“Autodestrucción”, de Josep Martí Blanch; “Sánchez asume que Podemos será quien le saque del poder”, de Ainhoa Martínez; “Los monjes del Valle aprueban el acuerdo del Vaticano y Moncloa”, de José Beltrán; “El pacto Moncloa-Junts desmentido por los datos: Madrid acoge más menores inmigrantes que Cataluña”, de Cristina De la Hoz; y “Varios tribunales tratan de involucrar a Europa en una guerra inédita con el Constitucional”, de Alberto Pozas
(“Las tablas de los aranceles”. Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 3 )
AUTODESTRUCCIÓN
Artículo de Josep Martí Blanch publicado en La Vanguardia el pasado día 3
La justicia sólo lo es si me da la razón. En esas estamos en todo Occidente. Únicamente plegada al propio deseo, o al beneficio electoral intuido, la justicia merece tal nombre. Quizás sea cierta la pesimista hipótesis de que la democracia abriga en su seno el gen de la autodestrucción. Y que es en la deslegitimación continuada de los tribunales de justicia donde el cáncer, la reina de las enfermedades autoinmunes, tiende a manifestarse con más virulencia y efectividad.
¡Ojo! La justicia no es ni puede ni debe ser intocable. Tampoco los jueces. Someterlos a escrutinio es una obligación democrática. Hay magistrados vergonzosos. Manchas con nombre y apellidos que ensucian un oficio que no merecen ejercer. Algo que, por otra parte, en nada les diferencia de otros gremios. Cada colectivo profesional carga con sus propias cruces.
Pero no es la necesaria salvedad anterior la que ha secuestrado el debate político a rebufo de la sentencia absolutoria a Dani Alves en segunda instancia. De lo que venimos hablando desde hace días es en realidad de la descarnada pretensión de acabar con la justicia institucionalizada y garantista practicada en los tribunales en favor del ajusticiamiento popular con el aval de algunos de nuestros dirigentes.
Es muy preocupante observar cuan explícitos han sido los discursos de personas a las que debería acompañar siempre un plus de responsabilidad en sus palabras, (desde la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Jesús Montero, hasta el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, por citar solo dos ejemplos) señalando el camino que conduciría a los jueces a convertirse en simples avaladores de sentencias previamente dictadas en barras de bar, plazas del pueblo y medios de comunicación.
Se le supone al liderazgo institucional y político un plus de formación, raciocinio y mesura en la aproximación a los asuntos complejos. Y no un simple abandonarse a la pulsión argumental más primitiva bajo pretexto de sacar algún provecho. Pulsión que, aun pidiendo disculpas como ha hecho finalmente la ministra Montero, contribuye a derruir un pilar de toda sociedad democrática. Tal es el caso de la presunción de inocencia y la exigencia de que los delitos, de cualquier naturaleza, deban probarse. Si de lo que se trata es de empujar en esa dirección hagámoslo sin disimulo: cerremos los juzgados y sustituyámoslos por tribunales populares constituidos en cualquier redacción o taberna de tres al cuarto.
Un problema no se arregla creando otro. La frustración por la imposibilidad de acabar con la plaga del abuso sexual no se amortigua quebrando el principio de igualdad ante la ley. La preeminencia en la agenda política de los delitos sexuales no debe derivar en la rebaja de las garantías procesales. El yo sí te creo hermana sirve como necesario ejercicio de empatía para con las víctimas –reales o autopercibidas como tales–, pero ni puede ni debe tener fuerza probatoria alguna. La mirada de género que se reivindica ante determinados delitos no equivale a un juicio a la carta. Por último, el miedo a que una sentencia absolutoria produzca efectos indeseados, como que otras mujeres concluyan que no vale la pena denunciar una agresión sexual, no justifica la exigencia de que todo juicio equivalga a una condena para evitar ese riesgo.
Nada de todo esto equivale a frivolizar con la epidemia de agresiones sexuales que sufren las mujeres o, peor aún, a empatizar con el agresor en detrimento de la víctima. Tan sólo se trata de ser conscientes de las limitaciones y dificultades para establecer verdades judiciales en un entorno garantista, que es el que corresponde a una democracia avanzada.
