La declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por parte del gobierno peruano es un claro indicativo de la grave crisis de seguridad que enfrenta la capital del país. Esta medida, que se extiende por 30 días, surge como respuesta al trágico asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de la popular orquesta de cumbia Armonía 10, ocurrido el pasado fin de semana en San Juan de Lurigancho.
El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la creciente ola de criminalidad. Sin embargo, cabe preguntarse si esta medida, que se ha vuelto recurrente desde el fin de la pandemia, realmente aborda las causas fundamentales de la inseguridad o si simplemente es un parche temporal para apaciguar la indignación pública.
Implicaciones del estado de emergencia
La implementación del estado de emergencia conlleva restricciones significativas a ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Estas limitaciones, aunque diseñadas para facilitar las operaciones de seguridad, plantean preocupaciones sobre el equilibrio entre la seguridad pública y las libertades civiles.
Es importante destacar que esta medida otorga a las fuerzas de seguridad la facultad de intervenir en domicilios o establecimientos sin orden judicial, así como de suspender eventos públicos cuando se considere necesario.
Si bien estas acciones pueden ser efectivas a corto plazo para disuadir actividades delictivas, también pueden generar tensiones entre la ciudadanía y las autoridades si no se implementan con el debido cuidado y respeto a los derechos humanos.
Más allá de las medidas de emergencia
La declaración del estado de emergencia, aunque necesaria en el contexto actual, no debe ser vista como una solución definitiva a los problemas de seguridad de Lima y Callao. Es crucial que el gobierno peruano aborde las causas estructurales de la delincuencia, como la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales y la corrupción institucional.
Además, la posible moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, refleja la frustración del Parlamento y la ciudadanía ante la percepción de ineficacia en las políticas de seguridad5. Este descontento subraya la necesidad de una estrategia integral y a largo plazo que vaya más allá de medidas reactivas.
El estado de emergencia en Lima y Callao puede proporcionar un alivio temporal a la crisis de seguridad, pero no es una panacea. El gobierno peruano debe aprovechar este período para implementar reformas estructurales en el sistema de justicia penal, mejorar la inteligencia policial y fortalecer los programas de prevención del delito.
La tragedia de Paul Flores debe servir como un catalizador para un cambio profundo en las políticas de seguridad del Perú. Solo a través de un enfoque holístico que aborde las raíces de la delincuencia y fortalezca las instituciones del Estado, se podrá lograr una paz duradera y sostenible para los ciudadanos de Lima y Callao. El verdadero desafío para el gobierno de Dina Boluarte será transformar esta crisis en una oportunidad para el cambio real y duradero.
