El calvario de Pedro Sánchez no cesa.
Bruselas ha regañado al líder del PSOE porque no ha implementado las medidas recomendadas para frenar la corrupción. En este sentido, ha afeado al socialista por no endurecer la normativa relativas a la regulación de ‘lobbies’, puertas giratorias, conflictos de intereses de los altos cargos, el papel de los asesores del Gobierno, así como el sistema de elección del fiscal general del Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En su último informe, publicado este miércoles, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) califica de “problema crítico” la ausencia de reformas clave para garantizar la independencia judicial y la transparencia en la gestión pública. El regaño europeo pone el foco en la falta de avances y reformas en la lucha contra la corrupción.
El organismo del Consejo de Europa encargado de velar por la integridad de los sistemas políticos y judiciales es contundente: España ha implementado parcialmente 13 de las recomendaciones formuladas en 2019 y ha dejado otras seis sin aplicar en absoluto.
Esta “pobre implementación” ha llevado a incluir a España en un procedimiento de incumplimiento y a exigir al Gobierno que informe de los avances antes de la próxima sesión plenaria en junio en Estrasburgo.
El documento reclama mayor atención en la prevención de conflictos de intereses de altos cargos, más transparencia en las funciones ejecutivas y una regulación efectiva de las relaciones con lobbies y puertas giratorias. El GRECO subraya que, aunque se han adoptado medidas para evitar conflictos de interés en la Administración General del Estado, no existe una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, que por su naturaleza política y su interacción con el sector privado afrontan “desafíos particulares”.
También pide reforzar el régimen aplicable a los asesores del Gobierno, exigiendo los mismos estándares de transparencia e integridad que a los altos cargos, y reclama que sus perfiles y salarios sean públicos.
El GRECO reconoce algunos avances, como la adopción del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), un código de ética y la ratificación del Convenio sobre Acceso a Documentos Oficiales. Sin embargo, el balance general es negativo y exige medidas urgentes.
Sin embargo, resaltan la situación del Ministerio Público. Afean a Sánchez por no haber reformado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para desvincular la elección del fiscal general del Estado. La relación directa entre el Ejecutivo y el jefe de la Fiscalía “sigue generando preocupación pública” por su falta de independencia. El grupo recomienda que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno y que se establezcan procedimientos claros para aumentar la autonomía de la Fiscalía. Cabe recordar que Álvaro García Ortiz ha sido imputado por una presinta revelación de secretos para perjudicar a una rival política del socialista, Isabel Díaz Ayuso.
El regaño de Europa a Pedro Sánchez llega en un momento clave, con la corrupción cercando al presidente y con la independencia judicial en el centro del debate político en España por los ataques del socialista. Y ahora, se suma la presión internacional. Si no se producen cambios, el país podría enfrentarse a nuevas sanciones y a un mayor descrédito institucional.
