Este miércoles, 16 de abril de 2025, el escenario político ecuatoriano se ha visto sacudido por un nuevo capítulo de tensión: Diego Borja, excandidato a vicepresidente por la Revolución Ciudadana, huyó a Colombia tras denunciar un intento de detención arbitraria en el paso fronterizo del Puente Internacional de Rumichaca. El episodio, cargado de confusión y versiones enfrentadas, añade presión al ya polarizado ambiente postelectoral en el país andino.
Un incidente que reaviva la crispación política
El contexto no podía ser más delicado. Apenas han pasado tres días desde la segunda vuelta electoral que confirmó la reelección de Daniel Noboa con el 55,6% de los votos frente al 44,4% cosechado por Luisa González, candidata del correísmo. La brecha de más de un millón de votos evidencia una sociedad dividida y una oposición activa encabezada por la Revolución Ciudadana, movimiento fundado por Rafael Correa. En este clima, cualquier movimiento de sus líderes genera un eco mediático y político inmediato.
Diego Borja intentaba cruzar la frontera rumbo a Colombia con su esposa para pasar el feriado de Semana Santa cuando, según su testimonio difundido en redes sociales y medios afines, fue abordado por funcionarios migratorios ecuatorianos. “Me retiraron la cédula de identidad y buscaron detenerme sin orden judicial. Mi ‘falta’ ha sido ser binomio vicepresidencial del correísmo”, declaró Borja, quien aseguró que logró escapar al país vecino para resguardar su integridad ante lo que considera una persecución política.
Por su parte, el Ministerio del Interior ecuatoriano desmintió cualquier motivación política o ilegalidad en el procedimiento. Según la versión oficial, Borja vestía gorra y mascarilla, lo que activó protocolos habituales de verificación de identidad en un punto tan sensible como Rumichaca. El comunicado oficial recalca que el político abandonó voluntariamente el lugar, dejando sus documentos atrás y sin completar el control migratorio exigido para salir del país. “Se aplicaron protocolos migratorios habituales”, señala el Ministerio, negando cualquier intento de detención irregular.
Un puente fronterizo como epicentro del conflicto
El Puente Internacional de Rumichaca es mucho más que una infraestructura fronteriza: es un termómetro del clima político y social entre Ecuador y Colombia. En los últimos años ha sido testigo tanto de flujos migratorios masivos como de episodios de seguridad reforzada por parte de ambos países. El paso obligado para quienes buscan salir legalmente del país se convierte también en escenario donde se cruzan intereses políticos, acusaciones y protocolos burocráticos.
Borja sostiene que las acciones contra él forman parte de una estrategia sistemática contra figuras del correísmo: “Hoy he sentido en carne propia el peso de un Estado que persigue en lugar de proteger”, expresó en su comunicado. El economista no es ajeno a la confrontación con el actual gobierno; como exministro y portavoz opositor ha criticado abiertamente las políticas y alianzas del Ejecutivo. Este nuevo episodio sirve para alimentar la narrativa de persecución denunciada repetidamente por la oposición.
Claves del incidente: versiones encontradas
La confusión sobre lo ocurrido está alimentada por varios factores:
- Falta de orden judicial: Borja insiste en que no existía mandato legal para retenerlo ni justificación para incautar su documentación personal.
- Protocolos migratorios: Las autoridades aseguran que solo se buscaba comprobar su identidad ante la sospecha generada por su atuendo.
- Salida abrupta: El político dejó sus documentos atrás y cruzó la frontera sin finalizar el proceso formal requerido.
- Contexto electoral: Ocurre pocos días después del revés electoral del correísmo y refuerza la tensión entre gobierno y oposición.
Esta disparidad alimenta teorías sobre motivaciones políticas detrás del control migratorio. La oposición acusa al oficialismo de intentar intimidar o neutralizar a sus principales referentes justo cuando se reconfigura el tablero político nacional tras las urnas.
Reacciones y posibles escenarios
En redes sociales y medios afines al correísmo, la denuncia ha encontrado eco inmediato. Se multiplican las voces críticas contra Daniel Noboa, acusado desde sectores opositores de usar las instituciones para hostigar adversarios políticos. Desde el oficialismo, sin embargo, se apela a la normalidad del procedimiento e incluso se cuestiona si Borja intentaba evadir controles rutinarios o buscar protagonismo mediático.
Hasta ahora, Borja no ha anunciado acciones legales desde Colombia, pero sí ha reiterado su compromiso con la Revolución Ciudadana y su intención de seguir denunciando lo que considera arbitrariedades estatales. El Ministerio del Interior no prevé medidas adicionales por el momento, aunque el caso podría escalar si Borja busca refugio formal o si organismos internacionales recogen la denuncia.
Una fractura política que no cicatriza
Este nuevo incidente pone sobre la mesa varias cuestiones clave para Ecuador:
- ¿Se está utilizando el aparato estatal para limitar los movimientos o derechos políticos?
- ¿Hasta qué punto los protocolos fronterizos pueden interpretarse como herramientas políticas?
- ¿Qué impacto tendrá este episodio en la ya deteriorada relación entre gobierno y oposición?
La salida abrupta de Diego Borja marca otro hito en una secuencia ininterrumpida de desencuentros entre oficialismo y correísmo desde hace años. La sombra de persecución política recorre toda la región andina desde hace tiempo, especialmente tras los juicios y exilios protagonizados por figuras cercanas a Rafael Correa.
Mientras tanto, Ecuador enfrenta desafíos mucho más urgentes: violencia criminal creciente, crisis económica persistente y una ciudadanía cada vez más escéptica ante sus élites políticas. La gestión del caso Borja será observada tanto dentro como fuera del país como un test sobre los límites democráticos y las garantías institucionales tras unas elecciones particularmente polarizadas.
En definitiva, lo ocurrido este miércoles revela cómo cada incidente suma tensión a un tablero frágil donde toda acción –desde una simple verificación migratoria hasta una denuncia pública– tiene consecuencias inmediatas para la estabilidad política ecuatoriana.
