Hoy, 18 de abril de 2025, la política migratoria estadounidense atraviesa una etapa de máxima polarización y controversia. Mientras Donald Trump relanza su agenda nacionalista desde la Casa Blanca, el país presencia cómo coexisten dos enfoques opuestos: por un lado, la creación de una visa dorada reservada a millonarios que puedan pagar cinco millones de dólares; por otro, una campaña de deportaciones masivas que amenaza a millones de migrantes en situación irregular. El contraste entre ambas medidas no solo alimenta el debate político, sino que expone las prioridades económicas y sociales del actual gobierno.
Dos velocidades: residencia para ricos, expulsión para vulnerables
El anuncio de la nueva visa dorada sitúa a Estados Unidos en la senda de otros países que han abierto sus fronteras selectivamente al capital extranjero. Esta iniciativa ofrece residencia permanente y un camino acelerado a la ciudadanía a quienes puedan invertir al menos 5 millones de dólares en el país. Según Trump, el objetivo es atraer a personas “ricas y exitosas” que “gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente”. El programa está gestionado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, que ha prometido agilizar los trámites para este perfil de solicitantes, incluso aprobando residencias en apenas dos semanas.
Sin embargo, la propuesta está lejos de ser unánimemente bien recibida entre los propios potenciales beneficiarios. Un sondeo entre multimillonarios revela escepticismo generalizado: muchos ya invierten en Estados Unidos sin necesidad de residencia, y el atractivo de la ciudadanía estadounidense se ve limitado por cuestiones fiscales y la globalización de los negocios. Solo una minoría valora positivamente la medida por el marco legal favorable o las oportunidades en sectores concretos.
Al mismo tiempo que se facilita el acceso a los más acaudalados, se intensifican las barreras para quienes buscan refugio o una vida mejor en suelo estadounidense. El nuevo enfoque migratorio incluye deportaciones masivas, detenciones arbitrarias y restricciones severas al asilo. Desde enero, las redadas se han extendido incluso a lugares tradicionalmente protegidos como escuelas e iglesias. Se ha restablecido la política de “Permanecer en México”, se han eliminado programas humanitarios como el TPS para venezolanos y se ha endurecido el control sobre estudiantes internacionales y trabajadores temporales.
El trasfondo: antecedentes y cifras
La idea de vincular residencia e inversión no es nueva en EE.UU.; desde 1990 existe la visa EB-5, pero con requisitos más bajos (un millón de dólares y creación mínima de diez empleos). La gold card trumpista multiplica ese umbral cinco veces y elimina varios requisitos laborales. El propio presidente sugirió que podrían venderse hasta diez millones de estas tarjetas para reducir el déficit nacional—aunque expertos cuestionan tanto la viabilidad como la demanda real del programa.
En contraste, la otra cara del enfoque migratorio se materializa en una operación destinada a deportar hasta 25 millones de personas según estimaciones internas del gobierno y documentos filtrados. La prioridad inmediata son más de 1,3 millones con órdenes finales de expulsión—muchos llevan años integrados en la sociedad estadounidense. Entre los más vulnerables están beneficiarios del DACA (los llamados “dreamers”) y del TPS, programas ya desmantelados parcialmente en el primer mandato trumpista.
La magnitud del cambio se refleja también en los números:
- Las detenciones en frontera sur han caído un 25% respecto al año anterior, pero siguen siendo decenas de miles mensuales.
- El programa EB-5 tradicional apenas otorgó unas 8.000 visas en un año completo; ahora se plantea multiplicar esa cifra con un precio mucho mayor.
- El sistema para rastrear estudiantes internacionales está bajo control reforzado del ICE; muchos viven con miedo a una expulsión repentina sin aviso previo.
Claves políticas y jurídicas
La administración Trump defiende su política migratoria como una modernización acorde con intereses económicos nacionales: priorizar trabajadores cualificados e inversión extranjera directa, mientras reduce “el peso” migratorio sobre servicios públicos y seguridad. Sin embargo, organizaciones internacionales denuncian violaciones sistemáticas a derechos humanos básicos: separación familiar, detención arbitraria, falta de acceso al asilo y discriminación por perfil racial o nacionalidad.
El propio marco legal estadounidense está siendo tensionado al máximo. Muchas medidas se adoptan vía órdenes ejecutivas o reinterpretaciones normativas que buscan evitar el paso por el Congreso. La “gold card” podría enfrentarse a litigios si exime a sus titulares del pago global de impuestos o si implica un cambio sustancial en las vías legales hacia la ciudadanía sin respaldo legislativo directo.
¿Hacia dónde evoluciona la política migratoria?
El doble rasero actual—facilidades extremas para los ricos e inflexibilidad máxima para los más vulnerables—parece marcar el rumbo inmediato. La administración apuesta por captar grandes fortunas globales con incentivos fiscales inéditos mientras despliega todo el aparato estatal para expulsar a quienes carecen del respaldo económico suficiente.
No obstante, hay resistencias internas y externas. Sectores empresariales ven riesgos reputacionales; universidades alertan sobre el impacto negativo en atracción de talento internacional; gobiernos extranjeros protestan por la presión sobre países receptores o “terceros seguros”. Además, varias órdenes ejecutivas ya han sido bloqueadas parcialmente por jueces federales.
En este contexto incierto—y con elecciones legislativas a medio plazo—Estados Unidos encara meses decisivos donde su modelo migratorio será observado con lupa internacionalmente. De momento, la paradoja persiste: mientras unos pueden comprar un futuro seguro con millones, otros enfrentan cada día el temor a ser separados definitivamente de sus familias y comunidades.
