Hoy, 30 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión con repercusiones directas para la vida de más de medio millón de inmigrantes. Los magistrados han autorizado al presidente Donald Trump a cancelar el estatus legal temporal —conocido como “parole humanitario”— que protegía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela frente a la deportación inmediata. La medida, que afecta a quienes entraron legalmente bajo un programa especial impulsado durante la administración Biden, deja en situación precaria a familias enteras y reaviva el debate sobre la política migratoria estadounidense.
El fallo del Supremo se produce en un contexto político marcado por la presión para endurecer las fronteras y una creciente polarización sobre la inmigración. El programa ahora revocado permitía entrar y trabajar legalmente en EE. UU. a migrantes que cumplían requisitos estrictos: contar con un patrocinador financiero y superar controles de seguridad. El gobierno justificaba este sistema como una vía segura y controlada para gestionar los flujos migratorios, reducir las entradas irregulares y atender situaciones humanitarias graves.
Un fallo con efectos inmediatos
La decisión del Supremo, adoptada por mayoría pero con dos votos discrepantes —los de las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor— levanta el bloqueo impuesto por un tribunal inferior, que había paralizado la cancelación masiva del programa al considerar que la ley exigía un análisis caso por caso. Ahora, el Ejecutivo tiene vía libre para proceder con la retirada colectiva del permiso de residencia temporal.
- Más de 530.000 personas se benefician actualmente del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela).
- Todos ellos perderán en breve sus permisos de trabajo y quedarán expuestos a una posible deportación.
- Se estima que miles intentarán solicitar asilo o acogerse a otras formas de protección legal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había anunciado en marzo que los beneficiarios tendrían 30 días para abandonar el país tras la finalización del programa. El fallo judicial reactiva este calendario y deja apenas unas semanas para que los afectados busquen alternativas legales o enfrenten la expulsión.
Contexto político: endurecimiento migratorio
La sentencia llega en pleno año electoral y refuerza el mensaje de mano dura promovido por Trump desde su regreso al poder. La administración defiende que la autoridad para conceder o retirar permisos temporales es discrecional y exclusiva del Ejecutivo. En palabras del equipo legal del gobierno, “la ley prohíbe expresamente que los jueces revisen estas decisiones”.
El precedente es especialmente relevante porque abre la puerta a futuras cancelaciones “en masa” de otros programas humanitarios similares:
- Existen iniciativas paralelas para ciudadanos de Ucrania, Afganistán y otros países afectados por conflictos recientes.
- La cifra total de inmigrantes potencialmente afectados podría superar el millón si se extienden las revocaciones.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que este giro tendrá “consecuencias devastadoras” para quienes huyeron de crisis políticas o económicas extremas. En su voto particular, la jueza Jackson denuncia que la decisión “facilitará sufrimiento innecesario” y “devastará” comunidades enteras.
Nueva estrategia: incentivos económicos para la “autodeportación”
En paralelo al endurecimiento judicial, Trump ha anunciado un controvertido plan dirigido a los inmigrantes indocumentados: ofrecerá 1.000 dólares a quienes acepten abandonar voluntariamente el país. La medida pretende incentivar lo que él denomina “autodeportación” frente a los costosos y lentos procesos habituales.
Puntos clave sobre esta propuesta:
- El pago se destinaría exclusivamente a quienes no tengan antecedentes penales graves.
- El objetivo declarado es reducir costes administrativos y saturación en los tribunales migratorios.
- Los críticos sostienen que es una estrategia ineficaz y deshumanizadora, pues presiona económicamente a personas vulnerables sin abordar las causas profundas del éxodo.
Esta doble ofensiva —judicial y administrativa— refleja el cambio radical respecto al enfoque más aperturista adoptado por Joe Biden, quien intentó articular vías seguras para determinados colectivos migrantes.
Reacciones sociales e incertidumbre
Miles de familias se encuentran ahora ante un escenario incierto:
- Muchos niños ya escolarizados podrían ver truncada su integración.
- Empleadores temen perder mano de obra en sectores como agricultura, hostelería o cuidados.
- Los consulados latinoamericanos han alertado sobre la dificultad logística para gestionar retornos masivos en tan poco tiempo.
Organizaciones civiles preparan recursos legales e iniciativas solidarias para asistir a quienes pierdan su estatus legal casi de un día para otro.
Perspectivas: ¿hacia dónde va la política migratoria estadounidense?
El fallo del Supremo marca un antes y un después en la gestión migratoria reciente:
- Refuerza el margen presidencial para dictar políticas restrictivas sin control judicial efectivo.
- Sienta precedente sobre cómo pueden ser eliminados otros programas humanitarios “en bloque”.
- Anticipa nuevas oleadas legales mientras los afectados buscan amparo ante tribunales o refugio en estados considerados “santuarios”.
La situación seguirá siendo tensa durante las próximas semanas. Los observadores internacionales destacan el impacto regional del endurecimiento estadounidense: países emisores temen una llegada masiva de retornados sin recursos ni perspectivas claras.
Este viernes, 30 de mayo, queda claro que el debate migratorio seguirá marcando tanto la agenda interna estadounidense como sus relaciones hemisféricas. Las vidas de cientos de miles dependen ahora no solo del calendario judicial sino también del pulso político entre Casa Blanca, Congreso y tribunales federales.
