Una nota de humor negro en esta situación kafkiana.
Circula entre los propietarios afectados el chiste de que será más fácil okupar La Moncloa que recuperar una vivienda okupada.
Quizás deberían tomar nota el socialista Sánchez y su cuadrilla de maleantes.
Lo que está claro, es que con ellos en el poder, el drama no se solucionará.
La okupación de viviendas en España sigue siendo un tema candente.
A pesar de que las cifras oficiales muestran una ligera disminución en el número de denuncias, la ilegal realidad en las calles y las experiencias de los propietarios afectados cuentan una historia diferente.
El Gobierno de Sánchez parece más preocupado por proteger a los okupas que por defender los derechos de los propietarios legítimos.
La situación es cada vez más insostenible.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 denuncias por okupación ilegal en España, lo que supone una disminución del 8,8% respecto al año anterior.
Sin embargo, estos números no reflejan la totalidad del problema, ya que muchos casos no se denuncian por miedo o desesperación de los propietarios.
El reciente decreto aprobado por el Gobierno Frankenstein, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los desahucios para personas vulnerables, ha generado una nueva ola de críticas.
La medida, que en teoría busca proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, ha sido aprovechada por mafias organizadas que se dedican a la okupación profesional.
Kathy, presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), declaró recientemente:
«No somos un bulo, seguiremos luchando por una justicia real para todos los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas.»
Esta afirmación refleja el sentimiento de impotencia que experimentan muchos propietarios ante la falta de acción efectiva por parte del Gobierno socialcomunista.
El nuevo decreto también incluye un sistema de avales públicos para compensar a los propietarios por los daños causados por los okupas.
Esta medida ha sido criticada por expertos y asociaciones de propietarios, ya que solo se podrá acceder a la compensación una vez que el okupa haya abandonado la vivienda, lo que puede llevar meses o incluso años debido a la saturación de los juzgados.
La situación ha llegado a tal punto que algunas comunidades autónomas están tomando cartas en el asunto.
En Cataluña, por ejemplo, se han registrado 4.610 casos de usurpación y allanamiento en 2023, lo que la convierte en la región más afectada por este fenómeno.
Madrid y Valencia le siguen de cerca con 1.516 y 828 casos respectivamente.
El caso de Jordi Riera en Gerona es un claro ejemplo de la desesperación que viven los propietarios.
Riera y su familia fueron expulsados de su propia casa por la policía, que permitió la entrada a unos okupas que presentaron como única prueba un vídeo de ellos cocinando en la vivienda.
Este tipo de situaciones surrealistas se están volviendo cada vez más comunes, poniendo en evidencia las lagunas legales y la falta de protección a los propietarios.
El Ejecutivo de Sánchez ha excluido la defensa de los propietarios frente a los okupas de sus campañas de publicidad institucional, destinando 780.450 euros a la creatividad de anuncios que no abordan esta problemática.
La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar.
Los Colegios de Abogados de Barcelona, Madrid y Málaga han presentado una propuesta legislativa conjunta que busca agilizar los desalojos, permitiendo que se puedan ordenar en un plazo de hasta 48 horas después de interponer la denuncia.
Esta iniciativa refleja la urgencia de encontrar soluciones efectivas ante la inacción del Gobierno.
El panorama se complica aún más con la aparición de empresas de desokupación, algunas de las cuales operan en el límite de la legalidad.
El caso de Andrei S., dueño de Antiokupa Tarraco, quien se encuentra en prisión acusado de liderar una «organización criminal» dedicada a desalojos ilegales, pone de manifiesto la desesperación de los propietarios que recurren a estos servicios ante la falta de respuesta institucional.
En medio de este caos, surgen historias que rozan lo absurdo.
En Madrid, un edificio okupado en el barrio de San Blas se ha convertido en el escenario de una auténtica guerra civil entre diferentes grupos de okupas.
Los vecinos denuncian la presencia de armas de fuego, reyertas constantes e incluso la muerte de tres personas. «¿Qué más tiene que pasar para que nos hagan caso?», se pregunta Eugenia, una de las okupas «legales» del edificio.
La situación ha llegado a tal punto que incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alzado la voz contra la inacción del Gobierno central:
«Hay que regular para poder echarlos en 24 o 48 horas».
El fenómeno de la okupación en España ha evolucionado, dando lugar a nuevos perfiles de okupas que no siempre responden a situaciones de vulnerabilidad.
En Barcelona, por ejemplo, se han detectado casos de okupación en viviendas de lujo, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las políticas actuales.
A modo de curiosidad, cabe mencionar que algunas comunidades de vecinos han optado por contratar a sus propios «conserjes» para evitar nuevas okupaciones.
En un edificio de Carabanchel, los okupas llegaron a tener su propio portero que les abría la puerta desde dentro, en una especie de parodia macabra de la vida en comunidad.