Nueva polémica sobre la ocupación en España

El sucio ‘truco’ que dan los abogados a los okupas para frenar el desalojo exprés

Un vacío legal y asesoramiento experto permiten a algunos okupas retrasar su expulsión pese a la nueva ley

Okupas, Okupación, vivienda
Okupas, Okupación, vivienda. PD

En las últimas semanas, el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas ha vuelto con fuerza a la agenda pública española.

A pesar de los recientes cambios legislativos que prometían agilizar los desalojos, algunos abogados especializados en derecho social están enseñando a los okupas estrategias para esquivar la expulsión rápida.

Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, está generando inquietud entre propietarios particulares y asociaciones vecinales, que ven cómo sus expectativas de protección se diluyen ante nuevos “trucos” legales.

La reforma legal del desalojo exprés, aprobada en 2024, pretendía resolver de manera más eficiente las ocupaciones ilegales, sobre todo en viviendas de particulares y pequeños tenedores.

Sin embargo, la realidad en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia muestra que el problema sigue lejos de resolverse. Y es que algunos colectivos han encontrado nuevas formas de alargar su permanencia en inmuebles ajenos, asesorados por expertos que conocen bien los recovecos del sistema judicial español.

El vacío legal tras la reforma

El llamado desalojo exprés fue recibido con esperanza por parte de los propietarios afectados. La nueva normativa permite solicitar el desahucio sin necesidad de identificar previamente a los ocupantes ni esperar plazos dilatados. Sin embargo, organizaciones sociales y abogados progresistas han reaccionado rápidamente ante el cambio normativo.

  • Según explican fuentes jurídicas consultadas por La Razón y Libre Mercado, el principal “truco” consiste en alegar que existe un contrato verbal o escrito —aunque sea falso— entre el okupa y el propietario anterior.
  • Otra estrategia es presentar documentación incompleta o dudosa para simular un acuerdo de alquiler precario.
  • En algunos casos, basta con afirmar que hay menores o personas vulnerables residiendo en la vivienda para suspender temporalmente el desalojo.

Estos procedimientos no garantizan quedarse indefinidamente, pero sí logran demorar la salida durante semanas o incluso meses. Los juzgados se ven obligados a admitir pruebas y verificar la veracidad de los contratos antes de autorizar cualquier expulsión.

Asesoramiento profesional y redes organizadas

No se trata solo de una cuestión individual. Varias plataformas de apoyo a los okupas han profesionalizado su labor y ofrecen asesoría jurídica gratuita o a bajo coste. En barrios conflictivos de Madrid o Barcelona proliferan talleres donde abogados explican cómo actuar ante una notificación judicial o una visita policial.

Entre los consejos más repetidos destacan:

  • Negarse a abrir la puerta sin orden judicial.
  • No firmar ningún documento presentado por agentes inmobiliarios o policías.
  • Solicitar asistencia letrada antes de declarar.
  • Insistir en la presencia de menores o personas con discapacidad.

Este asesoramiento colectivo hace mucho más difícil la labor policial y judicial. Según datos recientes recogidos por Libre Mercado, en lo que va de 2025 se han registrado más de 6.000 intentos fallidos de desalojo exprés en toda España, un 18% más que el año pasado.

Impacto económico y social

El retraso en los desalojos tiene consecuencias directas sobre el mercado inmobiliario español:

  1. Los propietarios particulares se muestran cada vez más reacios a alquilar sus viviendas, temiendo verse atrapados en largos procesos judiciales.
  2. Los precios del alquiler han repuntado ligeramente en algunas zonas tensionadas como Barcelona y Madrid, según las últimas estadísticas oficiales.
  3. Las aseguradoras han incrementado las primas para pólizas que cubren impagos u ocupaciones ilegales.
  4. El clima de inseguridad jurídica afecta especialmente a pequeños ahorradores e inversores.

Por otro lado, las asociaciones defensoras del derecho a la vivienda denuncian que las reformas legales priorizan los intereses privados frente al derecho social al alojamiento digno. Sostienen que sin alternativas habitacionales reales para colectivos vulnerables, el fenómeno okupa persistirá.

Datos recientes: evolución del fenómeno okupa

La ocupación ilegal sigue creciendo en 2025:

AñoDenuncias por ocupaciónDesalojos ejecutados
202317.0006.800
202418.5007.200
2025*10.200 (ene-abr)2.900 (ene-abr)

*Datos hasta abril

Estos datos reflejan dos tendencias: crecen las denuncias pero también aumenta la duración media del proceso judicial cuando hay alegaciones asesoradas por abogados experimentados.

El papel clave del asesoramiento jurídico

La capacidad para ralentizar un desalojo depende en gran medida del conocimiento legal del okupa y su entorno:

  • Abogados con perfil progresista insisten en agotar todos los recursos legales posibles, aunque sean meramente dilatorios.
  • Plataformas como Stop Desahucios ofrecen plantillas para alegaciones, guías prácticas y acompañamiento presencial durante los procedimientos.
  • En muchos casos se logra retrasar varios meses la expulsión utilizando informes sociales sobre vulnerabilidad o alegando irregularidades formales en las notificaciones judiciales.

Este fenómeno pone sobre la mesa una paradoja: cuanto más se endurece el marco legal contra la ocupación ilegal, mayor es el ingenio (y apoyo profesional) para sortearlo.

¿Qué pueden esperar ahora propietarios e inquilinos?

Aunque el Gobierno ha anunciado nuevas medidas para acortar plazos e identificar mejor a los ocupantes irregulares, lo cierto es que el escenario legal seguirá siendo complejo mientras no haya soluciones habitacionales efectivas para quienes recurren a ocupar viviendas vacías.

Para quienes poseen una vivienda vacía o desean alquilarla, expertos recomiendan:

  • Contratar seguros específicos anti-okupas.
  • Revisar cuidadosamente contratos y antecedentes de inquilinos.
  • Estar atentos ante cualquier intento sospechoso de acceder al inmueble.
  • Acudir cuanto antes a profesionales jurídicos ante cualquier indicio de ocupación ilegal.

En definitiva, el llamado “truco” legal no solo evidencia las carencias del sistema judicial español frente al fenómeno okupa sino también las profundas contradicciones sociales alrededor del acceso a la vivienda en nuestro país. El debate está lejos de cerrarse y promete seguir generando titulares —y polémica— durante mucho tiempo.

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Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

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