En abril de 2024, España se despertaba con un titular que agitó los cimientos de La Moncloa: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo que parecía en un principio una denuncia más contra una figura pública se convirtió, en cuestión de días, en uno de los mayores retos políticos para el Ejecutivo socialista.
El detonante fue la denuncia presentada el 16 de abril de 2024 por el sindicato Manos Limpias, conocida organización de querellas mediáticas, quien acusaba a Begoña Gómez de haber favorecido con cartas de recomendación a Carlos Barrabés, empresario y codirector de una cátedra universitaria, que habría recibido millones en adjudicaciones públicas. A partir de ahí, la bola judicial y mediática no dejó de crecer, implicando a jueces, fiscales, ministros y hasta al propio presidente del Gobierno.
Del “periodo de reflexión” a la “maquinaria del fango”: primeras reacciones
La primera gran sacudida llegó el 24 de abril de 2024, cuando Pedro Sánchez anunció públicamente que se daba cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno. Fue una decisión inédita en democracia: un presidente que paraliza su agenda ante lo que considera una “campaña de acoso” contra su familia. Durante ese lapso, España contuvo el aliento. Al final, Sánchez optó por quedarse, prometiendo abrir una etapa de “regeneración democrática” y confrontar lo que denominó la “maquinaria del fango”.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar: mientras el Ejecutivo cerraba filas defendiendo la inocencia de Gómez, la oposición (especialmente PP y Vox) exigía explicaciones inmediatas y vinculaba el caso con supuestas irregularidades generalizadas en el entorno socialista.
Investigación judicial: jueces protagonistas y polémicas
El juez Juan Carlos Peinado asumió la instrucción y comenzó a desgranar las diferentes líneas abiertas por la denuncia. Las primeras diligencias se centraron en las cartas de recomendación firmadas por Gómez para Barrabés, supuestamente decisivas para la obtención de contratos millonarios con entidades públicas como Red.es.
Pese a los informes exculpatorios emitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —que no hallaron indicios claros de delito— el juez mantuvo viva la causa e incluso amplió su alcance. Peinado llegó a citar como investigados o testigos a figuras como Joaquín Goyache (rector de la Universidad Complutense), Juan José Güemes (IE Business School), el propio Barrabés y asesores vinculados a Gómez. En un giro digno del mejor thriller político, varios testigos acabaron también imputados tras sus declaraciones.
La instrucción estuvo trufada de episodios insólitos: citaciones a declarar justo antes de elecciones europeas, suspensiones repentinas porque la defensa no había sido notificada correctamente o incluso idas y venidas sobre qué hechos concretos se estaban investigando. El juez Peinado fue acusado por las defensas y parte de la opinión pública de practicar una instrucción “errática”, basada más en titulares periodísticos que en pruebas sólidas.
La estrategia del Gobierno: defensa cerrada y contrataques judiciales
La respuesta del Ejecutivo fue tan contundente como coordinada. Los ministros repitieron hasta la saciedad que las acusaciones carecían de fundamento jurídico y respondían a intereses espurios. Se sucedieron las cartas abiertas a la ciudadanía —un género epistolar que ya es marca Sánchez— denunciando intentos claros de desestabilización política.
A nivel legal, tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez presentaron querellas contra el juez Peinado por presunta prevaricación judicial y revelación de secretos. Ninguna prosperó: tanto el Tribunal Superior como la Fiscalía rechazaron abrir investigaciones contra el magistrado o admitieron solo parcialmente los argumentos esgrimidos por los abogados del entorno presidencial.
Efectos colaterales: crisis diplomática y desgaste institucional
El caso no solo tuvo impacto interno. En plena vorágine mediática, unas declaraciones del presidente argentino Javier Milei tachando abiertamente a Begoña Gómez de “corrupta” durante un acto organizado por VOX provocaron una crisis diplomática sin precedentes entre España y Argentina. El Ministerio de Asuntos Exteriores español llegó a retirar a su embajadora en Buenos Aires tras negarse Milei a pedir disculpas oficiales.
A nivel institucional, el debate sobre los límites entre información periodística e injerencia política volvió al primer plano. El Gobierno amagó incluso con reformas legales para regular la actividad mediática, aunque finalmente optó por reforzar su relato sobre las supuestas campañas orquestadas desde determinados sectores contra Pedro Sánchez.
Evolución reciente: ampliación de delitos e imbricación política
Con el paso de los meses, lejos de decaer, la causa sumó nuevos ingredientes. En octubre, el juez instructor amplió las imputaciones contra Begoña Gómez añadiendo presunta apropiación indebida e intrusismo profesional tras admitir una querella adicional presentada por Hazte Oír. La citación para declarar quedó fijada para noviembre; entretanto, Gómez se acogió a su derecho constitucional a no declarar tanto ante el juez como ante comisiones parlamentarias autonómicas.
El propio presidente del Gobierno fue citado como testigo —en calidad exclusivamente personal— pero ejerció su derecho legal a no declarar por ser cónyuge directo. No obstante, esa imagen inédita del jefe del Ejecutivo siendo llamado ante un juez alimentó aún más la batalla política entre PSOE y PP.
Por si fuera poco, cada vez que parecía que alguna línea quedaba archivada —como las relacionadas con el rescate público a Air Europa— surgían nuevas derivadas centradas en cuestiones académicas (como la gestión de cátedras universitarias) o contratos menores firmados por empresas relacionadas con Barrabés.
Un caso judicial convertido en campo minado político
Resulta difícil encontrar en democracia reciente un sumario judicial tan mediatizado y prolongado como este. El aniversario del caso ha llegado con críticas generalizadas al modo en que se ha dirigido la instrucción: recursos cruzados entre acusaciones populares ultraconservadoras (Vox, Hazte Oír), defensas jurídicas implacables y una Fiscalía dividida respecto al archivo o continuidad del proceso.
En paralelo, cuatro testigos relevantes han acabado imputados durante este año frenético; todos ellos relacionados con actividades profesionales o académicas vinculadas directa o indirectamente a Begoña Gómez. El debate sobre si se está ante una investigación legítima o ante una causa general contra el entorno presidencial sigue tan vigente como el primer día.
