El 15 de marzo de 2025, se realizaron tres vuelos muy especiales desde Estados Unidos hacia El Salvador.
En los aviones iban 238 venezolanos.
Todos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele.
Trump justificó las deportaciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, afirmando que los expulsados pasaron por un «proceso riguroso» para verificar su pertenencia al siniestro Tren de Araguas.
En Cecot, los deportados enfrentan un destino incierto: permanecerán encarcelados al menos un año, con posibilidad de renovación, bajo un acuerdo que incluye un pago de 6 millones de dólares de Estados Unidos a El Salvador por albergar hasta 300 personas.
Sale a 25.000 dólares por cabeza y año.
El dicvtador Nicolás Maduro ha rechazado enérgicamente estas deportaciones, calificándolas como un «secuestro» y una violación de los derechos humanos: «es uno de los episodios más oscuros de la historia«.
El gobierno chavista sostiene que muchos de los deportados no tienen vínculos con el Tren de Aragua y que se trata de una criminalización injusta de la migración venezolana.
Maduro ha expresado disposición a recibir a los migrantes deportados en Venezuela, pero ha condicionado esta acogida a negociaciones con Washington, incluyendo el levantamiento de sanciones.
La reciente visita al Cecot de la Secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, ha dejado un mensaje claro y contundente: «váyanse ahora».
Esta advertencia, respaldada por el presidente Donald Trump, ha generado una ola de preocupación entre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, estimada en cerca de medio millón de personas en situación irregular.
I could actually watch this on loop all day. CECOT prison in El Salvador. pic.twitter.com/KnH7gMkXOL
— Jaimee Michell (@thegaywhostrayd) March 30, 2025
El impacto de las deportaciones masivas
La amenaza de deportaciones masivas no solo afecta a los individuos directamente implicados, sino que también tiene repercusiones significativas en la economía salvadoreña. Según un estudio atribuido a Bancolombia, los inmigrantes indocumentados representan el 23% de las remesas que llegan a El Salvador desde Estados Unidos. Esta cifra subraya la importancia crítica de estos flujos financieros para la estabilidad económica del país centroamericano.
El presidente Nayib Bukele se enfrenta a un desafío sin precedentes. Por un lado, debe mantener las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de remesas. Por otro, debe prepararse para la posible llegada masiva de compatriotas deportados, muchos de los cuales podrían terminar en el sistema penitenciario salvadoreño bajo el controversial Régimen de Excepción.
El Régimen de Excepción: una medida controvertida
El Régimen de Excepción, implementado hace tres años para combatir a las pandillas, ha sido prorrogado en 36 ocasiones consecutivas, cada una con una vigencia de 30 días. Esta medida, que inicialmente se presentó como una solución temporal, se ha convertido en un estado casi permanente que ha transformado la realidad social y jurídica de El Salvador.
Bajo este régimen, las autoridades tienen amplios poderes para detener a sospechosos sin orden judicial y mantenerlos en prisión preventiva por períodos prolongados. Las cifras son alarmantes: más de 85,000 detenciones se han realizado desde su implementación. Organizaciones de derechos humanos han denunciado al menos 6,889 casos de violaciones a los derechos humanos durante este período.
El dilema de los deportados
La situación se complica aún más para los deportados que regresan a El Salvador.
Muchos de ellos, sin antecedentes criminales en Estados Unidos, podrían enfrentarse a un sistema judicial y penitenciario saturado y con garantías limitadas. La reforma al sistema penal establece que los procesos deben ocurrir en un plazo máximo de 24 meses, y los detenidos bajo el Régimen de Excepción son agrupados en juicios masivos.
Eugenio Chicas, dirigente histórico de izquierda y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, es un ejemplo reciente de cómo el régimen puede afectar incluso a figuras públicas.
Su detención ilegal ha generado preocupación sobre la amplitud y discrecionalidad con la que se aplican estas medidas.
El futuro de los deportados en El Salvador es incierto. El sistema penitenciario, ya sobrecargado, podría verse aún más presionado con la llegada de miles de nuevos reclusos. La capacidad del gobierno para procesar, evaluar y, en su caso, reintegrar a estos ciudadanos a la sociedad salvadoreña será puesta a prueba.
Además, el impacto económico de estas deportaciones podría ser severo. La disminución en el flujo de remesas afectaría no solo a las familias que dependen de estos ingresos, sino también a la economía nacional en su conjunto.
Un futuro incierto
Mientras el presidente Bukele se prepara para reunirse con su homólogo Donald Trump en abril, la comunidad internacional observa con atención.
La forma en que El Salvador maneje esta crisis migratoria y humanitaria definirá no solo su relación con Estados Unidos, sino también su posición en el escenario global.
El desafío para El Salvador es enorme: equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos, gestionar el impacto económico de las deportaciones y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad social en un país que ya enfrenta múltiples desafíos.
La situación actual plantea más preguntas que respuestas. ¿Podrá el sistema judicial y penitenciario salvadoreño manejar el flujo de deportados?
¿Cómo afectará esto a la ya tensa situación de los derechos humanos en el país? ¿Qué medidas tomará el gobierno para mitigar el impacto económico de la reducción de remesas?
