Le han pintado la cara.
A Pedro Sánchez vuelven a chafarle el día los medios de comunicación.
Y al inquilino de La Moncloa lo que escriba la prensa patria le traer directamente al pairo.
El problema es que esta vez el sopapo viene de fuera.
El periódico ‘The Economist‘ publica un reportaje donde acusa a Pedro Sánchez de «aferrarse al cargo a costa de la democracia española».
El semanario británico resalta la auténtica debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y cómo si Ejecutivo tiene que estar pendiente del toque de corneta que le pongan los separatistas vascos y catalanes.
‘The Economist’ subraya la famosa frase que soltó en el Comité Federal del PSOE cuando anunció que él pensaba agotar la legislatura con o sin apoyo del Parlamento español:
Para sus críticos más excitables, esto sonó como una declaración de dictadura. De hecho, fue un reconocimiento de sus circunstancias conflictivas.
La publicación insiste en el alto coste que la presencia de Sánchez en La Moncloa tiene para la democracia:
En el cargo desde 2018, Sánchez es el gran superviviente de la política europea, un estratega astuto y despiadado. Pero su gobierno de coalición minoritario gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos, generando un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones.
Al hilo de esta debilidad al depender su mandato de partidos como EH Bildu, el titular del diario ‘ABC‘ es bastante significativo.
Apunta la publicación de Vocento que Otegi amordaza a Sánchez e indigna a los policías con la reforma de la ley de seguridad.
De hecho, Iván, un valiente agente del Cuerpo Nacional de Policía ya se olía hace unos días la tostada de la jugada que se estaba perpetrando entre bastidores.
‘El Español‘, por su parte, pone unos ejemplos contundentes de lo barato que saldrá pitorrearse de un agente del orden.
Así las cosas, escupir a un agente, romper un embotamiento policial o cortar una calle podrá saldarse con 100 euros de multa. Solo falta que también incluya un descuento para tomarse un pelotazo en la cafetería del Ministerio del Interior.
Por supuesto, no puede haber una jornada completa sin la ración diaria del ‘Begoñagate‘.
‘El Mundo‘ destaca que la web borrada de Begoña Gómez facilitaba acceso a ayudas públicas. Así lo denunció la asociación Hazte Oír ante el magistrado que investiga a la mujer del presidente del Gobierno. Cuando se esfumó esa página, el juez Juan Carlos Peinado acababa de recibir el visto bueno para extender la causa al posible uso irregular de ese software propiedad de la Universidad Complutense. Se trata de la página www.transformatsc.org, que se ofrecía a las pymes como una herramienta para medir su impacto social y, posteriormente, facilitarles el negocio con el sector público, según su propia guía de usuario.
Nos cuenta ‘Libertad Digital’ que los negocios de Begoña Gómez llegaron al Ministerio de Maroto: desde charlas financiadas hasta ampliaciones de contratos.
La exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, realizó unas ampliaciones de contratos a Globalia justo en las fechas en las que la mujer del presidente se encontraba en contacto con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo: su departamento modificó en varias ocasiones un expediente de contratación cuyo importe ascendía a 217 millones de euros y lo hizo generando un mayor negocio para Globalia.Además, la empresa pública Enisa, dependiente del Ministerio de Industria, financió unas charlas de Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez en IFEMA.
Por su parte, ‘VozPópuli’ pone el foco en que la SEPI cifró parte del expediente del rescate de Air Europa entregado al juzgado por ser «confidencial». Un documento que, dicho sea de paso, tuvo que ser varias veces requerido por el juzgado del juez Juan Carlos Peinado.
Finalmente, alucinen ustedes con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS.
Según cuenta ‘OkDiario‘, su responsable, José Félix Tezanos, ha entrado directamente en una especie de agujero negro al decir que si los extraterrestres quisiesen saber qué piensan los españoles consultarían el CIS.