El Gobierno ha pedido a los jueces que se expliquen mejor. Nos parece esta una exigencia con carácter general de lo más sensata. En justa correspondencia también lo es pedirle al Ejecutivo –y a toda la clase política– que se abstenga de prender según qué fuegos. Si a los jueces se les pide que piensen antes de escribir, habrá que rogarles a nuestros representantes institucionales que hagan lo propio antes de hablar. Seguro que pueden. Querer ya es otra cosa.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/autodestrucci%C3%B3n/ar-AA1Cc6rn?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=caf2edcc3f3249879af1baf54c843680&ei=56
SÁNCHEZ ASUME QUE PODEMOS SERÁ QUIEN LE SAQUE DEL PODER
Artículo de Ainhoa Martínez publicado en La Razón el pasado día 2
El movimiento reactivo de Pedro Sánchez el 29 de mayo, día después del descalabro socialista en las municipales y autonómicas, anticipando las elecciones generales para julio de ese mismo año 2023, sorprendió a la izquierda sin tiempo para deshacerse en varias candidaturas. Podemos se integró a marchas forzadas y con muchas resistencias en Sumar, ante lo acuciante de un calendario acelerado que obligaba a tomar decisiones sin margen para que las rencillas internas se impusieran.
Se vieron obligados a dejar a Irene Montero en el camino, un veto impuesto por la propia Díaz, lo que pesó demasiado y acabó por implosionar la candidatura pocos meses después, con la integración de Podemos en el Grupo Mixto. Este movimiento aglutinador es hoy una quimera y en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que la salida de La Moncloa vendrá impuesta por su flanco izquierdo. Lo saben porque en 2019 Sánchez jugó con la división de la derecha –en tres, PP, Ciudadanos y Vox– a su favor.
Entonces, anticipó las elecciones generales con la «foto de Colón» todavía viva en la retina del votante y ahora, en plena guerra fratricida entre sus socios, el galimatías de la izquierda es uno de los incentivos para que el presidente se mantenga firme en su vocación de alejar las urnas todo lo posible. El objetivo es, precisamente, dar tiempo para que el espacio se «reorganice». «En las condiciones actuales perderíamos el poder», resuelve tajante un alto dirigente socialista, que considera «imprescindible» que exista una candidatura de unidad para tener alguna oportunidad de reeditar la mayoría actual.
Desde el PSOE tratan de empujar, con prudencia para que no se perciban sus llamamientos como una injerencia interna, y apelan a sus socios a superar las «cuitas internas» y buscar un frente común. «Equivocan el enemigo. El enemigo no está al lado, está enfrente y es el PP con Vox», inciden.
Aunque los focos apunten habitualmente a Junts, Podemos es ya el principal actor desestabilizador de la actual legislatura y quien puede desalojar a Sánchez del poder en 2027. La influencia que tiene sobre Sumar, a quienes obliga sistemáticamente a endurecer sus posiciones para desmarcarse del PSOE, proyecta una imagen de conflicto interno dentro de la coalición –a cuenta del salario mínimo, los presupuestos, el gasto en defensa, la reducción de la jornada…– que perjudica al Ejecutivo y que a punto ha estado de forzar un conflicto institucional.
En contraposición, Sánchez trata de insuflar oxígeno político al espacio de su socio de coalición, consciente del difícil horizonte electoral al que se enfrenta Sumar. El presidente le va sirviendo a Díaz aquellas batallas que puede ganar en el seno del Gobierno, con la reducción de la jornada laboral o, recientemente, con el salario mínimo, materias sensibles ligadas a la cartera de Trabajo, que permiten a la vicepresidenta segunda cultivar el único perfil que le ha dado réditos, el que desempeña en el Ejecutivo, tras el fiasco en lo orgánico.
Sin embargo, ya comienzan a surgir voces en la parte socialista que reconocen que con Díaz al frente no habrá integración posible de la izquierda. «Ella es un freno», sostienen, aunque sea el rostro más identificable del proyecto. La preocupación es evidente en Moncloa y se acrecienta a medida que se amplifican las diferencias. Desde Sumar han tratado de acercar posiciones en la clausura de su asamblea este fin de semana: «La gente nos está esperando, la gente quiere que caminemos juntas». Pero Podemos se despacha la presión y asegura que «le va muy bien caminando solo». Los morados creen que Sumar «está políticamente muerto» y que Díaz representa la «cobardía» y el «malmenorismo» de una izquierda «dócil» con el PSOE. En este contexto, los socialistas no ocultan que el acuerdo es «casi imposible».
