El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, daba cuenta este 10 de diciembre de 2019 de la entrega al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla de documentación sobre el caso de los ERE andaluces que ha sido localizada «en sobres lacrados en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo adelantaba ante la estupefacción de todos que las tres cajas fuertes «llenas con papeles de los ERE», que «señala a anteriores presidentes y a gobiernos por ayudas millonarias que dieron lugar al sistema fraudulento de los ERE», ha sido encontrada por el personal de la casa y ha criticado que los gobiernos anteriores tuvieran «escondidos bajo llave la documentación requerida por los juzgados» para que «nadie se enterara».
Este escándalo de corrupción, el mayor de la democracia y que sitúa al PSOE como el partido más corrupto de Europa, ya afecta de lleno a Pedro Sánchez: siendo él el secretario general del PSOE se procedía a ocultar las cajas fuertes que ahora han aparecido, tal y como aseguran a Periodista Digital fuentes solventes del PSOE de Andalucía.
Un escándalo que salpica pues de lleno al presidente del Gobierno en funciones que poco se ha pronunciado sobre este escándalo y que su ‘núcleo duro’ siempre lo ha relacionado con “otros tiempos” del PSOE, incidiendo en que su partido ya ha depurado las responsabilidades en el marco del socialismo andaluz. Pero volviendo al escándalo de las cajas fuertes halladas, escondidas en tiempos de Sánchez ya como responsable del PSOE, Bendodo ha señalado que, entre la documentación, se han encontrado dos convenios privados, uno de ellos firmado por un consejero «sin membrete oficial, sin haber pasado por Intervención, ni por Presupuestos», con fecha de 30 de diciembre de 1998.
«En ellos queda demostrada la operación fraudulenta que hacía la Junta de Andalucía. Era para perdonar 8.000 millones de las antiguas pesetas y pagar otros mil más a una empresa de Jaén a sabiendas de que estas ayudas ya se habían declarado ilegales por la Unión Europea (UE) y que la empresa nunca iba a devolver los prestamos», ha detallado, para añadir que «17 días después de la firma de estos dos convenios privados, la Junta se reunió con la plantilla en Jaén para explicar la operación».
De esta manera, ha asegurado que «no cabe excusa más» porque «todo el Consejo de Gobierno sabía de la estrategia por la por la que se dio este mecanismo» y ha advertido de que la información encontrada «arrojará mucha luz».
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