La tragedia de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024, causando 227 muertes, no solo dejó un rastro de destrucción material y humana, sino también un huracán político que ha puesto en el punto de mira al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En medio de un viaje oficial a la India, mientras las lluvias torrenciales se cobraban vidas y devastaban pueblos enteros, las decisiones —o la falta de ellas— del jefe del Ejecutivo han generado una ola de críticas sin precedentes.
El Plan Estatal de Protección Civil, que debía ser activado para coordinar recursos nacionales en situaciones catastróficas, no se puso en marcha. Esta omisión ha sido señalada como una negligencia grave, ya que habría podido movilizar con antelación recursos clave como efectivos militares o alertas masivas a la población. Según un informe técnico presentado por la Generalitat Valenciana ante el Juzgado de Catarroja, ni el Comité Estatal de Coordinación ni otros mecanismos previstos por ley fueron activados.
El viaje a India: ¿desatención o cálculo político?
El contexto internacional tampoco favorece a Sánchez. Mientras las lluvias comenzaban a desbordar cauces y arrasar viviendas en Valencia, el presidente disfrutaba de una agenda privada en Bombay junto a su esposa, Begoña Gómez. Según reportes, Sánchez dedicó tres horas a una cena privada después de concluir su agenda oficial. Este hecho generó una ola de indignación entre los afectados y en sectores políticos que calificaron su actitud como insensible e irresponsable.
El Gobierno justificó esta ausencia alegando que la coordinación se estaba llevando a cabo desde España por parte del equipo ministerial. Sin embargo, para muchos expertos en gestión de crisis, su presencia física y liderazgo eran imprescindibles dada la magnitud del desastre. Al aterrizar en Madrid casi 24 horas después del inicio del temporal más crítico, Sánchez intentó recuperar terreno con declaraciones institucionales y promesas de «poner todos los medios necesarios».
Ley de Seguridad Nacional: ¿una carta olvidada?
Uno de los puntos más controvertidos ha sido el incumplimiento legal por parte del Ejecutivo central. Según varios juristas y analistas políticos, Sánchez debía haber asumido el mando directo basándose en la Ley de Seguridad Nacional, que estipula su aplicación en situaciones donde la seguridad pública esté gravemente amenazada. Este marco legal no solo le otorgaba potestad para coordinar todos los recursos estatales, sino que lo obligaba a hacerlo.
En cambio, el Gobierno central delegó responsabilidades en la Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, quien denunció públicamente la falta de apoyo desde Moncloa. Mientras tanto, informes técnicos revelan que organismos clave como la Confederación Hidrográfica del Júcar dejaron de proporcionar información esencial sobre el estado crítico de los cauces fluviales durante las horas más intensas del temporal.
La respuesta tardía: promesas frente al dolor
Cuando Sánchez finalmente regresó al país y asumió públicamente el liderazgo, lo hizo con un discurso cargado de empatía hacia las víctimas y promesas de reconstrucción inmediata. Declaró tres días de luto nacional y anunció ayudas económicas tanto del Estado como europeas para paliar los daños. Sin embargo, estas medidas no han logrado mitigar las críticas.
La oposición política ha sido contundente. Desde Vox hasta el Partido Popular han señalado directamente al presidente como principal responsable por su inacción inicial. Santiago Abascal calificó sus decisiones como «criminales», mientras que Mazón lamentó haber sido dejado solo frente a una catástrofe que claramente excedía las capacidades autonómicas.
Los ecos legales: ¿habrá consecuencias?
La tragedia ha abierto un debate sobre posibles responsabilidades penales contra Sánchez y su equipo. La resolución emitida por el Consejo de Transparencia obliga al Ejecutivo a explicar por qué no se activaron los planes estatales previstos para emergencias hidrológicas. Además, se está investigando si las omisiones cometidas pueden ser consideradas negligencias graves en términos legales.
Por otro lado, también se ha cuestionado si este episodio podría marcar un precedente para redefinir las competencias entre administraciones autonómicas y centrales en situaciones catastróficas. La Generalitat Valenciana había activado sus propios protocolos (nivel 2), pero sin acceso a recursos nacionales ni internacionales debido a la inacción estatal.
Curiosidades sobre la DANA
- Cifras impactantes: El temporal dejó un saldo total de 235 muertos en España: 227 en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía.
- Avisos ignorados: AEMET había emitido alertas tempranas sobre el potencial destructivo del fenómeno meteorológico días antes.
- Un nuevo récord negativo: Este episodio es considerado la catástrofe hidrológica más mortal registrada en España desde principios del siglo XX.
- El silencio administrativo: La Confederación Hidrográfica del Júcar no cumplió con su obligación legal de informar sobre riesgos específicos durante las horas críticas.
La tragedia no solo ha dejado profundas cicatrices humanas y materiales; también ha planteado preguntas incómodas sobre liderazgo político y gestión institucional en tiempos críticos. Mientras España llora a sus muertos, el debate sobre qué pudo haberse hecho mejor sigue abierto.
