de la jubilación: 190.000 autónomos ya han cumplido los 64 años y 380.000 superan los 60. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte que cerca de medio millón podría abandonar la actividad entre 2025 y 2027, ante la falta de incentivos para prolongar su carrera profesional.
Radiografía del cambio: datos clave
A continuación se presenta una comparativa para entender la magnitud del cambio:
| Año | Empleados públicos | Autónomos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2024 (julio) | >3.043.000 | ~2.600.000* | +443.000 |
| *Estimación basada en EPA y proyecciones recientes |
- El personal funcionario representa algo más del 51% del total público.
- En administraciones estatales, este porcentaje sube al 78%.
- Cerca del 50% de los autónomos tiene más de 60 años.
Causas: envejecimiento y falta de relevo
El envejecimiento del colectivo autónomo es uno de los factores clave detrás del declive. Muchos trabajadores por cuenta propia están cerca o han alcanzado ya la edad legal para jubilarse, lo que anticipa un éxodo masivo si no se toman medidas urgentes.
Los incentivos para seguir trabajando más allá de los 60 años son escasos o poco atractivos. La normativa actual permite compatibilizar el 100% de la pensión con la actividad económica solo bajo condiciones muy restrictivas, como haber tenido al menos un trabajador contratado por cuenta ajena antes del 1 de abril de 2025 y retrasar un año el acceso a la pensión completa.
Mientras tanto, las nuevas generaciones muestran poco interés por lanzarse al autoempleo. Las trabas fiscales, las cotizaciones elevadas y la incertidumbre económica desincentivan a muchos jóvenes a iniciar una actividad empresarial.
Consecuencias para la economía y el empleo
El desequilibrio entre empleados públicos y autónomos tiene consecuencias directas e indirectas para la economía:
- Menor dinamismo empresarial: Menos autónomos significa menos creación de empresas y menor capacidad para absorber desempleo estructural.
- Sostenibilidad fiscal comprometida: Un mayor peso del empleo público implica más gasto corriente para el Estado y menos contribuyentes netos al sistema.
- Pérdida de cultura emprendedora: La caída en el número de trabajadores por cuenta propia erosiona la base emprendedora tradicional.
- Riesgo para las pensiones: Si disminuye la base cotizante autónoma mientras crecen los jubilados y empleados públicos, aumenta la presión sobre el sistema.
¿Qué puede hacer España?
El reto es mayúsculo pero no irreversible. Algunas medidas podrían revertir o mitigar este proceso:
- Incentivar fiscalmente el autoempleo joven.
- Facilitar el relevo generacional con apoyos a quienes quieran traspasar sus negocios.
- Mejorar las condiciones para compatibilizar pensión y trabajo autónomo.
- Simplificar trámites administrativos y reducir cargas fiscales.
En definitiva, España debe repensar su modelo laboral si quiere preservar su tejido productivo y evitar una dependencia excesiva del sector público.
Mirando al futuro
El auge del empleo público frente al estancamiento o declive del autoempleo señala una transformación profunda en las bases mismas del trabajo en España. El país se enfrenta a un desafío generacional y estructural que requiere respuestas rápidas pero también visión a largo plazo.
Revertir esta tendencia exigirá coraje político y social para apostar por quienes generan riqueza desde la iniciativa individual y empresarial. El futuro del empleo –y buena parte del bienestar colectivo– está en juego.
