La historia de Marcel, un jubilado francés de 95 años, ha dado la vuelta al continente: tras más de un año sufriendo la ocupación ilegal de su vivienda, ahora debe hacer frente a una factura de agua que supera los 17.000 euros.
La vivienda, situada en Poitiers, fue tomada en octubre de 2023 por una pareja que permaneció allí hasta febrero de 2025.
Cuando finalmente se marcharon, no solo dejaron destrozos materiales, sino también un consumo desorbitado de agua que, según la legislación vigente, debe asumir el propietario.
El caso ha sido calificado como «esquizofrenia administrativa» por el abogado del afectado, ya que el sistema obliga a los propietarios a seguir pagando suministros esenciales incluso cuando no pueden acceder a su propia casa.
El contador del agua, a diferencia del eléctrico, suele permanecer a nombre del titular original; y la ley francesa impide cortar el suministro para garantizar lo mínimo vital, aunque quienes lo disfruten estén allí ilegalmente.
Una “trampa” legal: ¿quién responde ante los impagos?
La situación de Marcel no es única. En muchos países europeos, incluido España, los propietarios se encuentran atrapados en un laberinto legal donde sus derechos parecen secundarios frente a la protección de servicios básicos para los ocupantes ilegales. Los abogados denuncian que las compañías suministradoras y las administraciones públicas rehúsan asumir estos costes si el suministro no ha sido formalmente interrumpido por causas justificadas.
En Francia existe un mecanismo teórico por el cual la comunidad urbana debería cubrir las facturas derivadas de okupaciones ilegales si el propietario demuestra diligencia, pero en la práctica se niegan a hacerlo. El resultado: una persona mayor, con recursos limitados y sin responsabilidad directa sobre el consumo, afronta una deuda desproporcionada mientras las instituciones miran hacia otro lado.
España: okupación creciente y leyes insuficientes
En España, la okupación sigue generando titulares y crispación social. Los datos oficiales señalan un aumento sostenido de denuncias por ocupación ilegal en los últimos cinco años. Casos recientes han despertado gran indignación pública:
- En Alicante, una celebrity americana millonaria okupó una casa valorada en más de un millón de euros, cambió todas las cerraduras y se negó durante meses a abandonar la vivienda mientras el propietario debía asumir los gastos corrientes y pleitear para intentar recuperarla.
- En Altea, un exconvicto ruso buscado por Interpol okupó una vivienda de lujo durante meses, explotando vacíos legales para evitar el desalojo inmediato. El propietario tuvo que recurrir repetidamente a la justicia sin éxito inmediato.
- En Valencia, una anciana de 83 años lloró en los juzgados tras dos años sin poder volver a su casa familiar, ocupada por desconocidos que seguían generando gastos e incluso alquilaban habitaciones a terceros.
Estos casos no son excepciones aisladas sino reflejo de una tendencia preocupante: la lentitud judicial y la protección frente a cortes de suministros crean un caldo de cultivo perfecto para que los propietarios sufran daños económicos enormes mientras ven vulnerados sus derechos fundamentales.
El impacto económico: facturas y daños colaterales
Más allá del coste emocional y jurídico, está el económico. Las compañías suministradoras —agua, luz o gas— suelen mantener los contratos a nombre del propietario original salvo notificación expresa y trámite administrativo. Si hay impagos o consumos excesivos durante la okupación, la deuda recae sobre quien figura como titular.
Esto puede suponer:
- Cargos acumulados durante meses o años.
- Imposibilidad legal (en muchos municipios) de cortar suministros esenciales.
- Dificultad para reclamar judicialmente cantidades adeudadas por personas insolventes o “desaparecidas” tras abandonar el inmueble.
La combinación es letal para personas mayores o familias vulnerables, que ven cómo sus ahorros desaparecen sin capacidad real para revertir la situación.
Medidas adoptadas: ¿protección real o simple parche?
Los gobiernos locales han intentado paliar estas situaciones con bonificaciones fiscales o ayudas puntuales. Por ejemplo:
- En Zaragoza, desde enero de 2025 se ha incrementado el recibo del agua casi un 14%, aunque existen bonificaciones para familias con rentas bajas (de hasta el 83% si ingresan menos de 16.865 euros anuales).
- En situaciones excepcionales (como durante el estado de alarma), algunos reales decretos permitieron suspender temporalmente pagos energéticos o ajustar consumos sin penalización.
- Sin embargo, estas medidas suelen excluir explícitamente los casos derivados de okupación ilegal o requieren trámites tan complejos que pocos afectados logran beneficiarse.
La realidad es que muchos propietarios —especialmente jubilados— no tienen ni conocimientos ni fuerza para enfrentarse solos al sistema administrativo y judicial.
Fraude y técnicas sofisticadas: cuando la okupación se profesionaliza
El fenómeno ha mutado en los últimos años: ya no hablamos solo de familias sin recursos buscando refugio temporal. Han surgido mafias especializadas en ocupar viviendas para luego vender “llaves” a terceros o extorsionar al propietario.
Algunas tácticas detectadas recientemente incluyen:
- Cambios masivos de cerraduras nada más entrar.
- Solicitud fraudulenta del empadronamiento municipal para ganar tiempo frente al desalojo.
- Manipulación deliberada del contador del agua para inflar consumos.
- Subarriendos ilegales a turistas o estudiantes.
La sofisticación va en aumento y las autoridades reconocen su impotencia ante procesos judiciales lentos e ineficaces.
El drama humano: más allá del balance contable
Detrás de cada caso hay historias personales dramáticas:
“Llevo dos años sin poder volver a mi casa; cada vez que intento entrar me insultan o amenazan”, relataba recientemente una mujer octogenaria en televisión nacional.
Muchos mayores sienten vergüenza y desesperanza. No solo pierden su patrimonio sino también su sensación básica de seguridad. La soledad agrava aún más este impacto: gestionar denuncias, juicios o reclamaciones administrativas es un reto abrumador cuando se carece de apoyo familiar o legal.
¿Qué soluciones reales existen?
Los expertos coinciden en varias líneas urgentes:
- Simplificar procesos judiciales para desalojar rápidamente viviendas ocupadas ilegalmente.
- Permitir cortes temporales justificados del suministro cuando se detecte ocupación irregular.
- Crear fondos públicos específicos para compensar daños económicos derivados directamente de estos casos.
- Proteger especialmente a colectivos vulnerables como personas mayores o discapacitados ante situaciones injustas.
Mientras tanto, organizaciones vecinales y plataformas ciudadanas insisten en la necesidad urgente de reformar leyes obsoletas que dejan indefensos a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y civiles.
Hacia un debate social inevitable
El caso del jubilado francés ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¿Es justo que alguien pague miles de euros por servicios que nunca ha consumido? ¿Tiene sentido proteger con tanto celo derechos básicos cuando se hace costa del legítimo titular? ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad pública ante situaciones creadas por vacíos legales?
Lo cierto es que mientras estas preguntas sigan sin respuesta clara, miles de propietarios —muchos ya en situación vulnerable— seguirán viendo cómo su economía y tranquilidad desaparecen tras una puerta cerrada por otros. El tiempo apremia: urge un debate social sereno pero firme sobre cómo equilibrar derechos individuales y protección social en pleno siglo XXI.
