En un contexto marcado por la devastación que dejó la última DANA en la Comunitat Valenciana, la gestión de las ayudas y la reconstrucción se han convertido en el epicentro de una nueva batalla política.
Mientras los municipios afectados siguen esperando fondos y soluciones, la Generalitat Valenciana ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado la creación de una unidad especial de apoyo técnico y administrativo destinada a los ayuntamientos damnificados.
Esta medida, impulsada desde la Vicepresidencia Segunda, supone el “préstamo” temporal de funcionarios autonómicos a los consistorios para acelerar la tramitación y gestión de las ayudas estatales que, según muchos alcaldes y afectados, llegan tarde y mal.
La decisión no es casual. En los últimos meses, las críticas a Pedro Sánchez y su gabinete han arreciado desde varios frentes autonómicos, especialmente por lo que se percibe como una mala fe en el trato a los damnificados del Levante. La acusación no es menor: se habla abiertamente de retrasos injustificados, trabas burocráticas e incluso cierta insensibilidad política ante una tragedia que ha dejado más de 200 muertos y millonarias pérdidas materiales en localidades como Ontinyent, Alzira o Gandía.
El Consell se remanga: funcionarios autonómicos al rescate
El nuevo plan autonómico contempla movilizar a funcionarios experimentados en gestión de fondos públicos y procedimientos administrativos complejos. Su misión será doble:
- Asesorar técnicamente a los ayuntamientos para que puedan tramitar correctamente las solicitudes de ayuda.
- Agilizar la justificación y recepción de fondos estatales, cuya llegada depende en buena medida del cumplimiento escrupuloso de requisitos formales.
En palabras del propio Consell, se trata de “evitar que ningún municipio afectado por la DANA quede atrás por falta de recursos humanos o conocimientos técnicos”. El refuerzo se canalizará especialmente hacia aquellos ayuntamientos pequeños o medianos, donde la plantilla habitual suele verse desbordada en situaciones excepcionales.
Además, esta unidad especial servirá como puente entre las distintas administraciones, facilitando la comunicación con los ministerios responsables y defendiendo los intereses de los valencianos ante lo que algunos consideran un “trato desigual” por parte del Ejecutivo central.
¿Mala fe o simple incompetencia?
La narrativa sobre la presunta mala fe del Gobierno Sánchez ha ganado fuerza en círculos políticos y mediáticos. Varias voces acusan al Ejecutivo socialista de utilizar criterios políticos —y no solo técnicos— a la hora de repartir fondos extraordinarios tras catástrofes naturales. La percepción entre buena parte del tejido municipal valenciano es clara: las ayudas estatales llegan tarde, llenas de letra pequeña y con escasa voluntad real de facilitar su tramitación.
Algunos ejemplos recientes refuerzan este argumento:
- Trámites eternos para justificar daños materiales y personales.
- Cambios constantes en los criterios para acceder a fondos.
- Falta de información clara sobre plazos, cuantías y procedimientos.
No han faltado alcaldes que han calificado públicamente esta actitud como “una tomadura de pelo”, mientras otros han optado directamente por reclamar apoyo europeo —saltándose al Gobierno central— para no perder más tiempo en papeleos interminables.
La DANA: una tragedia recurrente
No es la primera vez que el Levante español sufre las consecuencias devastadoras de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Sin embargo, lo ocurrido desde finales de octubre ha superado cualquier previsión: más de 223 fallecidos, cientos de viviendas destrozadas, infraestructuras básicas arrasadas y un tejido social profundamente golpeado. La Generalitat ya aprobó en febrero un paquete urgente para reactivar el tejido asociativo y comunitario en los municipios más afectados, financiando gastos para reparar infraestructuras y reponer equipamientos esenciales.
A pesar del esfuerzo autonómico, muchos vecinos siguen esperando soluciones concretas mientras observan cómo las promesas del Gobierno central se diluyen entre ruedas de prensa y comunicados ambiguos.
Entre el caos administrativo y la picaresca política
En este escenario, no faltan quienes ven en cada nueva catástrofe una oportunidad para el lucimiento político… o para señalar al adversario. La Generalitat Valenciana ha optado por una vía intermedia: menos discursos grandilocuentes y más funcionarios trabajando sobre el terreno. A falta de milagros presupuestarios, lo importante ahora —dicen desde el Palau— es evitar que ningún expediente quede olvidado debajo del montón.
Hay quien apunta con sorna que si algo caracteriza a la administración española es su capacidad para convertir cualquier trámite en una carrera de obstáculos digna del Grand Prix. Pero esta vez, con vidas humanas y economías locales en juego, pocos están dispuestos a aceptar excusas burocráticas.
Curiosidades y datos llamativos sobre el caso
- Los funcionarios movilizados forman parte del cuerpo autonómico conocido popularmente como “pampols”, término valenciano para designar a quienes prestan ayuda extra o puntual a otras áreas administrativas.
- El mecanismo extraordinario activado permite a los ayuntamientos acceder directamente al asesoramiento técnico sin necesidad de engorrosos concursos previos.
- La última DANA ha obligado al Gobierno español a solicitar ayuda internacional: hasta cien equipos europeos especializados en bombeo han sido requeridos para intervenir en comarcas valencianas especialmente afectadas.
- Las ayudas autonómicas recientemente aprobadas cubren incluso actividades culturales como las Fallas, adaptando las subvenciones a una realidad local donde tradición e identidad van ligadas a la recuperación social.
- Entre bromas amargas circula un dicho entre alcaldes levantinos: “El papel lo aguanta todo… menos el agua”. Una ironía que resume bien el hartazgo por la lentitud administrativa tras cada temporal.
