Desde este miércoles 3 de abril, entra en vigor una reforma clave que busca agilizar la respuesta judicial frente a uno de los problemas más controvertidos en España: las ocupaciones ilegales. La modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), incluida dentro de la Ley Orgánica 1/2025, permitirá que delitos como el allanamiento de morada y la usurpación se tramiten mediante juicios rápidos. Esto podría traducirse, al menos teóricamente, en desalojos exprés con plazos máximos estimados en 15 días desde que se interpone una denuncia formal.
El objetivo principal es reducir drásticamente el tiempo necesario para resolver estos casos, que hasta ahora podían prolongarse durante meses o incluso años. Sin embargo, esta medida no afecta a situaciones relacionadas con inquilinos morosos —los llamados «inquiokupas»— ya que estas implican contratos previos y no constituyen delitos penales como tal.
¿Qué cambia realmente?
La reforma introduce dos grandes novedades:
- Incorporación al procedimiento rápido: Los casos relacionados con allanamientos y usurpaciones pasan a formar parte del listado de delitos menos graves susceptibles de juicio rápido.
- Plazo máximo estimado: Se establece un marco temporal para resolver estos procesos dentro del margen mencionado anteriormente.
Sin embargo, varios expertos han señalado limitaciones importantes. Por ejemplo:
- El plazo comienza solo cuando el okupa ha sido citado formalmente por las autoridades judiciales.
- La sobrecarga actual del sistema judicial podría dificultar cumplir con estos tiempos.
- Las estrategias legales utilizadas por algunos okupas —como presentar contratos falsificados o alegar vulnerabilidad social— podrían ralentizar nuevamente el proceso.
Según juristas consultados recientemente, aunque esta vía rápida representa un avance respecto al modelo anterior, su eficacia dependerá enormemente tanto del desarrollo práctico como del nivel real de recursos disponibles en juzgados locales.
Críticas desde distintos sectores
Aunque muchos propietarios celebran esta medida como un paso adelante hacia la protección efectiva del derecho a la propiedad privada, otros actores muestran escepticismo:
- Saturación judicial: Desde asociaciones profesionales advierten que sin refuerzos significativos ni mejoras estructurales será difícil garantizar plazos tan cortos.
- Casos complejos: Identificar pruebas claras (como daños materiales) o verificar documentación puede requerir más tiempo del previsto inicialmente.
- Lagunas legales persistentes: Algunos especialistas consideran insuficiente limitarse únicamente al ámbito penal sin abordar reformas complementarias necesarias dentro también procedimientos civiles relacionados directamente con alquileres impagos u otras disputas contractuales similares.
Por otro lado , comunidades autónomas como Cataluña han comenzado implementar medidas adicionales tales cortar suministros básicos viviendas ocupadas ilegalmente . Aunque polémicas , estas acciones reflejan creciente presión social entorno fenómeno .
Datos recientes sobre ocupaciones ilegales
El problema ha crecido exponencialmente últimos años . Según cifras oficiales proporcionadas Instituto Estudios Económicos (IEE), número denuncias relacionadas alcanzó casi 16 mil casos durante año pasado representando incremento aproximado 7% respecto periodo anterior. Cataluña destaca especialmente debido alta incidencia comparativa resto país .
Además contexto histórico muestra cómo regulaciones introducidas previamente bajo Real Decreto aprobado durante pandemia contribuyeron indirectamente aumento significativo incidentes actuales dado prolongaron indefinidamente ciertos desahucios familias vulnerables .
En definitiva mientras entrada vigencia nueva normativa marca hito importante lucha contra ocupantes ilegítimos todavía queda camino recorrer garantizar implementación efectiva soluciones propuestas evitando perpetuar burocracia existente .
