El caso ha sacudido a la opinión pública en las últimas horas: la Policía Nacional ha detenido a cinco personas —incluida la madre biológica— por la compraventa de una recién nacida en Móstoles (Madrid) a cambio de 2.000 euros, una operación que implicó a una familia residente en Córdoba. El suceso salió a la luz tras una denuncia interpuesta por la propia madre, que relató a los agentes que su hija había sido secuestrada y que le exigían un rescate económico para recuperarla. Sin embargo, las pesquisas policiales desmontaron rápidamente esa versión y destaparon un pacto de compraventa que pone el foco sobre las situaciones de vulnerabilidad y los fallos del sistema de protección social.
La mujer, de 37 años, ya tenía antecedentes con los servicios sociales: le habían retirado previamente la custodia de seis hijos por situaciones de desamparo. Temiendo perder también a su séptima hija, decidió aceptar la oferta de una pareja de Córdoba —a quienes conoció durante una fiesta en Madrid meses antes— para trasladarse a su ciudad y dar allí a luz. La pareja cordobesa estaba en pleno tratamiento de fertilidad y anhelaba tener descendencia, lo que precipitó el acuerdo ilegal.
El desarrollo del caso: viaje, parto y entrega
Según el relato reconstruido por los investigadores, tras el parto en Córdoba, la madre recibió el alta médica y acudió al registro civil acompañada del varón de la pareja compradora. Allí inscribieron a la niña como hija biológica del hombre y de la madre natural. A continuación, fueron juntos a un cajero automático donde el varón extrajo los 2.000 euros acordados y se los entregó a la mujer.
Posteriormente, otro miembro de la familia cordobesa acompañó a la madre biológica hasta Móstoles. Poco después, atormentada por el arrepentimiento o por no haber recibido lo prometido según su versión posterior, esta acudió a comisaría para denunciar el supuesto secuestro y exigir la devolución de su hija. En su relato ante los agentes alegaba que los compradores le reclamaban 3.000 euros para devolverle a la pequeña.
La investigación desmontó rápidamente esta coartada: los agentes comprobaron que había existido un acuerdo económico explícito entre ambas partes para entregar al bebé recién nacido. Además, descubrieron que cuando la madre pidió recuperar a su hija, los compradores le exigieron no solo devolver los 2.000 euros sino abonar otros 1.000 euros adicionales en concepto de estancia durante el embarazo.
Los delitos imputados y situación actual
La operación policial culminó con la detención casi simultánea de todos los implicados: la madre biológica fue arrestada en Móstoles y cuatro miembros de la familia cordobesa quedaron detenidos mientras acudían con la menor a una cita médica en Córdoba. Se les imputan delitos graves como alteración de la paternidad, detención ilegal, falsificación documental, acusación y denuncia falsa.
Actualmente, la bebé se encuentra bajo custodia del sistema andaluz de protección de menores, en un centro especializado donde se garantiza su bienestar inmediato mientras se resuelve judicialmente su futuro.
Contexto social y perfiles implicados
Este caso evidencia carencias estructurales en materia social y judicial:
- La madre biológica tenía antecedentes con servicios sociales por incapacidad parental —se le habían retirado seis hijos anteriormente—.
- La pareja compradora atravesaba problemas graves para concebir hijos propios.
- Todas las personas implicadas son españolas.
- El intercambio económico (2.000 euros) se realizó inmediatamente después del parto.
Anécdotas y curiosidades sobre el caso:
- La denuncia inicial por secuestro presentada por la madre fue clave para destapar el acuerdo ilegal.
- El acuerdo incluyó trámites en el registro civil para intentar legalizar la filiación paterna.
- La cantidad pactada (2.000 euros) es sensiblemente inferior al promedio detectado en redes internacionales dedicadas al tráfico de menores.
- Los compradores pidieron posteriormente otros 1.000 euros alegando gastos derivados del alojamiento previo al parto.
Impacto social: vulnerabilidad y prevención
Este tipo de hechos vuelve a poner sobre el tapete las dificultades que enfrentan mujeres en situaciones extremas —miedo a perder custodia, falta de apoyo institucional— y cómo estas circunstancias pueden desembocar en acuerdos ilegales o redes informales que vulneran derechos fundamentales de menores.
- El caso ha activado protocolos extraordinarios para garantizar protección inmediata al bebé.
- Las autoridades recalcan la importancia de reforzar mecanismos preventivos e intervenciones sociales tempranas cuando hay riesgo para menores o mujeres embarazadas sin red familiar ni institucional.
- Se están revisando procedimientos administrativos para evitar inscripciones irregulares o fraudes documentales vinculados a filiaciones ficticias.
Perspectiva legal e investigativa
El caso será ahora analizado por instancias judiciales especializadas que determinarán responsabilidades penales individuales y si existen agravantes por tratarse de un menor recién nacido. Las penas asociadas pueden ser severas dada la concurrencia de varios delitos graves.
La investigación sigue abierta por si pudieran existir otros casos similares o ramificaciones dentro o fuera del entorno familiar inmediato.
Este episodio pone nuevamente bajo escrutinio público el equilibrio entre protección social efectiva y vigilancia policial ante situaciones límite donde los menores quedan expuestos a compraventa o abandono. También invita a reflexionar sobre cómo mejorar detección temprana e intervención eficaz para evitar desenlaces tan dramáticos como el ocurrido en Móstoles.
