La reciente comparecencia judicial de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha reavivado el debate político sobre la gestión de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre.
Con 228 víctimas mortales y un sinfín de daños materiales, aquel episodio dejó al descubierto importantes fallos en la coordinación y respuesta institucional.
Ahora, las declaraciones de Bernabé no solo han puesto en entredicho la actuación de la Generalitat Valenciana, sino que también han salpicado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez.
Durante su intervención, Bernabé aseguró que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se priorizó el riesgo de rotura de la presa de Forata, mientras que el barranco del Poyo, clave en las inundaciones que arrasaron l’Horta Sud, quedó relegado. Según sus palabras, fue ella quien alertó sobre el desbordamiento del Poyo a las 19:00 horas, tras recibir una llamada desesperada de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat. Esto contrasta con la alerta hidrológica decretada a mediodía por la Generalitat, que nunca llegó a activarse para esta zona específica.
El juego de las culpas: CHJ bajo el foco
Un aspecto especialmente polémico es la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según Bernabé, el organismo no proporcionó información clave sobre el aumento del caudal en el Poyo durante las horas críticas previas al desastre. En cambio, las discusiones en el Cecopi se centraron exclusivamente en Forata. Este “apagón informativo”, como lo calificó la delegada, ha sido utilizado por el Gobierno valenciano como argumento para justificar los retrasos en la alerta masiva enviada a las 20:11 horas.
Sin embargo, este razonamiento enfrenta contradicciones. Fuentes judiciales han señalado que los caudales y datos pluviométricos fueron enviados por correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), dependiente del gobierno autonómico. La falta de interpretación oportuna por parte del CCE ha despertado dudas sobre si se cumplieron los protocolos establecidos en el Plan General de Inundaciones.
Contradicciones en cascada
La intervención de Bernabé no ha estado exenta de controversias ni cambios en su relato. En su declaración inicial, afirmó que alertó del desbordamiento basándose únicamente en llamadas telefónicas e imágenes recibidas desde Paiporta. Sin embargo, posteriormente reconoció desconocer que desde las 17:00 horas ya se habían recibido numerosas llamadas al servicio 112 sobre problemas relacionados con el Poyo. Este punto ha generado suspicacias entre los partidos opositores, quienes acusan al Ejecutivo central y autonómico de ocultar errores graves en la gestión.
Por su parte, Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias durante los hechos y miembro del Partido Popular (PP), no ha salido indemne. Aunque Bernabé asegura haber ofrecido activar la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 12:23 horas, Pradas no realizó esta petición formal hasta pasadas las 15:00 horas. Este retraso resulta especialmente cuestionable dado el agravamiento progresivo de las condiciones meteorológicas durante aquel día fatídico.
Mazón y Sánchez: ¿líderes bajo presión?
El presidente valenciano Carlos Mazón tampoco ha escapado a las críticas. La tardanza en su llegada al Cecopi —cerca de las 20:28 horas— ha alimentado acusaciones sobre su falta de implicación durante los momentos más críticos del desastre natural. Mazón ha intentado justificar esta demora alegando problemas logísticos y un tráfico colapsado debido a las lluvias torrenciales; sin embargo, sus múltiples versiones sobre este tema han generado más dudas que certezas.
En Madrid, el Gobierno central enfrenta un escenario igualmente complicado. La figura de Pedro Sánchez se encuentra bajo escrutinio por posibles deficiencias estructurales en los protocolos nacionales frente a emergencias climáticas extremas. Además, sectores políticos han utilizado este caso como munición para denunciar una supuesta descoordinación entre administraciones públicas con distinto color político.
Un laberinto judicial con implicaciones políticas
Mientras tanto, la causa judicial abierta en Catarroja sigue ahondando en las responsabilidades individuales y colectivas tras esta tragedia histórica. El entramado político-jurídico incluye una amplia lista de testigos e investigados que deberán aclarar sus respectivas actuaciones antes y durante los momentos más críticos del 29-O.
Curiosamente, pese a todas las polémicas generadas hasta ahora, ni Bernabé ni otros altos cargos han aportado pruebas concluyentes que expliquen por qué no se actuó con mayor celeridad ante los avisos meteorológicos previos ni cómo se gestionaron internamente las alertas recibidas por parte del 112 o los informes técnicos emitidos esa jornada.
¿Sabías qué? Durante aquel fatídico día se registraron precipitaciones récord cercanas a los 500 litros por metro cuadrado en algunas zonas afectadas por la DANA; esto equivale a casi dos meses enteros de lluvia concentrados en pocas horas. Un fenómeno extremo que puso al límite tanto infraestructuras como protocolos administrativos.
