A fecha de 16 de abril de 2025, la noticia de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado de urgencia casi 10 millones de euros en publicidad institucional a medios de comunicación para “reivindicar la democracia” ha sacudido el ecosistema político-mediático.
Bajo el paraguas de una necesidad “inaplazable” y amparado en la Ley de Contratos del Sector Público, Moncloa ha justificado esta campaña masiva —que pilotará el Ministerio de Política Territorial— como respuesta a un clima de polarización creciente y a la preocupación por los “valores democráticos” en España.
El contrato, valorado en 9.975.206 euros y con posibilidad de prórroga, no solo cubre creatividad y producción, sino que deja fuera el presupuesto final destinado a comprar espacios en prensa, televisión, radio y redes sociales, por lo que la factura real será sensiblemente mayor.
El despliegue mediático está previsto en todos los formatos posibles: desde cine hasta pódcast, pasando por revistas e internet. La campaña será la segunda más cara del año, solo superada por la seguridad vial.
Dónde van los millones: cifras y contexto
Las cifras no dejan lugar a dudas sobre el creciente peso del gasto público en publicidad institucional. En los últimos seis años, el desembolso supera con holgura las decenas de millones, según han documentado diversos medios. Solo para el año en curso, el Gobierno prevé destinar 124 millones de euros a los medios, con más de la mitad reservados para prensa escrita. A modo comparativo, la campaña para promocionar la declaración de la renta —tradicionalmente una de las más costosas— se queda corta frente a este nuevo “himno democrático” financiado por todos.
Esta tendencia ha sido vista con recelo por partidos como Sumar, que propone crear una unidad especial para vigilar el uso y destino de estos fondos públicos en los medios. Incluso se ha anunciado un registro estatal gestionado por la CNMC para que los ciudadanos puedan consultar quiénes son los propietarios reales de los medios y qué cantidades reciben del Estado en publicidad institucional.
¿Qué es la ‘Brunete Pedrete’ mediática?
En este clima florecen conceptos como la ‘Brunete Pedrete’ mediática, término acuñado con sorna para describir a esa artillería periodística que, lejos de ejercer una labor fiscalizadora, actúa como infantería leal al Gobierno —o al menos, nunca demasiado crítica—. El apodo hace referencia a una supuesta alineación cómplice entre directivos, columnistas estrella y tertulianos bien avenidos con Moncloa.
La dinámica es sencilla: quien recibe generosos contratos públicos tiende a ser menos beligerante frente al Ejecutivo; quien se atreve con investigaciones incómodas o críticas persistentes puede ver menguar su porción del pastel publicitario. Algunos críticos hablan abiertamente de un modelo clientelar donde el dinero público sirve no solo para promocionar políticas gubernamentales sino también para comprar silencio o fidelidad periodística.
No es raro ver cómo ciertos medios con dificultades económicas sobreviven gracias al maná institucional. La consecuencia lógica es una uniformidad narrativa sospechosa: muchas cabeceras reproducen lemas oficiales o minimizan escándalos ligados al poder mientras ignoran investigaciones incómodas.
El arte (y negocio) de “reivindicar” valores
La campaña estrella pivota sobre tres mensajes: celebrar los 50 años de libertad, reconocer el papel ciudadano en la democracia y reivindicar los derechos fundamentales como pilares nacionales. Todo ello envuelto en una coreografía mediática que recuerda más a un ejercicio propagandístico que a una genuina defensa del pluralismo democrático.
El contexto no es baladí: España ha caído varios puestos en los principales índices internacionales sobre corrupción y calidad democrática. El índice elaborado por Transparencia Internacional sitúa al país cuatro puntos y diez puestos por debajo respecto al año anterior; el Banco Mundial rebaja también su valoración sobre la gobernanza española. Paradójicamente, mientras se denuncia el deterioro democrático, se destinan sumas récord a campañas que ensalzan lo contrario.