Llegado el momento, en el PSOE tampoco ocultan que no dudarán en dejar caer a Díaz y lanzar una opa hostil a sus votantes. Si el horizonte que se vislumbra hace imposible una coalición de izquierdas, los socialistas volverán a activar la maquinaria para acaparar todo el espectro ideológico progresista. Una apelación al «voto útil» que ya operó en las elecciones europeas, cuando Sánchez se jugaba la contienda en un cuerpo a cuerpo con Alberto Núñez Feijóo, y que sirvió para descapitalizar electoralmente a sus socios, promoviendo el paso atrás de Díaz en Sumar, tras encadenar varias derrotas en el mismo semestre.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/s%C3%A1nchez-asume-que-podemos-ser%C3%A1-quien-le-saque-del-poder/ar-AA1C6EQY?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=a2f39478aadf43a1acc3b9aa6b99ab5d&ei=46
LOS MONJES DEL VALLE APRUEBAN EL ACUERDO DEL VATICANO Y MONCLOA
Artículo de José Beltrán publicado en La Razón el pasado día 1
La comunidad benedictina se siente sana y salva. Es la sensación que los religiosos que había en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos están transmitiendo a su entorno más cercano después de que haya trascendido el acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede que ratifica su continuidad en el enclave madrileño, con todo lo que implica.
Podrán seguir adelante tanto con su vida en el monasterio, así como con la educación de los niños que forman parte de la Escolanía y de la hospedería que regentan.
Además, continuarán al frente de todas las celebraciones litúrgicas de la basílica ubicada en Cuelgamuros.
Tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN a través de quienes están acompañando a los monjes en estas complejas semanas, los consagrados bendicen el acuerdo al que han llegado la Santa Sede y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Es más, consideran que la resignificación anunciada por Moncloa en algunos espacios del templo, como el vestíbulo, atrio, nave desocupada y cúpula, son cesiones menores.
RESPALDO DE ROMA
Sobre todo, teniendo en cuenta los planes iniciales del Ejecutivo de coalición, que pasaban por expulsarles del Valle de los Caídos y por desacralizar la basílica. «Es un buen acuerdo. Si lo analizas a fondo, todo se mantiene prácticamente como estaba. Y eso es mucho, teniendo en cuenta todo lo que hemos llegado a escuchar», apuntan fuentes eclesiales que han seguido de cerca todo el proceso. Reflejo de este respaldo monacal a la negociación llevada a cabo por Roma y que ha tenido como intermediario al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, es el hecho de que los benedictinos se hayan desmarcado de las protestas promovidas por Hazte Oír a lo largo de estos días bajo el lema «Salvemos el Valle».
Entre las iniciativas, se encontraba una movilización para lograr una participación masiva en las eucaristías dominicales que se celebraron este domingo en la basílica de la Santa Cruz.
Según ha podido corroborar LA RAZÓN, la comunidad ha evitado, con los medios de los que disponía, que estas misas pudieran instrumentalizarse con un fin político o que ayer se les presentara como víctimas de una «traición», como se ha llegado a describir en algunos foros católicos el acuerdo ratificado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Además de los benedictinos, también se habría mantenido al margen el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, que en estos días se encontraba en el Valle participando en una tanda de ejercicios espirituales.
El prelado, uno de los más beligerantes con el Gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Memoria Histórica, evitó que el domingo se le identificara con los planes de Hazte Oír.
Agradecidos por la entrega del ya exprior Santiago Cantera durante la más de una década que ha liderado a la comunidad, los benedictinos de Cuelgamuros buscan ahora recuperar el anonimato perdido en estos años convulsos y pasar a un segundo plano para mostrar, con su silencio mediático y con su vida de oración, que son fieles a la misión que se les encomendó cuando desembarcaron en 1958: rezar por la paz y por la reconciliación. Y para ello han confiado en Alfredo Maroto Herranz, que desde hace justo hoy una semana es oficialmente el nuevo prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Este diario ha podido confirmar que sus hermanos respaldaron «por unanimidad» su nombramiento. Y tal y como ha manifestado a LA RAZÓN desde el entorno de los benedictinos, tanto el nuevo responsable de la comunidad como el resto de miembros quieren mantener un perfil bajo que les permita borrar cualquier matiz ideológico a la misión que tienen encomendada.
Así se puede deducir del mensaje que hicieron público la pasada semana en su web, en el que subrayan que se sienten llamados a «cicatrizar heridas, deponer antagonismos y volver a encontrarse juntos».
De la misma manera, desde el interior de la abadía se muestran especialmente agradecidos por el papel que ha jugado el cardenal Cobo en esta crisis. «Saben que no ha resultado fácil y que viene trabajando desde hace meses para defender la presencia eclesial en este lugar», comenta alguien cercano a la comunidad. «Pero si algo valoran, no es solo que haya dado la cara por ellos con determinación y mano izquierda a la vez, sino que se haya acercado personalmente a la abadía para informarles de los pasos que se habían dado, pero, sobre todo, para apoyarles y acompañarles como padre pastor», añade un testigo de ese respaldo ofrecido por el purpurado.
