Los ciudadanos españoles desconfían de sus periodistas casi tanto como de sus políticos.
“El gran problema de la prensa española es la verdad”.
La frase, lapidaria y demoledora, no refleja en su totalidad el drama que aflige a los medios de comunicación españoles, porque habría que añadir otros elementos como la precariedad, la falta de formación o el clientelismo, pero es real como la vida misma.
Nunca en la Historia de España hemos tenido un presidente de Gobierno que se quiera tanto así mismo, quiera tan poco a España y al que tanto detestemos los ciudadanos que creemos en la libertad, la sensatez, la familia, la Patria y el futuro.
Y nunca hemos tenido unos medios de comunicación tan entregados al poder y tan dependientes de la subvención y la publicidad institucional.
En los casi 50 años días transcurridos desde que se murió en la cama el general Franco, ningún Gobierno español ha acumulado tanto respaldo empresarial, bancario y mediático como el engendro ‘Frankenstein‘ ensamblado por Pedro Sánchez, con apoyo de los zarrapastrosos de Podemosahora reconvertido en Sumar, los proetarras de Bildu, los peseteros del PNV, los golpistas de ERC, los delincuentes de Junts y algún otro.
Y el marido de Begoña no se conforma.
Quiere más.
El amo del PSOE parece estar sentando las bases para asegurarse un panorama mediático favorable, incluso ante la posibilidad de pasar a la oposición.
Una serie de iniciativas legislativas y regulatorias impulsadas por el Ejecutivo socialcomunista para crear un ecosistema de medios de comunicación totalmente adicto.
Y la pregunta es obligada: ¿Asalta Sánchez el Grupo PRISA y censura periodistas no adictos para ganar las elecciones o preparando su paso a la oposición?
Arsenal legislativo para el control mediático
El Plan Normativo de Moncloa para 2025 incluye hasta cinco leyes que podrían facilitar un mayor control gubernamental sobre los medios. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Endurecimiento del derecho de rectificación
- Nueva ley de protección del derecho al honor
- Establecimiento de un régimen sancionador para medios de comunicación
- Regulación de la publicidad institucional
- Creación de una ley exclusiva para el derecho de rectificación
Estas propuestas han generado preocupación entre asociaciones de periodistas y medios de comunicación, que advierten sobre posibles amenazas a la libertad de prensa.
Cambios en el reparto de la publicidad institucional
Una de las piezas clave de esta estrategia es la futura Ley de publicidad y comunicación institucional. Este texto permitiría al Gobierno establecer criterios «objetivos» para distribuir la financiación pública entre los medios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encabezada por Cani Fernández, ex colaboradora de Sánchez, sería la encargada de supervisar su aplicación.
Regulación de la actividad periodística en el Congreso
El PSOE y sus socios parlamentarios han presentado una propuesta para modificar el Reglamento del Congreso, estableciendo normas de conducta para los periodistas acreditados. La iniciativa incluye un régimen sancionador que podría llevar a la suspensión o revocación de credenciales por infracciones como «faltas de respeto» o «comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara».
Reacciones y críticas
La oposición, encabezada por el Partido Popular, ha denunciado estas medidas como un intento de «asalto» a los medios de comunicación. Acusan al Gobierno de querer crear una red de medios afines para mantener su influencia incluso desde la oposición.
Por su parte, el Ejecutivo defiende estas iniciativas como necesarias para actualizar la normativa y garantizar el derecho a la información veraz. Sin embargo, la ambigüedad de algunos términos y el alcance de las sanciones propuestas han levantado suspicacias sobre sus verdaderas intenciones.
Un panorama mediático en transformación
Estas medidas, de aprobarse, podrían tener un impacto significativo en el panorama mediático español. La posibilidad de sancionar a medios críticos, junto con un reparto más controlado de la publicidad institucional, podría favorecer a aquellos medios más afines al Gobierno actual.
El debate sobre estas propuestas promete ser intenso en los próximos meses. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de adaptar la legislación a los nuevos tiempos, sus críticos ven en estas medidas un intento de controlar la narrativa mediática, incluso ante la perspectiva de un eventual paso a la oposición.
En este contexto, la libertad de prensa y el pluralismo informativo se perfilan como temas centrales en la agenda política española para el 2025. El desenlace de esta pugna por el control de los medios podría tener consecuencias duraderas en la calidad democrática del país.