Compra-venta (legal) del cuarto poder
El mecanismo legal es tan sencillo como efectivo: se declara urgente aquello que interesa políticamente —la “reivindicación democrática”, por ejemplo— y se adjudica mediante procedimientos acelerados que reducen controles administrativos. Así se garantiza rapidez… y también opacidad sobre quiénes serán los grandes beneficiados entre las empresas mediáticas.
Entre las voces críticas destaca un sector del periodismo tradicionalmente independiente, molesto porque esta lluvia millonaria rara vez empapa proyectos alternativos o cabeceras incómodas para Moncloa. Las redacciones más críticas acusan al Gobierno Sánchez de haber perfeccionado el arte del “clientelismo publicitario”, creando auténticos medios adictos al BOE y alejados del periodismo combativo.
Por si fuera poco, algunas formaciones políticas exigen ahora mecanismos adicionales de control sobre cómo se reparte este dinero público: Sumar propone crear una unidad específica para vigilar estos contratos; otros partidos abogan directamente por limitar o prohibir el uso partidista de la publicidad institucional.
¿Transparencia… o control?
En un intento por calmar las aguas —y quizás anticipando futuras críticas— Moncloa ha aprobado recientemente un anteproyecto para crear un registro estatal público donde cualquier ciudadano pueda consultar quiénes son los propietarios reales de cada medio y qué financiación pública reciben. El registro estará gestionado por la CNMC e incluirá información actualizada sobre subvenciones o contratos publicitarios procedentes tanto del Estado como del extranjero.
La medida busca garantizar pluralidad e independencia editorial, pero no faltan quienes ven aquí un intento velado de controlar aún más el ecosistema informativo español bajo criterios políticos disfrazados de transparencia.
La percepción ciudadana: entre el escepticismo y el hartazgo
Pese a las buenas intenciones declaradas por Moncloa (“celebrar logros democráticos”, “reivindicar derechos fundamentales”), lo cierto es que buena parte del público percibe estas campañas como puro maquillaje institucional —y cada vez menos eficaz—. Según encuestas recientes recogidas por Periodista Digital, solo un 39% de los españoles mantiene buen concepto sobre los periodistas; muchos identifican ya la relación entre grandes sumas públicas y líneas editoriales dóciles.
Como dice Alfonso Rojo con ironía desde Periodista Digital, “los paniaguados de la ‘Brunete Pedrete’ hacen como si no se enterasen”, pero gran parte del electorado sí percibe esta simbiosis entre poder político y medios subvencionados.
Consecuencias políticas e incógnitas futuras
- Se refuerza la sospecha ciudadana sobre el uso partidista del dinero público.
- Se alimenta la desconfianza hacia unos medios cada vez más dependientes económicamente del Ejecutivo.
- Los partidos minoritarios reclaman mayores controles o incluso restricciones legales.
- El debate sobre pluralidad real frente a pluralidad aparente cobra fuerza.
- El registro estatal podría convertirse en arma política… o quedar en papel mojado según quién lo gestione.
Y todo esto ocurre mientras España cae posiciones en los rankings internacionales sobre transparencia democrática: cuanto más dinero público fluye hacia los medios afines, más difícil resulta distinguir entre información objetiva y propaganda gubernamental.
Curiosidades y datos llamativos
- La campaña para “reivindicar la democracia” supera ya en presupuesto a otras históricas como las dedicadas a prevención vial o declaración fiscal.
- Más del 50% del dinero previsto irá destinado a prensa escrita… pese al imparable auge digital.
- No existe consenso parlamentario sobre cómo regular estas adjudicaciones urgentes; algunos partidos quieren más controles, otros menos gasto.
- La llamada ‘Brunete Pedrete’ mediática sigue siendo objeto tanto de memes como de sesudos artículos analíticos; su influencia real divide al sector periodístico.
- El nuevo registro estatal gestionado por CNMC podría arrojar luz sobre las relaciones económicas entre poder político y grandes grupos editoriales… siempre que no se convierta en otra herramienta burocrática sin efectos prácticos.
En suma: España sigue debatiéndose entre celebrar su democracia… o preguntarse cuánto cuesta mantenerla bien publicitada.
