Más hijos, menos impuestos» suele ser la forma de resumir la política húngara de fomento de la natalidad y protección de la familia.
La combinación de exenciones fiscales, desgravaciones, préstamos, subsidios y creando un entorno social favorable, ha logrado revertir la crisis demográfica que atravesaba Hungría a la altura de 2011.
Sus resultados pueden servir como orientación para los países de Europa occidental que, como España, están atravesando un duro invierno demográfico.
El invierno demográfico que Europa está atravesando resulta aún más crudo en España.
Los datos más recientes del INE (2023) resultan devastadores.
En nuestro país hubo, en 2023, sólo 320656 nacimientos.
Entre los años 1950 y 1970 nacían cada año entre 600 000 y 650 000 niños. Hoy no se llega ni a la mitad de esa cifra.
El número medio de hijos por mujer se reduce a 1,12. Los nacimientos de madres nacidas en el extranjero suponen el 31,3% del total. La nupcialidad sigue en descenso: os matrimonios bajaron un 3,7% respecto a 2022.
Hay muchas causas de este preocupante descenso de la población.
Desde las aterradoras cifras del aborto en España –en 2023 se practicaron en España 103.097 abortos, lo que supone 4.781 más que en 2022- hasta el número de madres potenciales, que no hace sino disminuir.
La precariedad laboral, la asfixia tributaria de las clases medias, la estigmatización de la maternidad y la paternidad y otros factores económicos, sociales y culturales se cohonestan en un círculo vicioso que, de hecho, condena a las familias a la desaparición.
Durante años, se trató de tranquilizar a la opinión pública con la idea de que esa población decreciente se compensaría con la inmigración.
Hoy están a la vista las consecuencias de ese enfoque errado: la unidad nacional y la cohesión social se están resintiendo mientras la inmigración irregular impone unos costes económicos que no hacen sino tensionar unos servicios públicos cada vez más precarizados.
Tal vez sea el momento de explorar políticas alternativas que gravitan sobre el apoyo a las familias nacionales en lugar de impulsar la llegada de extranjeros.
El caso húngaro, en este sentido, resulta paradigmático.
El Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo ya reconoció con su ‘Premio Defensa Pública de la Vida” de 2023 a las políticas de familia del gobierno húngaro.
En realidad, la situación demográfica de Hungría también tiene que mejorar todavía bastante.
Hay un millón menos de húngaros que en 1981. La tasa de fertilidad tocó fondo en 2011 con la preocupante cifra de 1,23 hijos por mujer.
Sin embargo, catorce años después, Hungría ha pasado de ser el país de más baja fertilidad de la región a ser el sexto de la Unión Europea.
La cosa va mejorando aunque queda mucho por delante.
La política fiscal es un buen primer paso para revertir esta tendencia suicida.
Desde 2011, Hungría tiene planes especiales para proteger e impulsar la familia.
Hace apenas unas semanas el primer ministro, Viktor Orbán, ha anunciado que las madres con dos o más hijos estarán exentas de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF) de por vida.
Esto se suma a las medidas de apoyo a las parejas como subsidios para la compra de vivienda y préstamos con condiciones beneficiosas para parejas casadas y al establecimiento de exenciones tributarias para madres con cuatro o más hijos.
En realidad, se está premiando económicamente –por vía de exenciones, desgravaciones y otras medidas- a quienes tienen hijos.
Hay aquí una apuesta política interesante: tener hijos es bueno y ha de tener una recompensa.
Así, con las nuevas medidas, habrá húngaras que jamás en su vida pagarán IRPF.
Hasta los 25 no lo paga nadie. Entre los 25 y los 30, si la mujer tiene un hijo tampoco paga el impuesto.
Luego, con las nuevas medidas, si tiene dos o más queda exenta del pago.
Suele resumirse la política de familia en «más hijos, menos impuestos», pero detrás hay toda una concepción de la comunidad nacional.
Se considera que tener hijos es ya una forma de contribuir al bienestar y la supervivencia de la nación de modo que es la sociedad la que debe apoyar a las madres y las familias.
Este enfoque resultaría muy beneficioso en España, donde el debate sobre el futuro de las pensiones va estrechamente ligado a la crisis demográfica y la cohesión social.
