Por José María Arévalo
(Viñedo de la D.O. Ribera del Duero en Peñafiel)
Llevamos varios años en que la prensa local recoge noticias sobre el problema de las macrogranjas instaladas en las proximidades de las viñas de la denominación Ribera de Duero, y la lucha de esta contra la implantación de aquellas en su zona. La última noticia que he visto es de noviembre del pasado año, en que titulaba “Ribera del Duero se planta contra el «acoso» de las macrogranjas y las plantas de biogás” y “Viticultores y bodegas de la D.O. crean una plataforma para luchar contra este tipo de instalaciones y exigen a la Junta que imponga restricciones”, así como “«No se puede desarrollar el sector al lado de la industria del cerdo», afirman”.
La lucha viene de lejos, del 2022 en que se planteó una demanda contra estas macrogranjas y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resolvió en 2023 a favor de las macrogranjas, por los motivos que ahora veremos. Pero antes vamos a ver como sigue luchando la denominación Ribera de Duero.
La prensa de estos últimos meses recoge que desde la plataforma de bodegueros se insiste en que su planteamiento no va en contra de la ganadería ni de la agricultura, como tampoco de las iniciativas empresariales que nutran a la zona amparada en la Ribera del Duero. Nada de eso, su gran petición es situar las macrogranjas de cerdos en los terrenos fuera de la Denominación de Origen y así se lo trasladaron al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una reunión celebrada en septiembre pasado. «La principal medida es que es que la Junta de Castilla y León haga una Proposición No de Ley (PNL) que libre a la Denominación de Origen de la implantación de nuevas macrogranjas o ampliación de las que tiene. Esa es la medida que pedimos y es, además, la medida que la misma Consejería de Medio Ambiente nos dijo que era la vía de hacerlo. Nos dio buenas palabras y se comprometió con nosotros en, no más de dos semanas, moverlo y hacer un boceto de la PNL», aseveran al respecto.
PENDIENTE DE FERNÁNDEZ MAÑUECO
Dos meses después de ese encuentro y con la decisión encima de la mesa del presidente del Ejercutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, la situación sigue en stand by. «No han hecho nada», lamenta García al respecto. Ahora, ante la «urgencia» que se siente en la plataforma de bodegueros de la Ribera del Duero, especialmente por las diferentes solicitudes para instalar plantas de biogás en terrenos integrados en la Denominación de Origen, han solicitado una nueva reunión a Mañueco. Pero aún no han recibido respuesta.
Sin avances, los representantes de las bodegas y viticultores de la Ribera del Duero, que alcanzan un número mayor a 6.000, están preparados para unir sus voces con los ayuntamientos de municipios de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. «Están muy agitados y nos están pidiendo unirse a lo que es la Denominación de Origen. Es un paso que estamos ya en ello con el fin de luchar todos juntos porque no podemos cargarnos la Ribera de Duero por este asunto», manifestaba más receintemente un representante de la denominación.
Y es que no solo es una cuestión que afecta a bodegueros y viticultores, sino también a los propios residentes de los municipios donde se pueden erigir macrogranjas porcinas o plantas de biogás, que ya se han movilizado en contra de su llegada. «Tener una instalación así cerca nadie lo quiere», asegura la representante de la plataforma de bodegueros de la Ribera del Duero, que añade el problema de la contaminación por nitratos en el agua. «En Gumiel de Mercado tienen dos fuentes de donde bebe todo el pueblo. Pero hay una de ellas que la han tenido que cerrar por no ser apta para su consumo», detalla.
Por todo ello, lanza la proclama a «poner en pie en guerra» por conseguir el respeto de la D.O. Ribera del Duero que, como apunta García, se transformó a partir de los viñedos y sus caldos: «Hace 40 años era una zona hace donde se sembraba cereal y se recogía muy poco cereal y era una ruina económica. Pero el sector vinícola la ha puesto económicamente a funcionar. Y además en el mapa del mundo, con una marca tan potente como es Ribera del Duero, en la que que pueden pensar desde alemanes hasta japoneses. No entorpezcamos esa marcha brillante».
