Parece un episodio de Black Mirror, pero sucede en España en pleno 2025.
Una tela de araña legislativa para amordazar a los medios díscolos y someter a los periodistas que no comulgan con el evangelio oficial.
El socialista Sánchez lo tiene claro: presiones económicas, leyes ad hoc y algún que otro café con editores para «charlar».
Y en los medios de la ‘Brunete Pedrete’, que son mayoría y donde reina la posverdad, lo que se difunde es que todo es por el bien de la democracia.
El tinglado incluye el lanzamiento de un nuevo canal de televisión, conocido como ‘TelePedro’, y la implementación de varias leyes para limitar la libertad de expresión en España.
‘TelePedro’ y PSOEPlay
El proyecto de ‘TelePedro’ ha sido descrito como un intento por crear un canal que actúe como un «escudero» del gobierno, similar a cómo RTVE ha sido criticado por su supuesta parcialidad hacia el PSOE. Sin embargo, el rechazo del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha frenado temporalmente este plan.
Además, el PSOE ha lanzado PSOEPlay, una plataforma audiovisual que incluye un programa semanal llamado ‘Zona Roja’, protagonizado por ministros del gobierno. Este programa busca aumentar la visibilidad y el control del PSOE sobre el discurso mediático.
Las Cinco Leyes para Controlar a los Medios
- Ley de Protección del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen
- Reforma de la Ley Orgánica 1/1982 para actualizarla a la era digital.
- Incluye protección contra deepfakes y obliga a redes sociales a moderar contenidos que afecten derechos fundamentales.
- Ley del Derecho de Rectificación
- Nueva ley orgánica para reforzar su aplicación, especialmente en entornos digitales, ligada al derecho al olvido.
- Exige a medios designar un responsable independiente y agiliza procesos judiciales con indemnizaciones más duras.
- Ley de Publicidad y Comunicación Institucional
- Limita la financiación pública a medios, fijando un máximo para evitar que “pseudomedios” vivan de fondos públicos.
- Justificada por Sánchez como medida contra la desinformación y alineada con normas europeas.
- Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios
- Crea un registro estatal y establece multas millonarias: hasta 750.000 € por no inscribirse, 1,5 millones por afectar el pluralismo y 150.000 € por no garantizar independencia editorial.
- Ley de Información Clasificada
- Sustituye la Ley de Secretos Oficiales de 1968, prometida al PNV.
- Restringe aún más el acceso a información, usando la “intimidad” como excusa, más allá de la seguridad, beneficiando al Gobierno en casos sensibles.
