El Rey Emérito, Don Juan Carlos I, ha decidido dar un paso insólito en su trayectoria pública al presentar una demanda por injurias y calumnias contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla.
Este movimiento, anunciado el pasado 1 de abril, ha generado una intensa polémica mediática y política.
La abogada del monarca, Guadalupe Sánchez Baena, acusa a Revilla de haber utilizado «expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas» entre mayo de 2022 y enero de 2025 que vulneran el derecho al honor garantizado por la Constitución Española.
La demanda no solo busca una rectificación pública sino también una indemnización simbólica de 50.000 euros, destinada íntegramente a Cáritas España. Sin embargo, más allá del ámbito jurídico, este caso plantea cuestiones fundamentales sobre los derechos individuales frente a las figuras públicas.
Uno de los argumentos recurrentes en las declaraciones públicas de Miguel Ángel Revilla es la supuesta «inmunidad» del Rey Emérito. Sin embargo, esta afirmación carece ya de fundamento desde su abdicación en 2014. Aunque Don Juan Carlos conserva ciertos privilegios como aforado ante el Tribunal Supremo —un estatus compartido con miles de cargos públicos— esto no lo exime automáticamente ni lo hace inmune frente a demandas civiles o penales.
El artículo 18.1 de la Constitución Española protege explícitamente el derecho al honor para todos los ciudadanos sin excepción; algo que incluye tanto al ciudadano común como a quien ostentó altas responsabilidades institucionales como jefe del Estado.
Las acusaciones cruzadas
Revilla no se ha quedado callado ante esta ofensiva legal e incluso ha redoblado sus críticas hacia Don Juan Carlos durante sus intervenciones mediáticas recientes. En tono desafiante pero visiblemente afectado por lo que considera «mezquino», afirmó: «¿Por qué yo? ¿Por qué no Bárbara Rey o Corinna Larsen?», refiriéndose a otras figuras vinculadas públicamente con escándalos relacionados con el monarca emérito.
Además, aprovechó para reiterar denuncias históricas sobre presuntas irregularidades financieras atribuidas al antiguo jefe del Estado español: “Estamos hablando —dijo—de alguien declarado apátrida fiscalmente”. Estas palabras han sido interpretadas como parte integral del conflicto judicial actual.
Sin embargo —y aquí radica buena parte del dilema ético-político— mientras algunos defienden su derecho legítimo como ciudadano privado para protegerse contra ataques personales injustificados; otros critican duramente cualquier intento percibido cómo represalia intimidatoria hacia voces críticas dentro democracia moderna española.
Aunque el desenlace final del proceso es aún incierto; indudablemente marcará un precedente significativo respecto a la relación compleja existente entre libertad expresión versus protección de la dignidad personal de figuras públicas dentro marco constitucional vigente.
