El artículo de Antonio R. Naranjo, publicado el 3 de abril de 2025 en El Debate, aborda una cuestión política y constitucional que ha generado polémica en España: las acciones legales iniciadas por Juan Carlos I contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por presuntas injurias y calumnias.
En su columna, titulada «Por qué el Rey Juan Carlos ha dicho basta«, el periodista Naranjo sostiene que esta decisión del rey emérito refleja un cambio de estrategia en su relación con la opinión pública y los medios, marcado por una defensa activa de su honor frente a críticas que considera inaceptables.
El autor destaca que, por primera vez, Juan Carlos I ha recurrido a los tribunales para responder a un político, lo que contrasta con su tradicional silencio institucional.
Este giro, según Naranjo, no solo busca proteger su imagen, sino también reafirmar la autoridad de la monarquía en un contexto de creciente cuestionamiento público.
Análisis de las acciones legales y su significado
Naranjo subraya que la demanda interpuesta por Juan Carlos I contra Revilla no es un acto aislado, sino parte de una estrategia calculada para contrarrestar las críticas que han surgido desde su salida del trono. El artículo señala:
“La rabia viene de una situación que es una anomalía de la Constitución Española, en el artículo 5, que declara inviolable al rey para cualquier tipo de acto que cometa. Es inmune el rey. No puede ser denunciado por nadie”.
Este fragmento, citado por Naranjo, refleja la crítica de Revilla a la inmunidad legal del monarca, un tema que el autor vincula a la tensión entre poder y ciudadanía. Naranjo argumenta que la decisión de Juan Carlos I de acudir a los tribunales, a pesar de su estatus constitucional, busca establecer un precedente para futuras generaciones de la familia real, demostrando que incluso la monarquía puede recurrir a mecanismos legales ordinarios.
Implicaciones políticas y sociales
El artículo explora las reacciones contrastadas que ha generado la demanda. Por un lado, sectores monárquicos ven en esta acción una defensa necesaria de la institución, especialmente tras años de escándalos que han erosionado su imagen. Por otro, críticos como Revilla la califican de “mezquina”, al considerar que un ciudadano no puede igualar en recursos legales a un monarca. Naranjo cita:
“Ir a por un ciudadano sabiendo que a él no le puedes hacer nada es mezquino”.
Este enfoque permite al autor analizar cómo la demanda ha polarizado el debate sobre la monarquía. Mientras algunos ven en Juan Carlos I un defensor de la dignidad real, otros interpretan su actitud como un retroceso democrático, al usar herramientas legales para silenciar críticas. Naranjo no se alinea con ninguna postura, pero sí advierte que este episodio podría reavivar el debate sobre la reforma constitucional, especialmente en lo relativo a la inmunidad del rey.
La monarquía en la era de la transparencia
Un eje central del artículo es la relación entre la monarquía y la sociedad contemporánea. Naranjo señala que, en un contexto donde la transparencia se exige a los poderes públicos, la inmunidad del rey genera desconfianza. El autor contrasta este escenario con otros países europeos, donde las familias reales han adaptado sus protocolos a las demandas ciudadanas.
“El Gobierno ya no sabe qué hacer para distraer la atención: ahora le toca a Alves y a la universidad”.
Este fragmento, aunque no directamente relacionado con la demanda, refleja la crítica generalizada al establishment político que Naranjo extiende a la monarquía. El autor sugiere que Juan Carlos I, al actuar de forma proactiva, busca recuperar el control narrativo sobre su legado, especialmente tras años de escándalos financieros y personales.
Naranjo deja entrever que la decisión de Juan Carlos I marca un punto de inflexión. Por un lado, la demanda podría fortalecer la institución al demostrar que incluso el rey está sujeto a las leyes. Por otro, arriesga profundizar la brecha entre la monarquía y una ciudadanía que exige mayor rendición de cuentas.
El autor finaliza su análisis destacando que este episodio no es solo un conflicto legal, sino un espejo de las tensiones entre tradición y modernidad en España. La respuesta de Juan Carlos I, según Naranjo, dependerá de su capacidad para equilibrar autoridad y adaptación en un entorno político y social en constante cambio.