LA HISTORIA
La actividad porcina, que comenzó en España en las regiones de Aragón y Cataluña, llegado desde Países Bajos, se trasladó a Castilla y León acompañada de quejas sin respuestas. En busca de un sitio, el terreno que abarca la D.O. Ribera del Duero fue como encontrar una mina de oro para los empresarios porcinos, pudiendo abarcar hasta cuatro bastas provincias como son Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.
Crecieron las explotaciones y también lo hicieron las macrogranjas, hasta llegar a un censo de cerdos en Castilla y León de 4,7 millones de cabezas. Y es que, además del terreno cedido por agricultores y ganaderos, las empresas se benefician de una normativa «laxa» que afecta a la Ribera del Duero, que se muestra en «pie de guerra» contra las administraciones al no conseguir una regulación específica que impida el desarrollo de estas actividades incompatibles con el cultivo de la uva.
«La invasión de este tipo de proyectos pone en grave riesgo el porvenir de los proyectos vitivinícolas y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona», continúan en su alegato. Porque no solo es la producción de vinos lo que permite crear riqueza a Ribera del Duero, sino también sus rutas temáticas y enoturismo. Es lo que convierte a esta Denominación de Origen en una «joya», al nivel de la Toscana o Napa Valley. «Pero en el momento en el que te ponen una macrogranja cerca, eso se acaba».
DECISIONES JUDICIALES
La Justicia avaló en 2023 la construcción de una macrogranja porcina frente a viñedos en Burgos al no considerarla una instalación industrial y negar que dañe la producción. “Los cerdos ganan la batalla judicial al Ribera del Duero” titulaba el diario Sport el 5.10.23. Y explicaba que los viticultores de la DO Ribera del Duero llevan años luchando contra estas instalaciones por la contaminación del suelo y los olores. “A Yolanda García, enóloga y directora de Bodegas Valduero, se le llevan los demonios al pensar que en breve puede tener una macrogranja de 6.000 cerdos muy cerca de sus 200 hectáreas de viñedo en Gumiel del Mercado. Hasta seis son las bodegas que se verán afectadas si la instalación sale adelante en este pequeño pueblo de Burgos de 300 habitantes que, sin embargo, se sitúa entre las localidades con más cepas la Ribera del Duero de toda la provincia: 1.483 hectáreas de viñedo.
“Es un problema muy grave», sostiene García, que considera que la administración se tira piedras contra su propio tejado. «Gumiel de Mercado es un pueblo viticultor, hemos generado empleo, hemos fijado población, hemos hecho mucha inversión y la propia administración también, para ahora poner una macrogranja que, además, estaría completamente rodeada de viñedos», aprecia la enóloga, que ya planea junto a numerosos bodegueros de la Denominación de Origen Ribera del Duero hacer una plataforma de afectados por las macrogranjas.
CONTAMINACIÓN
La proliferación de este tipo de instalaciones en Castilla y León ha puesto en guardia a los bodegueros, que consideran que la contaminación de los purines al suelo freático puede dañar sus cultivos a medio y largo plazo además del mal olor que provocan, que es contraproducente para una parte cada vez más importante de su negocio: el enoturismo.
«Mira, yo hago mucho enoturismo porque tenemos un hotel, spa y restaurante en La Vid, donde tenemos la bodega», dice José Zapatero, director de la bodega El Lagar de Islilla, también en Burgos. «Teníamos previsto hacer un mirador donde se vieran los viñedos, junto a la sierra de Malta y la de Madrid, que además hay un castillo; al final he tenido que desechar el proyecto porque el mal olor que genera es tremendo».
Zapatero sabe ya lo que es que te planten una macrogranja frente a tus viñas. De hecho, junto a Bodegas Cuevas Jiménez, trató de frenar en los tribunales la instalación de una muy cerca de sus viñedos en San Juan del Monte. Una granja de 1.999 cabezas de ganado porcino de cebo que al no llegar a 2.000 ejemplares no necesitaba siquiera de una declaración de impacto ambiental y solo la licencia urbanística del Ayuntamiento.
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Burgos determinó en enero de2023 que al levantarse en un suelo rústico común estaba permitida una explotación de granja porcina y no hacían falta más autorizaciones de las que procede “conforme la legislación sectorial”. Asimismo, estimaba que la instalación era ganadera y no industrial como denunciaban las demandantes, que argumentaron que se debían construir dos naves industriales y un edificio de oficinas con una construcción de 3.339 metros cuadrados, además de una balsa de purines de 2.000 m2, lo que provocaría que no fuera “una instalación de ganadería intensiva” como tal y requiera de muchas más autorizaciones. En su demanda judicial ponían el énfasis en que la “proliferación de industrias de producción de porcino en la zona puede conllevar grave riesgo para la actividad vitivinícola de la zona”.
