La reciente revelación del despido pactado de un histórico sindicalista de UGT en Tragsa ha encendido un debate sobre la ética y la transparencia en las empresas públicas españolas.
Según actas internas y declaraciones recogidas en distintos medios, el trabajador fue cesado un día antes de cumplir la edad para jubilarse, lo que le permitió recibir una indemnización cercana a los 60.000 euros, cantidad que él mismo reconoció públicamente haber cobrado y por la que incluso llegó a presumir entre compañeros.
El caso, destapado por el periodista Javier Chicote, señala que la maniobra consistió en simular un despido improcedente para que el sindicalista pudiera acceder a una indemnización equivalente a 12 mensualidades completas justo antes de solicitar su jubilación al día siguiente.
Tanto el propio afectado como miembros del comité sindical reconocieron que todo estaba planeado: el despido se firmó el 30 de mayo y el 31 ya estaba gestionando su pensión pública, pese a haber superado los 65 años y estar en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria.
El protagonista, lejos de ocultar el hecho, habría alardeado abiertamente del dinero recibido: “Presumía de haberse llevado ‘60.000 pelotes’”, según fuentes cercanas al entorno laboral.
Reacción interna: UGT califica la práctica de «inmoral»
El caso ha generado una fuerte ola de indignación dentro y fuera del sindicato. UGT, organización a la que pertenecía el afectado y que históricamente ha defendido los derechos laborales en el sector público, calificó la maniobra como «inmoral», desvinculándose públicamente del acuerdo y reclamando explicaciones tanto a la dirección de Tragsa como al propio implicado. Aunque hasta ahora no se han anunciado acciones legales, voces internas del sindicato piden una revisión urgente de los procedimientos internos para evitar fraudes similares.
Desde UGT insisten en que este tipo de actuaciones dañan gravemente la imagen del movimiento sindical y ponen en cuestión la ejemplaridad que deben mostrar sus representantes ante toda la plantilla pública. El sindicato se ha comprometido a esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades internas.
Contexto: prácticas irregulares en empresas públicas
Este episodio ha reabierto el debate sobre los privilegios y las irregularidades en algunas empresas públicas españolas. Tragsa, dependiente del Ministerio de Transportes, acumula antecedentes de conflictos laborales, huelgas prolongadas y denuncias por parte de distintos colectivos por cuestiones relacionadas con contrataciones opacas o despidos injustificados.
En este caso, lo llamativo es que tanto la dirección como el propio sindicalista parecen haber pactado una salida ventajosa para el trabajador, saltándose así el espíritu de la normativa laboral vigente. El procedimiento estándar establece que quienes optan por la jubilación voluntaria no tienen derecho a indemnización alguna; solo cabe indemnización ante un despido improcedente justificado legalmente.
El hecho de que ambas partes orquestasen un “despido ficticio” sugiere, según expertos laborales, una vulneración clara del principio de igualdad ante la ley y un uso fraudulento de recursos públicos.
Impacto reputacional y reacciones políticas
El escándalo no ha tardado en tener repercusión política. Algunos grupos parlamentarios ya han pedido comparecencias urgentes para esclarecer si existen más casos similares dentro del sector público. La polémica añade presión sobre el Ministerio responsable para revisar con lupa los procedimientos internos y reforzar los controles sobre indemnizaciones excepcionales, especialmente cuando afectan a cargos sindicales o directivos.
Mientras tanto, representantes laborales advierten del riesgo reputacional: casos como este pueden minar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y alimentar discursos críticos contra el papel tradicionalmente reivindicativo —y necesario— del sindicalismo español.
Claves para entender el caso
- El sindicalista fue despedido formalmente solo 24 horas antes de jubilarse.
- Cobró una indemnización estimada entre 50.000 y 60.000 euros.
- El propio afectado reconoció públicamente —y con orgullo— haber recibido dicha cantidad.
- UGT califica el acuerdo como «inmoral» y pide explicaciones urgentes.
- El episodio destapa carencias en los controles internos y abre un nuevo frente sobre las buenas prácticas en las empresas públicas.
¿Qué puede cambiar tras esta polémica?
La presión mediática y social podría forzar cambios normativos o internos:
- Revisión estricta de las condiciones para otorgar indemnizaciones por despido improcedente en empresas públicas.
- Sanciones disciplinarias o incluso penales si se demuestra connivencia fraudulenta entre dirección y trabajadores.
- Refuerzo del control sindical interno para garantizar transparencia absoluta en procesos sensibles como jubilaciones o despidos.
- Mejoras en los mecanismos públicos para denunciar irregularidades sin temor a represalias.
Esta crisis pone bajo foco no solo al sindicato implicado sino también al modelo actual de relaciones laborales dentro del sector público español. La ciudadanía espera respuestas claras, transparencia real y medidas contundentes para restaurar la confianza perdida tras este controvertido episodio.
