El veterano periodista Federico Jiménez Losantos titula hoy su columna en Libertad Digital como «Prohibir la Fundación Francisco Franco sería volver a la dictadura», publicada el 27 de abril de 2025. En ella, lanza una dura crítica contra los intentos legislativos para ilegalizar la entidad franquista, advirtiendo que esta deriva legal no sólo no combate el pasado, sino que pone en peligro los principios fundamentales de la democracia española.
El artículo arranca señalando que la “leyezuela” que se tramita en el Congreso no va dirigida únicamente contra la figura histórica de Francisco Franco, sino que representa un ataque directo a la libertad y a España como nación plural. Según Losantos, el verdadero objetivo de este proyecto legislativo es “liquidar la nación española como sujeto político y la igualdad ante la Ley que expresa la Constitución votada por aplastante mayoría en 1978”.
A lo largo del texto, desgrana cómo las libertades civiles, desde los albores constitucionales españoles hasta la actual Carta Magna, han protegido el derecho de asociación y opinión. En este sentido, denuncia que el bloque parlamentario que respalda al presidente Pedro Sánchez pretende “acabar con un régimen que terminó hace medio siglo” pero utilizando mecanismos legales que socavan las bases del sistema democrático contemporáneo.
En uno de los pasajes más sustanciales, Losantos subraya el amparo constitucional del derecho de asociación, citando textualmente varios artículos fundamentales:
“Las libertades civiles, desde las Constituciones de 1812 y 1837 hasta la de 1978, han tendido siempre a blindar la igualdad de los españoles ante la Ley y que las leyes no sirvan para atacar a la libertad y a la pluralidad de las opiniones y organizaciones de los ciudadanos, sino para asegurarlas. El afán del bloque golpista que sustenta la mayoría parlamentaria de Sánchez no es el de luchar contra un régimen que acabó hace medio siglo, sino el de liquidar la nación española como sujeto político y la igualdad ante la Ley que expresa la Constitución votada por aplastante mayoría en 1978.”
El autor reproduce los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución para defender su tesis:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”
“Se reconocen y protegen los derechos: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”
El director de ‘Es la mañana de Federico‘ alerta del peligroso precedente que supondría aplicar una ley con destinatario concreto –la Fundación Francisco Franco– porque abriría la puerta a nuevas restricciones sobre partidos políticos u otras asociaciones por motivos puramente ideológicos. Losantos comparte así las advertencias ya expresadas por letrados del Senado y juristas independientes sobre el carácter inconstitucional e incluso “ad hoc” de esta reforma legal.
“Esta proposición de ley flagrantemente inconstitucional según los letrados del Senado ha sido aprobada en el Congreso… Y sí, hablar de Franco para alabar, criticar o juzgar como se estime oportuno es una libertad fundamental recogida en nuestra Constitución. Y en cualquier democracia digna de ese nombre.”
El periodista señala además cómo esta iniciativa legislativa no se extiende a otras asociaciones vinculadas con apologías totalitarias o terroristas (como las relacionadas con el estalinismo o el nacional-socialismo), lo cual evidencia su parcialidad ideológica y su potencial discriminatorio.
Un debate encendido en el Parlamento
La propuesta para disolver asociaciones franquistas fue aprobada en primera instancia en octubre de 2024 con un amplio respaldo parlamentario pero con duras críticas tanto desde sectores conservadores como desde expertos constitucionalistas. El texto legal pretende evitar incluso posibles transformaciones jurídicas por parte de organizaciones afectadas para esquivar su disolución definitiva.
En este contexto político crispado, el PSOE impulsa activamente esta reforma como cumplimiento del mandato fijado por leyes previas sobre memoria democrática. En cambio, el PP ha mostrado dudas jurídicas pero apoyó su tramitación inicial; Vox fue el único partido abiertamente contrario. Los letrados del Senado emitieron informes subrayando su inconstitucionalidad por vulnerar derechos fundamentales protegidos “con el máximo grado” por la Carta Magna.
Jiménez Losantos concluye su columna con una advertencia: prohibir ideas –por muy reprobables que sean para una parte sustancial de la sociedad– mediante legislación específica supone dar pasos atrás hacia formas autoritarias incompatibles con una democracia avanzada.
Así pues, glosando sus palabras esenciales:
“Prohibir la Fundación Francisco Franco sería volver a la dictadura.”
Este debate reabre profundas heridas históricas pero también plantea interrogantes sobre los límites reales de las libertades políticas en España casi medio siglo después del fin del franquismo.
