Este sábado la política migratoria en Estados Unidos enfrenta una nueva controversia tras la decisión del expresidente Donald Trump de cancelar los números de Seguro Social (SSN) a más de 6.300 migrantes, declarándolos administrativamente como fallecidos.
Esta medida forma parte de un esfuerzo por intensificar la presión sobre los migrantes para que abandonen el país.
La mayoría de los afectados son personas que ingresaron legalmente durante la administración Biden, y muchos pertenecen a comunidades latinoamericanas.
El impacto es devastador: al ser registrados como muertos en el sistema federal, los migrantes pierden acceso a empleo formal, servicios financieros, beneficios federales y atención médica. Además, revertir esta declaración requiere un proceso burocrático complejo que puede tardar meses.
Según la Casa Blanca, el objetivo es eliminar «incentivos económicos» para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, grupos defensores de derechos humanos califican esta acción como una «muerte civil», argumentando que es una violación directa a derechos fundamentales.
Contexto y objetivos políticos
La medida se produce en un momento en el que el gobierno estadounidense busca endurecer su postura contra la inmigración irregular. En febrero de este año, se firmaron acuerdos entre agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA), para compartir datos sobre migrantes con órdenes de deportación pendientes. Estas acciones se alinean con las promesas electorales de Trump de implementar la mayor iniciativa de deportaciones masivas en la historia del país.
Aunque inicialmente dirigida a migrantes con antecedentes penales o vinculados a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, se teme que esta táctica se extienda a otros grupos vulnerables. Expertos alertan que esta política podría sentar un precedente preocupante para el uso del control digital y administrativo como herramienta política.
Venezuela y la repatriación masiva
En paralelo, Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, ha intensificado las acciones para repatriar a ciudadanos deportados desde Estados Unidos. El jueves pasado aterrizaron en Caracas dos vuelos con 178 venezolanos, muchos de ellos acusados por Washington de pertenecer al Tren de Aragua. Este grupo criminal ha sido señalado por actividades ilícitas en América Latina y vinculado al gobierno chavista.
Maduro, sin embargo, rechaza estas acusaciones y denuncia una «narrativa falsa» diseñada para criminalizar a los migrantes venezolanos. En un comunicado reciente, su gobierno subrayó que todos los deportados serán investigados minuciosamente al llegar al país. El mandatario también ha utilizado este tema para reforzar su retórica antiestadounidense, acusando a Trump de violar los derechos humanos y tratar a los migrantes como «secuestrados».
Tensiones diplomáticas y repercusiones humanitarias
La relación entre Washington y Caracas sigue marcada por tensiones profundas. A pesar de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la falta de relaciones diplomáticas formales desde 2019, ambos gobiernos han acordado reanudar vuelos de repatriación como una medida pragmática ante la crisis migratoria.
Sin embargo, estas deportaciones han generado críticas tanto dentro como fuera de Venezuela. Organizaciones internacionales advierten sobre posibles violaciones al debido proceso en Estados Unidos y cuestionan si Venezuela tiene la capacidad para reintegrar adecuadamente a estos ciudadanos. Por otro lado, sectores opositores dentro del país denuncian que Maduro utiliza estos retornos como propaganda política para desviar la atención de la crisis económica interna.
¿Hacia dónde se dirige esta crisis?
La cancelación masiva de SSN en Estados Unidos y las deportaciones hacia Venezuela son ejemplos claros del endurecimiento global contra las migraciones irregulares. Para los afectados, estas políticas representan una lucha doble: sobrevivir en un sistema que los excluye mientras enfrentan estigmas sociales y legales.
En Estados Unidos, abogados y organizaciones proinmigrantes ya están preparando demandas contra estas acciones administrativas. Afirman que declarar muertos a individuos vivos no solo es cruel sino ilegal según las leyes estadounidenses e internacionales. Por su parte, en Venezuela persisten dudas sobre si el gobierno chavista cumplirá su promesa de proteger a los repatriados o si estos quedarán atrapados en un sistema judicial politizado.
Lo cierto es que tanto las decisiones del gobierno estadounidense como las respuestas del régimen venezolano tienen consecuencias reales y devastadoras para miles de personas atrapadas en una crisis humanitaria sin solución inmediata.
