MADRID, 09 (OTR/PRESS)
En lo que todo el mundo coincide respecto a la situación del pesquero vasco «Alakrana» es que la prioridad absoluta radica en que los 36 tripulantes que permanecen secuestrados desde que unos piratas abordaron el barco el pasado 2 de octubre en aguas del Océano Indico, vuelvan a casa sanos y salvos. Ese es un deseo compartido en muy primer lugar por quienes están sufriendo en carne propia una situación dramática, los familiares de los marineros, pero también por toda la sociedad española.
No comparto para nada esa especie de «consigna» impuesta por los políticamente correctos que piden cuando no exigen que no se haga ninguna otra consideración hasta que se consiga la liberación de los secuestrados. Y como ni la comparto ni estoy dispuesto a someterme a esa especie de dictadura de silencio, diré lo que pienso. En primer lugar, creo que el Gobierno ha vuelto a demostrar su enorme incapacidad para enfrentarse a situaciones de crisis, que exigen claridad de ideas, marcarse unos objetivos y saber comunicarlos a la opinión pública. Nada de eso ha hecho el ejecutivo de Zapatero.
El Presidente ha estado desaparecido hasta que la situación no aguantaba más en términos de opinión pública. Y para paliarlo ha contado que el pasado domingo telefoneó a Rajoy, cosa que tenía que haber hecho hace días. Ha dejado que su ministra de Defensa, Carme Chacón, diera en los días pasados un espectáculo patético, basado únicamente en el marketing, sin ninguna credibilidad y que crispó a los familiares de los secuestrados. Ante esta situación Chacón fue apartada y sustituida como cara visible por el Ministro de Exteriores que ha manejado la situación con algo más de soltura e inteligencia. Mientras tanto, la supuestamente encargada de coordinar el gabinete de crisis, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, se cogía un avión el viernes y se iba a Argentina a no se sabe que, en un acto de enorme frivolidad e irresponsabilidad. Tampoco el PP ha estado fino con sus críticas públicas a la acción del Gobierno dando la impresión que querían sacar tajada electoral de una cuestión en la que los ciudadanos quieren ver a todos los partidos unidos.
Pero tampoco se sabe muy bien cuales son los límites que se ha puesto el ejecutivo ante lo que supone un acto de chantaje terrorista puro y duro. Y sabiendo cual ha sido la conducta de este Gobierno en otras situaciones de chantaje -léase el etarra De Juana Chaos- la cosa no es como para estar muy tranquilos ¿Por qué hay que pagar un dinero a unos indeseables? ¿Por qué hay que retorcer la interpretación de la legislación y situar a los dos piratas detenidos en un país como Kenia? ¿Hasta donde está dispuesto a llegar este Gobierno?, y sobre todo, ¿por qué ha consentido que se llegara hasta aquí? De acuerdo en que la prioridad es salvar las vidas de los marineros, pero eso hay que hacerlo compatible con que unos terroristas no dobleguen ni humillen a todo un País, a todo un Estado de Derecho como es España. Y sobre quien recae la máxima responsabilidad de que esto no suceda es sobre el Gobierno.
