«Los valencianos vamos a quitarte la vida», «estás muerto» y «vamos a pegarle un tiro entre ceja y ceja a Mazón».
La tensión política en la Comunidad Valenciana alcanzó nuevos niveles con la reciente detención de un hombre acusado de amenazar de muerte al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Este incidente ha desatado una serie de controversias que van más allá del propio acto delictivo, poniendo de manifiesto las complejas dinámicas entre las fuerzas de seguridad, el gobierno autonómico y el central.
Las amenazas contra Carlos Mazón no fueron un hecho aislado, sino una campaña sostenida de intimidación que se prolongó durante varios meses. Desde diciembre de 2024, el presidente de la Generalitat Valenciana venía recibiendo mensajes amenazantes a través de su cuenta de Instagram. Entre los mensajes más perturbadores se encontraban frases como «Estás muerto», «vamos a pegarte un tiro» y «vamos a quitarte la vida».
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno valenciano no tardó en poner los hechos en conocimiento de la Policía. La investigación policial, que se extendió durante semanas, finalmente dio sus frutos con la detención del presunto autor de las amenazas.
Perfil del detenido y polémica informativa
El individuo arrestado es un joven con tendencias independentistas, lo que añade un matiz político adicional al caso. Sin embargo, las autoridades señalaron que la investigación no se limita a este único sospechoso. Los agentes están explorando la posibilidad de que existan más implicados en la campaña de amenazas contra Mazón, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el futuro próximo.
La detención del sospechoso, lejos de cerrar el caso, abrió un nuevo frente de controversia. Según informaciones publicadas por diversos medios, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría prohibido a la Policía informar sobre la detención del hombre que amenazó de muerte a Mazón. Esta supuesta orden generó un intenso debate sobre la transparencia en la gestión de casos de seguridad que afectan a figuras políticas.
Las acusaciones contra Marlaska sugieren que podría haber intentado minimizar la repercusión mediática del caso, posiblemente para evitar que se relacionara la ideología independentista del detenido con las amenazas. Esta situación ha llevado a algunos sectores a cuestionar si existe un trato diferencial en la gestión de amenazas dependiendo de la afiliación política de las víctimas o de los perpetradores.
Reacciones políticas y sociales
La noticia de las amenazas y la posterior detención ha provocado una ola de reacciones en el espectro político valenciano y nacional. Desde el Partido Popular, formación a la que pertenece Mazón, se ha exigido una investigación exhaustiva no solo de las amenazas, sino también de la supuesta orden de Marlaska de no informar sobre la detención.
Por su parte, los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana han condenado unánimemente las amenazas, aunque algunos han aprovechado para criticar la gestión de la seguridad por parte del gobierno autonómico. La sociedad civil valenciana también se ha movilizado, con manifestaciones de apoyo al presidente Mazón y llamados a la calma y al diálogo político.
