Hoy, 20 de abril de 2025, las relaciones entre Colombia y El Salvador atraviesan un momento de máxima tensión.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha solicitado públicamente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, la entrega de los ciudadanos colombianos que permanecen presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que se ha convertido en símbolo del polémico modelo penitenciario salvadoreño.
La petición se produjo a través de un mensaje en la red social X, donde Petro afirmó:
“Los migrantes no son criminales. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles” y añadió que “esta es una razón de humanidad”, reclamando también libertad para los venezolanos detenidos en procesos migratorios.
Esta solicitud llega tras un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permite continuar con las expulsiones de migrantes hacia El Salvador, siempre que se notifique previamente y se otorgue “tiempo razonable” para apelar.
En este contexto, el acuerdo entre la administración estadounidense y el gobierno de Bukele para enviar migrantes detenidos al CECOT ha sido duramente criticado por organizaciones humanitarias debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las cárceles del modelo Bukele y el caso de los colombianos
El CECOT se ha convertido en uno de los focos más controvertidos del mandato de Bukele. Esta cárcel, inaugurada en 2023, alberga a miles de reclusos acusados principalmente de pertenecer a pandillas, pero también incluye extranjeros implicados en delitos relacionados con el crimen organizado. Entre ellos figuran decenas de colombianos cuya situación jurídica es incierta y cuyas familias han denunciado tratos degradantes y falta de acceso a asistencia consular.
Las autoridades salvadoreñas defienden el sistema como un ejemplo global en la lucha contra la violencia criminal, mientras que organismos internacionales han expresado preocupación por la ausencia de garantías procesales y el hacinamiento extremo. La posición oficial colombiana sostiene que muchos compatriotas han sido detenidos sin pruebas concluyentes o bajo cargos desproporcionados, lo que justifica la petición directa al gobierno salvadoreño para su repatriación.
Una disputa con eco regional
La exigencia de Petro no es un hecho aislado. Se inserta en una dinámica más amplia sobre el trato a los migrantes latinoamericanos y las tensiones políticas entre gobiernos con modelos opuestos. Mientras Bukele presume sus éxitos contra el crimen –con cifras récord en reducción de homicidios–, Petro insiste en priorizar los derechos humanos y denuncia la criminalización sistemática de migrantes por parte del Ejecutivo salvadoreño.
En su mensaje, Petro fue más allá al criticar abiertamente las políticas migratorias estadounidenses y defender la dignidad tanto de colombianos como venezolanos afectados por las deportaciones forzadas. Estas declaraciones han sido recibidas con frialdad desde San Salvador, donde el discurso oficial es evitar cualquier injerencia extranjera sobre asuntos internos.
La sombra del pasado guerrillero y narcoterrorista
El actual presidente colombiano no escapa a su propio pasado. Antes de convertirse en figura política nacional e internacional, Gustavo Petro militó durante su juventud en el movimiento guerrillero M-19, organización vinculada tanto con actividades armadas como con episodios considerados terroristas por varios gobiernos. Aunque Petro ha reconocido públicamente esa etapa como parte superada y aboga ahora por soluciones pacíficas e inclusivas, sus detractores –dentro y fuera del país– siguen usando ese pasado para poner en duda su autoridad moral al exigir respeto por los derechos humanos.
La controversia resurge cada vez que Petro adopta posiciones críticas ante gobiernos considerados “duros” o autoritarios. Sectores conservadores tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos recuerdan su historial insurgente para cuestionar sus reclamos actuales, especialmente cuando denuncia excesos policiales o abusos penitenciarios cometidos fuera del territorio colombiano.
¿Cómo puede evolucionar esta crisis?
El pulso diplomático entre Petro y Bukele puede tener varias derivadas:
- El gobierno salvadoreño podría rechazar frontalmente la petición colombiana bajo argumentos legales internos.
- Bogotá podría elevar la presión a través de canales multilaterales o recurrir a organismos internacionales.
- Si el caso gana relevancia mediática internacional, aumentará el escrutinio sobre las condiciones carcelarias en El Salvador.
- No se descarta una escalada verbal entre ambos mandatarios, dadas sus trayectorias políticas confrontativas.
Por ahora, lo único seguro es que este episodio refuerza la polarización regional sobre cómo abordar los desafíos migratorios y penales. Mientras tanto, los familiares de los presos colombianos aguardan respuestas concretas sobre su futuro inmediato.
Claves para entender el contexto
- El CECOT simboliza tanto la eficacia represiva como las denuncias sobre derechos humanos.
- La petición pública refleja una estrategia comunicativa para presionar diplomáticamente.
- La historia personal del presidente colombiano alimenta interpretaciones opuestas según el prisma ideológico.
A corto plazo, ningún desenlace parece inminente. Pero este cruce verbal amplifica un debate central: ¿pueden coexistir seguridad pública estricta y respeto pleno a los derechos humanos? Hoy, tanto Colombia como El Salvador ofrecen respuestas contrapuestas ante los ojos del continente.
