Sánchez y los suyos llevan tiempo intentando convertir España en una neo-dictadura socialcomunista y totalitaria. Para ello han dado un paso más hacia adelante y el próximo jueves, 10 de abril, el Congreso de los Diputados votará una nueva «proposición de Ley» para modificar la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, incluyendo como causa
«princeps» de disolución a las asociaciones apologistas del «franquismo» y, que menosprecien o humillen a las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura franquista.
Como tienen excusas para todo, ahora aducen — a modo de una injustificada justificación y, valga este «oxímoron»– que es para reparar y dignificar a las víctimas del franquismo y evitar que determinadas asociaciones «fascistas» exalten un régimen dictatorial que causó graves sufrimientos y miles de asesinatos a muchos ciudadanos y a sus familias. Otras de las razones que aducen a favor son, cumplir con aquellas advertencias internacionales de los Organismo de derechos humanos que instan a todos los Estados a tomar medidas en contra de las fundaciones o asociaciones que difundan discursos de odio o inciten a la violencia y, ¡cómo no! para fortalecer todos los valores democráticos y prevenir el resurgimiento de ideologías fascistas y autoritarias que atenten contra su «sectario» y socialcomunista orden constitucional establecido.
Como para ellos — todo esto responde a una justificada demanda de los colectivos de las izquierdas partidarias de la «Memoria Histórica», ahora, dando una vuelta más de tuerca, quieren aprobar una ley que ataca frontal y directamente a la sociedad civil e ilegalizar a cualquier asociación que no esté de acuerdo ni se ajuste a los principios y contenidos de su vengativa y odiosa «Ley de Memoria Histórica”. Para ello, vuelven a mentirnos afirmando que esta es la única solución que alinearía a España con los estándares internacionales.
Con la excusa de proteger la “democracia” frente al “odio», el Gobierno de Sánchez quiere tener barra libre para acabar con «cualquiera» que le moleste. A los socialistas les da igual que los letrados de las Cortes digan y defiendan que es inconstitucional y antidemocrático ilegalizar asociaciones porque sus ideas no encajen con las de Sánchez, con las de sus socios y no les convenga a sus intereses. Se olvidan, una vez más, de que para poder articular legal y jurídicamente la disolución de una asociación se debe reformar la Constitución o bien reformar el Código Penal, porque la legislación civil le queda supeditada.
Lo único que les importa es finiquitar nuestra unidad, democracia y las libertades avaladas por nuestra votada Constitución del 78. Para eso se inventan razones y de nuevo vuelven a mentirnos diciendo que no hay nada de qué preocuparse, que esta ley es para prohibir solo a aquellas asociaciones franquistas y de la “ultraderecha”. Pero en la ley utilizan, a sabiendas, un lenguaje muy ambiguo y, además, puntualizan que solo ilegalizarán a aquellas que realicen “actividades que constituyan una franca apología del franquismo y su terrible dictadura». ¡Que bien les vendría una buena infusión calentita de rabos de pasa para no olvidarse del «golpe de estado de 1934» en España!.
Se olvidan de que este fue orquestado por el PSOE y la UGT –con Largo Caballero (el Lenin español) e Indalecio Prieto, a la cabeza– con la participación del Partido Comunista de España (PCE) y, en Asturias, con la de la Confederación Nacional del Trabajo(CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), y de los miles de fusilamientos masivos de españoles civiles y religiosos en las famosas y terribles «sacas» rojas llevadas a cabo al amanecer en las silenciosas cunetas de los parajes del arroyo de San José –en Paracuellos de Jarama- y del soto de Aldovea –en Torrejón de Ardoz– con la firma del entonces consejero de Orden Público, Santiago Carrillo.
También se olvidan de que con ella se limitan la libertad de expresión y asociación, se restringen los derechos fundamentales, se penalizan ciertas actividades y muchas expresiones asociativas y se establece un antecedente muy peligroso para la libertad ideológica. Su aplicación es, además de muy selectiva, sesgada. Al centrarse exclusivamente en la apología del franquismo, se deja fuera la exaltación de otras muchas ideologías totalitarias o de las clásicas dictaduras comunistas, muy presentes en el Ejecutivo de Sánchez .
Tampoco deben olvidarse de que la intervención judicial en la disolución de estas asociaciones por motivos ideologicos supone una forma de imponer una visión oficial de la historia al judicializarla, generando una grave controversia sobre la separación de poderes y la interpretación sesgada del pasado. No tienen en cuenta su grave y gran efecto contraproducente, pues al prohibir tendenciosamente ciertas asociaciones –con nombres y apellidos– se corre el riesgo de victimizar a sus miembros y fortalecer sus convicciones, además de trasladar sus actividades a la clandestinidad, dificultando así, sus actividades y el control de su seguimiento.
Sánchez y sus simbióticos socios defienden esta modificación legal como una «exigencia ineludible y reparadora para todos los represaliados y sus familias» y, a la vez, como una medida necesaria de la pedagogía social exigida, frente al blanqueamiento del franquismo y sus nefastas consecuencias sociales y políticas.
La votación en el Congreso será determinante para el futuro de esta iniciativa y reflejará el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas ante un tema tan sensible y polarizador en la sociedad española y, mucho
más, si tenemos en cuenta la manifiesta amenaza del histriónico portavoz de ERC — el «charnego-catalán» Rufián –cuando nos previene sobre lo que él llama «la muy peligrosa ultraderecha» diciendo: […] «¡Están envalentonados como nunca, si no ponemos pie en pared nos van a comer vivos!» .
¡Y la próxima semana… hablaremos del Gobierno!
Pedro Manuel Hernández López , médico jubilado, lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
