En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los titulares de las carteras de Presidencia, Cultura, y Educación –Félix Bolaños, Ernest Urtasun y Pilar Alegría, respectivamente – han explicado y defendido el plan del presidente contra la prensa crítica. Pese a que han detallado alguna de las medidas, no han sido explícitos en su alcance ni en el cronograma para implementarlo.
Bolaños, ha sido el principal encargado de defender lo indefendible: el plan de censura del presidente Pedro Sánchez, en su particular ajuste de cuentas contra los medios y periodistas críticos que han cubierto el caso Begoña, así como otros escándalos que han salpicado a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.
El ministro ha definido al plan como “una hoja de ruta de 31 medidas, que se implementarán en los tres años que quedan de Legislatura y que permitirán la limpieza de nuestra democracia y garantizar información veraz”.
Escudándose en el Parlamento Europeo, Bolaños afirma que el plan está alineado con las políticas continentales, indicando que lleva el mismo nombre de una normativa del mismo nombre aprobada en 2020, y ha definido que se basa en “tres ejes” que suponen una mejora de la democracia.
El primer eje, es relativo al propio Gobierno, haciéndolo más transparente. El segundo, hace referencia a reformas a leyes referentes al Poder Legislativo y al Electoral. Y el último eje, el referente a los medios de comunicación.
Sobre el primer eje, indicó que «queremos conocer la financiación de los partidos, que las cuentas sean públicas y que los diputados y senadores cumplan con la obligación de publicar sus cuentas».
En cuanto a las medidas, definió algunas como el ampliar y mejorar la información gubernamental. Incide en que serán transparentes y fomentarán un Gobierno abierto. De igual forma, afirmó que todos los Ejecutivos regionales tendrán que plegarse a esta rendición de cuentas. De igual forma, anunció que se reformará la ley de secretos oficiales.
También incidió en que se reformará el Código Penal para modificar especialmente, «dos leyes orgánicas, una del año 82 y otra del 84» como lo son el derecho al honor y el derecho a réplica. Sin embargo, el ministro fue incapaz de responder cuáles serían los límites y alcances de estas reformas para que no entren en conflicto con el derecho a la libre información. Solo señaló que están “obsoletas” y que no responden al “panorama actual”. Tampoco aclaró si abolirían las injurias a la corona, aunque sí adelantaron que planean eliminar el delito de ofensas religiosas.
Detalló que se reformarán las leyes referentes a las campañas electorales como el establecer de manera obligatoria que se celebre anualmente el debate del estado de la Nación o que las encuestas electorales tendrán que mostrar su ficha técnica.
Bolaños reconoció que no existe un calendario para la discusión de estas medidas en el Congreso de los Diputados, solo repitió que se plantean aprobar la totalidad del plan en los tres años que quedan de Legislatura. Sin embargo, afirmó que «pronto» empezarán a implementar y tomar medidas basadas en este plan de acción.
La arremetida contra los medios
Luego de la introducción al Plan hecho por Bolaños, vino el turno de Ernest Urtasun se quitó la careta y afirmó que esta ley es parte de la defensa contra la ‘ultraderecha’ que suelta bulos. De esta forma, aseguró que el Estado no puede ser financiador de “medios adeptos al clickbait” y por contra, deben apoyar a los “verdaderos medios”.
En este sentido, afirmó que “hay que definir qué son los medios de comunicación de verdad”. Por eso, anunció que se creará un registro de medios para saber quiénes los controlan y cómo se financian. Indicó que sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el ‘organismo independiente’ que realizará este censo. Indicó que actualmente el ente no podría ser considerado apto para esta labor por lo que también reformarán el organismo para que pueda cumplir estas funciones y «ser considerado como un ente independiente».
De igual forma, indicó que se establecerán «límites» a la publicidad institucional como la obligación de publicar anualmente el gasto de las Administraciones, reforma a los criterios para los parámetros de audiencia, «para que no se puedan falsear» los datos. Afirmó que con esto, buscan «hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad y evitar que con dinero público se financien pseudomedios».
De igual forma ha cargado contra los “oligopolios mediáticos”, e indicó que “el Gobierno se compromete a definir los límites de la concentración mediática” para impedir que estos puedan limitar el trabajo de sus profesionales.
#EnDirecto | El Gobierno creará un registro de medios para que se conozca su propiedad y la inversión publicitaria que reciben y obligará a publicar el dinero que invierten las administraciones públicas en los medios: «Evitaremos que con dinero público se financien pseudomedios» pic.twitter.com/Vk7LBOGOMM
— Europa Press (@europapress) September 17, 2024
“Hoy iniciamos el fin de la anomalía democrática y que completaremos con el apoyo de los grupos del Congreso”, ha afirmado Urtasun.
Por su parte, Bolaños indicó que “es un gran día para los medios que se dedican a informar y uno no tan bueno para los que se encargan de crear bulos”.