PERMISOS
Tanto la empresa gestora de la granja, González S.A.T., como el Ayuntamiento de San Juan del Monte, esgrimieron que no necesitaban un permiso extraordinario y que las bodegas demandantes no tenían bodega ni ninguna instalación dedicada a la elaboración del vino o el enoturismo en el municipio citado “ni en sus proximidades” y que ellos solo explotan en el municipio “determinadas fincas rústicas dedicadas al cultivo de viñedo”.
Después de recurrir la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó la petición de los demandantes al ratificar que la explotación solo es de uso ganadero “ya que no se realiza transformación de producto”, por lo que no es industrial, tal y como señala la sentencia publicada el 17 de mayo de 2023 y contra la que cabe recurso ante el Supremo.
“Nosotros no estamos en contra de las granjas de cerdo. Está claro que todo el mundo tiene el derecho a montar su empresa, pero lo que pedimos es que se regule y estas granjas se instalen donde no haya otra actividad económica. El tribunal con esa sentencia nos vino a decir que se puede poner en cualquier lugar y sin pedir permisos”, aprecia Zapatero, que considera que “es de sentido común” que una industria que se instale nueva en un sitio no genere perjuicios a “los que ya hay alrededor”.
“Nosotros nos vimos que de la noche a la mañana empezaron a construir después de que el Ayuntamiento vendiera los terrenos. Fuimos a los juzgados porque no nos parecía correcto que se levantara una granja en un espacio que de alguna manera es muy importante de cara a la comarca”, asegura Zapatero, que tenía previsto hacer un pozo subterráneo en sus fincas debido a las exigencias que impone el cambio climático, pero ahora tiene muchas incógnitas por resolver tras la llegada de los cerdos. Lo del enoturismo lo da por zanjado: “Es que no puedes traer a nadie a los viñedos, con este olor…”
“A nosotros no ha hecho daño porque nos la han puesto donde está la viña vieja, a la que damos mucha importancia”, prosigue el viticultor, que como muchos bodegueros de la zona teme la tendencia que se vive en la región. “Si aquí hay 2.000 cerdos lo que quieren hacer en Gumiel es una barbaridad, que son 6.000. Lo único que queremos es que se regule la situación porque va a hacer mucho daño a Castilla y León. Antes el mayor foco de granjas estaba en Mérida pero ahora hay una corriente de venirse para acá”, asegura el empresario, en plena vendimia estos días.
«REGULACIÓN LAXA»
“Es que aquí la regulación es mucho más laxa para las macrogranjas”, retoma Yolanda García sobre las exigencias legales para estas instalaciones, entre las que está establecer que la distancia entre una instalación porcina y el núcleo urbano pueda oscilar entre 50 metros y un kilómetro, según se trate de viviendas aisladas o no y del tamaño que tenga la explotación. En el caso de Gumiel, la Junta de Castilla y León emitió un informe el 5 de septiembre de 2022 que sometía a información pública el proyecto de esta instalación, que pretende acoger 6.000 cerdos de cría de 20 a 120 kilogramos. Se dieron 30 días para presentar alegaciones, algo que a priori el Ayuntamiento planteaba hacer, aunque este periódico ha tratado sin éxito de confirmarlo.
“Lo que creemos los bodegueros”, aprecia García, “es que hay kilómetros y kilómetros cuadrados en esta comunidad donde no se crea nada ni se planta nada, y donde podrían ir estas granjas”. Según la directora de Valduero, el proyecto de la instalación de Gumiel estuvo “un año oculto en un cajón del Ayuntamiento” sin que les dijeran nada y de repente vieron que “iba para adelante” causando un gran perjuicio a hasta seis bodegas.
Según datos de la Junta de Castilla y León, las macrogranjas porcinas de la zona de Ribera aumentaron su producción en 21.000 cerdos en 2022, pasando a 108.227, lo que duplicó el número de animales que vive en la zona, según informó en su día Diario de Burgos.
