El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha decidido ampliar durante al menos seis meses más la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Los presuntos delitos incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, malversación y apropiación indebida. Este caso ha puesto bajo escrutinio no solo a Gómez sino también al entorno gubernamental socialista.
La causa gira principalmente en torno a un software desarrollado para el máster «Transformación Social Competitiva» que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según las acusaciones populares personadas en el proceso, este programa habría sido registrado indebidamente a nombre de Begoña Gómez tras recibir financiación millonaria por parte de empresas como Google e Indra. Las cifras son llamativas: Google aportó 110.000 euros e Indra otros 128.442 euros para un proyecto cuya propiedad intelectual debería haber pertenecido exclusivamente a la universidad.
Declaraciones clave y obstáculos judiciales
En las últimas semanas han declarado ante el juez directivos y exdirectivos tanto de Google como de Indra. Entre ellos destaca Fuencisla Clemares, exdirectora general para España y Portugal del gigante tecnológico estadounidense, quien aseguró desconocer los detalles específicos del acuerdo financiero relacionado con el software investigado. Una postura similar adoptaron Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, antiguos responsables ejecutivos vinculados a Indra.
Sin embargo, lo que podría parecer una falta generalizada de información entre los altos cargos empresariales contrasta con las sospechas sobre posibles irregularidades cometidas desde dentro del máster dirigido por Gómez. Además, según fuentes judiciales citadas recientemente por medios nacionales fiables como El Confidencial, existe documentación pendiente cuya entrega ha sido bloqueada o retrasada deliberadamente por instituciones implicadas como la propia UCM.
Por si fuera poco complicado esclarecer estos hechos ya controvertidos per se —y aquí entra otro elemento explosivo— algunos sectores denuncian presiones políticas ejercidas desde Moncloa hacia órganos judiciales encargados directamente o indirectamente relacionados con esta trama.
