Trump deporta a El Salvador a casi 300 criminales venezolanos, ignorando la orden del juez que le prohibía hacerlo

A Donald Trump no lo para nadie.

Un avión con más de 200 delincuentes venezolanos, deportados desde Estados Unidos aterrizó en El Salvador, tan solo unas horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno estadounidense suspender estas expulsiones.

El hecho ha desatado una polémica que cruza fronteras y pone en el foco la política migratoria y de seguridad.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no tardó en pronunciarse.

A través de sus redes sociales, confirmó que en la madrugada del domingo llegaron al país 238 miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, junto a 23 supuestos integrantes de la temida pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Un aterrizaje que desafía la decisión judicial en Estados Unidos y que ha generado titulares en todo el continente.

El desembarco de los deportados se produjo a pesar de que un juez federal estadounidense había bloqueado al presidente Trump el uso de una ley centenaria para justificar estas deportaciones.

Una medida que Bukele no dudó en ridiculizar con un mensaje mordaz en redes: «¡Uy!… demasiado tarde«, escribió, dejando clara su postura frente a la situación.

Los detenidos no tuvieron tiempo de pisar suelo salvadoreño libremente. Según informó Bukele, fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad donde permanecerán «por un año», un plazo que, según el mandatario, podría renovarse. «EE.UU. pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros», añadió, sugiriendo un acuerdo económico detrás de esta operación.

Fuentes oficiales apuntan a que El Salvador habría aceptado albergar a unos 300 migrantes en sus cárceles durante un año, a cambio de 6 millones de dólares provenientes de Estados Unidos.

Un pacto que refuerza la línea dura de Bukele contra el crimen y que, al mismo tiempo, pone sobre la mesa el debate sobre la gestión migratoria en la región.

LAS EXPULSIONES

No hay datos específicos que indiquen cuántos venezolanos han sido deportados por Donald Trump en los dos meses escasos transcurrido desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2025.

Sabemos, por nacionalidades, que el mayor número de ‘sin papeles’ expulsados son mexicanos.

Guatemala, Honduras y El Salvador han recibido nutridos contingentes de los aproximadamente 20.000 ilegales deportados ya.

Pero Venezuela empieza a ser un punto focal en las políticas migratorias de Trump, a quien parece obsesionar la amenaza que representan bandas mafiosas muy violentas como el tentacular ‘Tren de Aragua‘.

Este 15 de marzo de 2025, el presidente de Estados Unidos desató una tormenta política al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados.

Esta medida, anunciada el sábado 15 de marzo, ha generado una inmediata reacción de organizaciones de derechos civiles y ha sido parcialmente bloqueada por un juez federal.

Una ley del pasado para problemas actuales

La Ley de Enemigos Extranjeros, creada hace más de dos siglos, otorga al presidente amplios poderes para detener y deportar a inmigrantes de naciones consideradas «hostiles» en tiempos de guerra o invasión.

Trump justifica su aplicación argumentando que Estados Unidos enfrenta una «invasión» de inmigrantes ilegales, centrándose específicamente en la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

En su proclamación presidencial, la Casa Blanca señala que la ley tiene como objetivo principal a los migrantes que sean declarados simpatizantes del Tren de Aragua, recientemente designada como «grupo terrorista» por Estados Unidos.

Trump acusa a esta organización de «infiltrarse ilegalmente en Estados Unidos» y llevar a cabo una «guerra irregular» contra el país.

Reacciones y oposición legal

La invocación de esta ley arcaica ha provocado una rápida respuesta de organizaciones de derechos civiles.

Amy Fisher, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional EEUU, ha descrito la medida como «increíblemente cruel» y parte de una «agenda xenófoba».

Apenas horas después del anuncio, la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward presentaron una demanda para frenar la aplicación de la ley.

El juez federal James E. Boasberg respondió con una orden de restricción temporal que impide, durante al menos 14 días, la deportación de cinco venezolanos citados en la demanda.

Expertos jurídicos han puesto en duda la interpretación de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros.

Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason, argumenta que la inmigración ilegal y el contrabando de drogas no pueden considerarse una «invasión» en el sentido que la ley contempla.

La controversia se intensifica al recordar que esta ley fue utilizada en el pasado para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses durante las guerras mundiales, episodios que hoy son considerados manchas en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

Implicaciones políticas y sociales

La decisión de Trump cumple con una promesa de campaña de utilizar medidas drásticas contra la inmigración ilegal. Sin embargo, esta acción ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo y el trato a los inmigrantes en Estados Unidos.

La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros se produce en un contexto de creciente tensión en torno a la política migratoria.

Recientemente, el gobierno estadounidense ha estado considerando prohibir la entrada a ciudadanos de 43 países, incluyendo Cuba y Venezuela, como parte de sus esfuerzos para controlar la inmigración.

Mientras tanto, Venezuela ha iniciado vuelos de repatriación para sus ciudadanos en Estados Unidos, en un intento de abordar la crisis migratoria desde otro ángulo.

Estos vuelos, que comenzaron a principios de este año, forman parte de un acuerdo entre ambos países para gestionar el flujo migratorio.

La controversia generada por la decisión de Trump promete extenderse en los próximos días, con más acciones legales y debates políticos en el horizonte.

La aplicación de una ley del siglo XVIII a los complejos desafíos migratorios del siglo XXI seguramente continuará siendo objeto de intenso escrutinio y discusión en la sociedad estadounidense.