Suma y sigue.
Siguen saliendo a la luz nuevas informaciones sobre la noche de José Luis Ábalos en el parador de Teruel. Todo sería muy divertido si la juerga de marras no se hubiera perpetrado mientras los españoles estaban encerrados en sus casas en medio de la pandemia y si la factura no se hubiera abonado con dinero público. Supuestamente.
Tal y como publica este 18 de abril de 2025 el diario ‘The Objective’ la estancia del exministro socialista en 2020 fue costeada con fondos públicos, mientras la oposición sigue exigiendo explicaciones por el gasto excesivo.
Según el documento de gastos consultado por el medio sobre los gastos a los que el Ministerio de Transportes tuvo que hacer frente aquel día, «se pagaron 1.150,87 euros por la estancia del entonces ministro: 987,52 euros en alojamiento y manutención y otros 163,35 euros en locomoción«.
La factura del alojamiento fue asumida por el Ejecutivo como parte de una gira institucional. El elevado importe, inusual incluso en establecimientos de gama alta, ha desatado una oleada de críticas por parte de la oposición y de sectores de la sociedad civil, que cuestionan la pertinencia y necesidad de ese gasto.
Los detalles del viaje
El viaje se produjo en un momento de especial sensibilidad económica, cuando el país atravesaba los primeros efectos de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. En ese contexto, la cuantía del desembolso resulta, para muchos, difícil de justificar.
Desde el entorno de Ábalos, sin embargo, se defiende que la estancia respondió a una visita oficial enmarcada dentro de su labor como ministro y que todos los costes fueron gestionados conforme a los procedimientos habituales. No obstante, no se han ofrecido detalles sobre por qué la factura alcanzó un monto tan elevado en un solo día.
El Parador de Teruel, situado en un palacio de estilo neomudéjar, ofrece habitaciones y suites de lujo, aunque los precios suelen oscilar en un rango mucho menor al que refleja la factura oficial. Especialistas en gestión hotelera señalan que para alcanzar ese importe sería necesario incluir servicios adicionales o tarifas especiales no habituales.
El Ejecutivo, por su parte, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, aunque fuentes internas insisten en que se trata de un gasto “puntual y justificado” dentro de la agenda institucional de aquel momento.
La polémica llega en un momento delicado para el Gobierno, que ha sido reiteradamente criticado por la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, y se suma a otras controversias recientes relacionadas con antiguos altos cargos del Ejecutivo socialista.
