La corrupción de la izquierda se expande por todo el territorio nacional.
Ahora, es el turno de Cantabria, región gobernada ad infinitum por Miguel Ángel Revilla. El gobierno regional otorgó contratos por un valor de 8,8 millones de euros a un grupo de empresas implicadas en una trama de corrupción. Estos convenios fueron otorgados sin pasar por concurso público, durante la pandemia de coronavirus.
El pasado 22 de febrero, agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria entraron en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, después de detectar múltiples irregularidades en las adjudicaciones públicas millonarias relacionadas con el mantenimiento de las carreteras de la comunidad autónoma. Al finalizar la búsqueda, se informó sobre la detención de un funcionario y varios empresarios.
Según reporta El Debate, durante el período 2019-2022, la Consejería de Obras, bajo el liderazgo del partido regionalista de Revilla, otorgó contratos por un valor total de 8.879.439,01 euros. El consejero que dirige este departamento es José Luis Gochicoa, actualmente en el cargo, adjudicó los convenios a un grupo de compañías que conformaron una red de corrupción: Rucecan SL, Api Movilidad SA, la UTE, compuesta por Rucecan SL y Obras del Norte SA, y Centro de Jardinería La Encina SL.
Por su parte, el presunto líder de la trama corrupta, era el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Díez, quien estaba en funciones hasta su detención el pasado jueves. Según consta en el auto de ingreso en prisión sin fianza, Díez habría obtenido ingresos ilegales por un valor de tres millones de euros durante el año 2022. A pesar de percibir un salario anual de 69.000 euros, el cabecilla de la trama disponía de cinco propiedades inmobiliarias.
Estos contratos fueron adjudicados a través del procedimiento de emergencia, evitando que se realizaran licitaciones y concursos públicos. Estos acuerdos se llevaron a cabo entre los años 2019 y 2022, según lo informado por este periódico. Además, muchas de estas adjudicaciones tuvieron lugar durante la pandemia del coronavirus.
Del grupo de empresas, la que más dinero público obtuvo fue Rucecan, dedicada a la construcción, que obtuvo 4.709.575,77 euros. Api Movilidad SA, que se dedica a proyectos de ingeniería civil, consiguió 2.632.876,79 euros. Después se encuentra UTE, con 858.654,14 euros. Y el Centro de Jardinería La Encina, fue la que menos cobró, con 678.332,31 euros.
De momento, el presidente cántabro, Revilla, ha descartado destituir al consejero Gochicoa a pesar de la investigación policial. «Cuando seamos capaces de leer el sumario, daré una respuesta», declaró el gobernante regional en medio del escándalo.
Estas declaraciones contrastan con las que hizo hace algunos años en numerosas entrevistas televisadas, en las que se refería a los casos Gürtel y ERE diciendo: «Habrá que considerar si un presidente no se ha dado cuenta, lo que me parecería grave. Si no se da cuenta, no es muy capaz, y si se da cuenta, es un delincuente».
