La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumple con su promesa y ha anunciado que presentó un recurso contra la modificación de la Ley de extranjería para realizar un reparto de menores con tintes claramente políticos, ya que ha sido una exigencia del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
Ayuso ha anunciado la acción judicial a través de su perfil en la red social X (antigua Twitter).
“Presentamos recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería y el reparto de menores.
-Invade competencias exclusivas autonómicas.
-Nuestra autonomía financiera.
-Debería ir por Ley Orgánica.
-Vulnera derechos fundamentales del menor.
-Multiplica los problemas de la inmigración ilegal.
-Vulnera los principios de lealtad administrativa negociándolo con partidos independentistas.
-Falta memoria económica.Nuestro gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores.
Pero no vamos cooperar con el caos migratorio del Gobierno”.
🔴 Presentamos recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería y el reparto de menores.
-Invade competencias exclusivas autonómicas.
-Nuestra autonomía financiera.
-Debería ir por Ley Orgánica.
-Vulnera derechos fundamentales…— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2025
El Ejecutivo autonómico argumenta que la medida vulnera competencias exclusivas de la comunidad además de preceptos constitucionales que atentan contra de los derechos de los menores, por lo que recurren al Tribunal Constitucional para intentar frenar su implementación.
En este sentido, el portavoz del Gobierno de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, incide en que la medida aprobada por Sánchez va en contra del principio de asistencia social, y el de protección y tutela de menores, que son competencias regionales.
De acuerdo a García Martín, el decreto pactado entre Junts y PSOE establece un reparto de menores mediante “cuotas subjetivas” que no atienden a criterios económicos y de capacidad de cada región, algo que termina perjudicando a los menores.
Además, considera que el Real Decreto aprobado es ilegítimo desde su origen al estar pactado con un partido independentista y al ser contrario a los principios de lealtad y solidaridad, lo que aboca a la desigualdad entre las regiones.
Por último, también sostienen que el vehículo utilizado para impulsar la medida no ha sido el correcto ya que en lugar de aplicar el Real Decreto, debieron haberlo hecho a través de una ley orgánica, siguiendo los procedimientos adecuados.
