En los últimos años, el número de solicitudes de incapacidad permanente en España ha experimentado un notable crecimiento. Factores como el envejecimiento de la población, el impacto de la crisis sanitaria y el desgaste físico asociado a ciertas profesiones han influido en este aumento.
Trabajadores de sectores como la construcción, la sanidad y el transporte se han visto especialmente afectados por enfermedades crónicas y lesiones que limitan su capacidad laboral. Además, el endurecimiento de los criterios médicos y administrativos ha generado más reclamaciones por denegaciones. En este contexto, conocer el procedimiento de solicitud es clave para quienes necesitan esta prestación.
Datos actuales sobre la incapacidad permanente en España
Según datos de la Seguridad Social, a fecha de 1 de febrero de 2025, se registraron 945.530 pensiones de incapacidad permanente en vigor. Gasto público destinado a estas prestaciones y su evolución
En enero de 2024, la nómina mensual de las prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.098,1 millones de euros. Este gasto ha mostrado un incremento en los últimos años, influenciado por el aumento del número de pensionistas y la revalorización de las pensiones para mantener el poder adquisitivo. Por ejemplo, en 2022, el gasto en pensiones contributivas, que incluye la incapacidad permanente, se incrementó un 4,9% respecto al año anterior, alcanzando los 145.279 millones de euros.
Aumento de las denegaciones y la necesidad de reclamaciones
Aunque no se disponen de cifras exactas en las fuentes consultadas sobre el aumento de las denegaciones de solicitudes de incapacidad permanente, se ha observado una tendencia hacia el endurecimiento de los criterios para su concesión. Este contexto ha llevado a un incremento en el número de reclamaciones y litigios por parte de los solicitantes que buscan el reconocimiento de su derecho a la prestación.
Factores que explican el incremento de solicitudes
El aumento de las solicitudes de incapacidad permanente en España se debe a varios factores. Uno de los principales es el impacto de enfermedades crónicas y patologías mentales, como la ansiedad, la depresión laboral o el síndrome de burnout, que han incrementado notablemente en los últimos años. Estas condiciones pueden incapacitar a un trabajador de manera parcial o total, afectando su rendimiento y su posibilidad de continuar en su puesto de trabajo.
Además, hay sectores especialmente afectados, como la construcción, la sanidad y el transporte, donde los trabajadores están expuestos a altas exigencias físicas y psicológicas. En la construcción, el desgaste físico y los accidentes laborales son frecuentes; en la sanidad, los largos turnos y el estrés impactan la salud mental; y en el transporte, las posturas prolongadas y el sedentarismo pueden derivar en problemas musculoesqueléticos.
Otro factor relevante ha sido el endurecimiento de los criterios para conceder la incapacidad permanente. Las reformas legislativas han reducido el número de solicitudes aprobadas, exigiendo pruebas médicas más exhaustivas y estableciendo controles más estrictos. Esto ha provocado un incremento en el número de reclamaciones por denegaciones.
Cómo presentar una solicitud de incapacidad permanente y qué hacer si es rechazada
El proceso de solicitud de incapacidad permanente es complejo, ya que requiere cumplir con criterios médicos y administrativos estrictos. En caso de denegación, existen vías para recurrir la decisión y obtener la prestación correspondiente.
El procedimiento comienza con la recopilación de informes médicos que acrediten la limitación laboral. Posteriormente, el trabajador debe presentar la solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que evaluará el caso a través del tribunal médico. Este organismo determinará el grado de incapacidad y emitirá una resolución.
Si la solicitud es rechazada, el trabajador puede presentar una reclamación previa en un plazo de 30 días hábiles. Si el INSS mantiene su negativa, el siguiente paso es acudir a la vía judicial, donde un juez revisará el caso.
Conclusión
El acceso a la incapacidad permanente es un derecho fundamental para quienes han perdido su capacidad de trabajar. Sin embargo, los cambios normativos y la exigencia de pruebas más estrictas han dificultado su concesión, generando un aumento en las reclamaciones.
