La Fiscalía no se anda con rodeos y sigue su propio camino imparcial u en búsqueda de una investigación rigurosa, para hallar a los verdaderos responsables de la mala gestión en la tarde aciaga de la Dana sobre Valencia.
Por ello insiste este órgano en señalar con el dedo a la delegada del Gobierno en Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, como una de las responsables clave en el Comité de Dirección del Cecopi en aquella jornada inolvidable de 29 de octubre.
Pero no solo ella: las agencias estatales AEMET y CHJ también están en el punto de mira como piezas fundamentales del grupo de seguimiento del riesgo.
La Fiscalía presentó un escrito el pasado 9 de abril de 2025 que sin embargo llegó a las partes este 22 de abril, algo poco usual y que pone de manifiesto que el juzgado está en otra línea.
Y es que el Gobierno de Sánchez y sus subordinados no pueden lavarse las manos tan fácilmente y tratar de echar las culpas al resto. Lo esencial es que la investigación sea severa.
El Ejecutivo, desde Pilar Bernabé y las agencias estatales AEMET y CHJ, tenía roles claros en el Cecopi. Si no cumplieron, no hay excusas. La pregunta ahora es: ¿quién dará la cara por lo que pasó aquel 29 de octubre?
En el escrito del pasado 9 de abril de 2025, dirigido a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, la Fiscalía deja claro que el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitad Valenciana no admite ambigüedades. Cuando se declara la emergencia de situación 2, el Comité de Dirección del Cecopi debe contar con un representante de la Generalitat (el Conseller competente en Protección Civil) y otro de la Administración General del Estado, es decir, la delegada del Gobierno o su subdelegado. ¡Y punto! El Conseller lidera el plan, pero si el asunto escala a interés nacional, el representante del Gobierno central toma las riendas. Así que, Pilar Bernabé, no hay escapatoria: estabas en el ajo.
Pero la cosa no termina ahí. La Fiscalía detalla que el Cecopi no es solo el Comité de Dirección. También incluye un Comité Asesor, un Gabinete de Información y el propio CECOP. Por eso, exige saber quiénes estaban al mando el fatídico 29 de octubre de 2025. Quiere nombres y apellidos, distinguiendo entre los que vigilaban los riesgos y los que gestionaban los recursos. Nadie se libra del escrutinio.
La Fiscalía pide informes concretos
Y ahora, agárrense, porque la Fiscalía va a por todas y pide informes concretos de esa tarde. ¿Qué se le reclama al Gobierno de Sánchez y sus equipos?
- AEMET, bajo la lupa: La Fiscalía quiere los informes meteorológicos elaborados por los representantes de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué datos dieron sobre la evolución del tiempo o la pluviometría en tiempo real y acumulada? Porque, según el Plan Territorial, AEMET debía estar analizando tormentas y lluvias al minuto. Si fallaron, alguien tiene que responder.
- CHJ, en el ojo del huracán: La Confederación Hidrográfica del Júcar tampoco se salva. La Fiscalía reclama sus informes sobre caudales, embalses y riesgos de presas. ¿Qué pasó con la presa de Forata cuando se activaron los planes de emergencia 1 y 2? El Plan dice que la CHJ debía asesorar al director del plan para proteger a la población y garantizar que los planes de emergencia de presas se cumplieran. Si no lo hicieron, el Gobierno de Sánchez tiene un problema.
- Carreteras, un caos evitable: Por último, la Fiscalía pide el informe del director del plan sectorial de carreteras. ¿Qué análisis hicieron del estado de la red viaria? Porque su trabajo era valorar la información y evitar el colapso. Si las carreteras se convirtieron en una trampa mortal, la responsabilidad recae en los subordinados de Sánchez.
En plena primavera de 2025, cuando aún resuenan los estragos de la DANA que azotó el Levante español el pasado octubre, el terreno ni se ha recuperado aún, el tablero político y judicial vuelve a sacudirse. La magistrada encargada del caso ha rechazado, en un auto reciente, citar como investigada a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, un movimiento judicial que ha generado un terremoto mediático y político. Y es que la estrategia de la socialista ha pasado por repetir hasta la saciedad que todo dependía de un «mando único» del Centro de Coordinación Operativo Integrado Cecopi y, por ende, toda la culpa, recaía sobre la exconsellera Salomé Pradas. Una idea que la Fiscalía tira por tierra señalando la responsabilidad de la delegada valenciana de Pedro Sánchez en el seno del Cecopi.
