La sectaria Armengol (PSOE) aprieta la mordaza a la prensa en el Congreso de los Diputados

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La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto en marcha una polémica iniciativa que amenaza con restringir severamente la labor periodística en la Cámara Baja. El Gobierno y sus socios parlamentarios han registrado una propuesta de modificación del Reglamento del Congreso que, de aprobarse, impedirá a los periodistas captar imágenes y sonido de los diputados fuera de los «espacios habilitados».

Un golpe a la transparencia

La medida, que se enmarca en una reforma más amplia del Reglamento, ha sido interpretada por muchos como un intento de controlar la información que sale del Congreso y limitar el escrutinio público de la actividad parlamentaria. Los críticos argumentan que esta modificación podría tener graves consecuencias para la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos.

El nuevo reglamento contempla sanciones para aquellos periodistas que incumplan estas nuevas normas, lo que ha generado una ola de indignación entre los profesionales de la comunicación. Muchos ven en esta medida un intento de amordazar a la prensa y dificultar su labor de fiscalización del poder político.

Reacciones y críticas

La oposición no ha tardado en alzar la voz contra lo que consideran un ataque frontal a la libertad de expresión. El Partido Popular ha calificado la propuesta de «mordaza informativa», mientras que Vox ha acusado al Gobierno de querer «controlar el relato» y ocultar información incómoda a los ciudadanos.

Por su parte, las asociaciones de periodistas han expresado su profunda preocupación por el impacto que estas restricciones podrían tener en su trabajo diario. Argumentan que gran parte de la información valiosa se obtiene precisamente en los pasillos y espacios informales del Congreso, donde los diputados suelen hacer declaraciones más espontáneas y reveladoras.

Justificaciones del Gobierno

Desde el PSOE y sus socios de gobierno se defiende la medida como una forma de «ordenar» la actividad informativa en el Congreso y garantizar el «decoro» de la institución. Argumentan que los diputados necesitan ciertos espacios de privacidad para poder desarrollar su labor sin la presión constante de las cámaras.

Sin embargo, estas justificaciones no han convencido a quienes ven en la reforma un intento de control y censura. La polémica ha reavivado el debate sobre los límites de la transparencia en las instituciones democráticas y el papel fundamental que juega la prensa libre en el sistema político.

Precedentes y contexto

Esta no es la primera vez que se intenta regular la actividad periodística en el Congreso. En el pasado ya hubo intentos de limitar el acceso de los medios a ciertas zonas o de restringir el uso de dispositivos de grabación. Sin embargo, la propuesta actual va más allá y establece un marco mucho más restrictivo.

El debate se produce en un contexto de creciente tensión entre el poder político y los medios de comunicación, no solo en España sino en muchas democracias occidentales. La proliferación de fake news y la polarización del debate público han llevado a algunos gobiernos a buscar formas de controlar el flujo de información, a menudo con consecuencias negativas para la libertad de prensa.

Un futuro incierto para la información parlamentaria

Si la reforma sale adelante, el panorama informativo en el Congreso podría cambiar radicalmente. Los periodistas se verían obligados a depender más de las ruedas de prensa oficiales y las declaraciones preparadas, perdiendo la espontaneidad y la inmediatez que caracterizan la cobertura actual.

Esto podría tener consecuencias no solo para la calidad de la información que reciben los ciudadanos, sino también para la propia dinámica parlamentaria. La presencia de la prensa actúa como un elemento de control y transparencia, y su restricción podría afectar al comportamiento de los diputados y a la rendición de cuentas de los representantes públicos.

En los próximos días se espera un intenso debate sobre esta propuesta, que sin duda marcará un antes y un después en la relación entre el poder legislativo y los medios de comunicación en España. La libertad de prensa, pilar fundamental de cualquier democracia, está en juego, y la sociedad española tendrá que decidir qué modelo de transparencia y control quiere para sus instituciones.