«Marísú» Montero — ministra de Hacienda, número dos del Gobierno y secretaría del PSOE andaluz, presa de un visceral ataque pleno de odio y resentimiento de clases, se enorgullece y no se arrepiente – pese a haber metido la pata hasta el corvejón– de haber atacado oficialmente la independencia del poder os judicial arremetiendo en contra de la «presunción judicial de inocencia», con motivo de la sentencia judicial de Dani Alves.
Todas las asociaciones –cuatro de jueces y tres de fiscales– judiciales de España, «a una», le han enmendado la plana y han suscrito un comunicado conjunto en el que la acusan de atentar contra las bases mismas del sistema judicial y consideran inadmisible que desde el propio Gobierno desacrediten las decisiones adoptadas por los tribunales en el ejercicio legítimo de sus funciones con comentarios que puedan «socavar la confianza en nuestro sistema judicial”.
La «presunción de inocencia», a pesar de ser el principio fundamental del derecho penal por el que «toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme». Sin embargo, son varios los factores que pueden socavar este principio:
1. La presión mediatica y juicios paralelos : en muchos casos, los medios de comunicación emiten juicios antes de que lo haga la justicia, generando una justicia social que influye en la opinión pública e incluso en las decisiones judiciales. Esto puede presionar a jueces y fiscales a tomar decisiones basadas en la percepción pública en lugar de las pruebas objetivas .
2. La politización de la justicia: que es lo que ha pretendido la ministra Montero con su incendiario discurso a modo de «catilinaria», excepto en su clásico comienzo que ha sido sustituido por: ¡ Qué vergüenza la sentencia, después de lo que nosotras hemos luchado por la igualdad»[…], en lugar del ya no menos famoso: «Quousque tándem,abutere, Catilina, patientia nostra»?. Se trata de un claro e intencionado intento de «politizar la justicia», cosa nada extraña en su ideario, ya que usan el poder judicial como un instrumento de persecución política para debilitar la imparcialidad de jueces y fiscales, inhabilitar opositores, fabricar casos o retardar procesos estratégicamente.
3. Un uso excesivo de la prisión preventiva: esta debería ser una medida excepcional, pero en muchos sistemas judiciales se usa como forma de un castigo anticipado, afectando la presunción de inocencia. Esto implica que personas sin condena firme sean privadas de su libertad de manera prolongada, dañando su reputación y derechos fundamentales.
4. Las filtraciones y la manipulación de la información judicial: la filtración de investigaciones en curso a los medios y la manipulación de expedientes pueden influir en la percepción pública y en el desarrollo de los procesos judiciales generando una condena social previa o una presión judicial para dictar fallos esperados y deseados por «determinados» sectores del poder.
Un estado de derecho, fuerte y democrático, debe siempre garantizar que la justicia actúe de manera imparcial, exenta de injerencias externas y con pleno respeto a las garantías fundamentales.
Las declaraciones de la «farruquita de Triana» han cuestionado y debilitado , sin ambages, el principio de «presunción de inocencia», han erosionado la confianza en el sistema judicial y pueden perjudicar a los acusados legal y socialmente. En el ámbito legal, con decisiones judiciales sesgadas, carga probatoria invertida, desconfianza en el sistema judicial y procesos injustos; sin embargo, en el personal y social, dañar su reputación, trastornos emocionales y psicológicos (ansiedad, estrés, depresión) y afectación familiar.
Por todo lo expuesto , hoy más que nunca y, dado la catadura moral y politica del Gobierno, un estado de derecho que se precie, debe ser democrático y fuerte para poder garantizar siempre que la justicia actúe de manera imparcial, exenta de injerencias externas y con pleno respeto a las garantías fundamentales.
Y la próxima semana… ¡hablaremos del Gobierno!
Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
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