Este lunes 28 de abril de 2025, mientras la administración Trump avanza con su política de deportaciones masivas, un lucrativo negocio se desarrolla en las sombras: las empresas privadas de aviación que se están beneficiando enormemente de los contratos gubernamentales para transportar a migrantes indocumentados fuera del país.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha visto un aumento presupuestario de 485 millones de dólares según el reciente proyecto de ley de gastos del Partido Republicano, fondos que en gran parte están siendo canalizados hacia contratistas privados de aviación que realizan los vuelos de deportación a un costo extremadamente elevado para los contribuyentes estadounidenses.
El imperio de los vuelos de deportación
En el centro de este negocio millonario se encuentra CSI Aviation, una empresa de Nuevo México que ha donado cientos de miles de dólares al presidente Trump y a los super PAC republicanos. Esta compañía logró asegurar un contrato de 3.600 millones de dólares para realizar vuelos de deportación, superando a su principal competidor, Classic Air Charter, una empresa vinculada a la CIA que ahora impugna la decisión ante los tribunales alegando irregularidades en el proceso.
Cada vuelo de deportación tiene un costo aproximado de 8.000 dólares por hora y por avión, una cifra que multiplica varias veces el costo de vuelos comerciales regulares. Este elevado precio se justifica por la «especialización» del servicio, aunque en realidad muchas de estas aerolíneas son las mismas que transportan equipos deportivos profesionales por todo el país.
Entre los otros beneficiarios destacados de este sistema se encuentra GEO Transit, una filial de GEO Group, la mayor empresa privada de prisiones del mundo y otro importante donante de la campaña de Trump. También figura GlobalX, una aerolínea recientemente envuelta en denuncias de maltrato a migrantes durante los vuelos, cuyos ejecutivos han declarado que esperan obtener ingresos anuales de 65 millones de dólares gracias a su contrato con ICE.
El impacto económico de las deportaciones masivas
Mientras estas empresas celebran sus ganancias, economistas y líderes empresariales advierten sobre las graves consecuencias económicas que tendría la implementación completa del plan de deportaciones masivas de Trump. Los estudios indican que la deportación de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos podría provocar una caída del PIB de entre un 2,6% y un 6%, lo que representaría pérdidas de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares anuales.
«Los estudios económicos han documentado que la deportación masiva de inmigrantes no autorizados provocaría una contracción de la economía. Los trabajadores estadounidenses perderían sus empleos y sus salarios bajarían», afirma Robert Lynch, profesor de Economía en la Universidad de Washington.
El costo operativo de las deportaciones también es astronómico. Las estimaciones apuntan a que cada deportación cuesta entre 13.000 y 18.000 dólares por persona, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad financiera del plan. Algunos analistas, como William Galston del Programa de Estudios de Gobierno de Brookings, sugieren que Trump podría invocar la Ley de Insurrección para utilizar parte del presupuesto del Departamento de Defensa y financiar estas operaciones.
Sectores económicos en riesgo
La industria de la restauración sería una de las más afectadas por las deportaciones masivas. Sam Sánchez, empresario mexicanoamericano y miembro del consejo de la Asociación Nacional de Restaurantes, advierte: «Los datos muestran que más del 54% de nuestros empleados son indocumentados. Si van a deportar a todos, estos restaurantes tendrán una pérdida masiva de ingresos y caerán. Es insostenible».
Otros sectores gravemente afectados serían la agricultura, la construcción y los servicios de cuidados. Adam Lampert, director ejecutivo de la empresa texana Cambridge Caregivers, señala que el 80% de sus más de 300 empleados nacieron en el extranjero, y advierte que sin cambios en la legislación migratoria, «los estadounidenses corren el riesgo de perder el acceso a la atención que necesitan a medida que envejecen, porque el costo de la atención sigue aumentando».
La batalla legal comienza
Este lunes, varias organizaciones de libertades civiles presentaron una demanda contra la Oficina de Inmigración y Aduanas para obtener detalles sobre cómo se llevaría a cabo el programa de deportaciones masivas que Trump ha prometido activar desde el primer día de su administración.
La falta de transparencia en torno a estos vuelos de deportación ha sido una constante preocupación. A pesar de su costo exorbitante y su historial de abusos, gran parte de estas operaciones se han mantenido en secreto. Anteriores informes del Congreso exigieron que ICE revelara detalles sobre sus contratos de detención privada y el uso de empresas privadas para realizar vuelos de deportación, pero la información sigue siendo limitada.
El dilema empresarial
Lo paradójico de esta situación es que muchos empresarios que apoyaron a Trump en las elecciones ahora temen las consecuencias de sus políticas migratorias. Líderes empresariales, tanto republicanos como demócratas, se han unido para pedir que Trump no lleve a cabo sus promesas de deportación masiva, argumentando que causarían una profunda crisis económica.
El propio Sam Sánchez, quien después de 40 años como demócrata registrado votó por Trump en las últimas elecciones, ahora expresa su preocupación: «Creo que el presidente Trump, como empresario, entiende» el impacto negativo que tendría la deportación masiva en la economía.
Mientras tanto, las empresas de vuelos chárter continúan preparándose para lo que podría ser uno de los periodos más lucrativos de su historia, a costa del sufrimiento humano y del erario público. La pregunta que queda en el aire es si el costo económico, social y moral de estas deportaciones masivas será demasiado alto incluso para un presidente que ha hecho de la línea dura contra la inmigración su bandera política.