COBO: «HEMOS DEFENDIDO EL ESPACIO RELIGIOSO»
Menos de un centenar de personas se concentró ayer para protestar contra los obispos en la apertura de la Asamblea Plenaria de primavera en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Convocados por Hazte Oír, los presentes cuestionaban el acuerdo sobre el Valle de los Caídos. El arzobispo Cobo señalaba a este diario estar «perplejo porque esto es la iniciativa del Gobierno y el Gobierno es el que ha dado los pasos, el que tiene la iniciativa y el que ha empezado; es decir, nosotros lo que hemos hecho es defender los espacios religiosos que ahí había en el proyecto que ellos tienen».
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-monjes-del-valle-aprueban-el-acuerdo-del-vaticano-y-moncloa/ar-AA1C1Wfr?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=74a3eeba26dc4a0985ec88338e7263b8&ei=12
EL PACTO MONCLOA-JUNTS DESMENTIDO POR LOS DATOS: MADRID ACOGE MÁS MENORES INMIGRANTES QUE CATALUÑA
Artículo de Cristina De la Hoz publicado en El Independiente el pasado día 1
30-700. Ese es el reparto que, según Junts, acordó con el Gobierno para desplazar a 30 menores inmigrantes no acompañados de Canarias a Cataluña y 700 a la Comunidad de Madrid, conforme al pacto alcanzado hace unas semanas para reformar la ley de Extranjería. Tamaña desproporción respondía, según los interlocutores de uno y de otro lado, al hecho de que Cataluña hacía un esfuerzo mayor de acogida que el resto de los territorios, con la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso en el centro de la diana. Pero ayer fue el momento de poner los datos negro sobre blanco. El último día del plazo que dio el Ministerio de Juventud e Infancia al objeto de que las Comunidades autónomas ofrecieran tanto el número de menores inmigrantes acogidos como el de plazas disponibles para atenderlos, con datos cerrados a diciembre de 2024.
Y los ofrecidos por Madrid y por Cataluña arrojan que en la primera comunidad se atendió a 2.442 chavales frente a los 2.242 de la segunda. Son cifras muy parecidas -con Madrid por delante- que vendrían a desmontar el mensaje de que Cataluña ha sido la más solidaria hasta el punto de quedar prácticamente fuera de la nueva distribución pactada en la reforma de la ley de Extranjería. Incluso las cifras de Andalucía son mayores, pues en su caso son 2.615 los menores migrantes atendidos en 2024, aunque más acorde con la extensión de la Comunidad y su número de habitantes Además, Madrid dice estar al 132 por ciento de su capacidad de acogida, esto es, muy por encima de sus medios, mientras Andalucía habla del 96,32. El Gobierno de la Generalitat no ofrece más concreciones que la afirmación respecto a que el porcentaje de ocupación de plazas es «prácticamente total». Euskadi,por su parte, asiste a 859 niños y adolescentes.
En general todas las Comunidades autónomas, no sólo las populares, aseguran estar por encima de su capacidad real. Muy lejos queda, en números totales, Extremadura, también gobernada por el PP, pues solo acogió a 126 menores inmigrantes desamparados, también en función de su población, aunque aseguran que su ocupación efectiva es del 111,2 por ciento. En Murcia, el número máximo de menores no acompañados migrantes atendidos por los servicios de la Comunidad durante el año pasado fue de 741, con una ocupación efectiva de plazas -de chavales tanto extranjeros como de autóctonos acogidos- de 619. Castilla y León, por su lado, cuenta con 130 plazas para atender a estos menores y ahora mismo ya asiste a 178 niños.
En general todas las Comunidades, no sólo las populares, aseguran estar por encima de su capacidad real y miran con recelo el pacto con Junts en la medida en que puede aliviar la situación en Cataluña, en detrimento del resto de los territorios. También Castilla-La Mancha. El año pasado acogió a un total de 173 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, de los cuales, 139 siguen siendo atendidos por las Comunidad. Pero en cuanto al porcentaje de ocupación, asegura estar cuatro veces por encima de sus capacidades, hasta alcanzar nada menos que un 463 por ciento.
MADRID ABRE LA GUERRA CON EL ALCALDE SOCIALISTA DE FUENLABRADA A CUENTA DE UN CENTRO DE ACOGIDA
Más díscola se mostró Aragón, cuyo presidente, Jorge Azcón, presentó un recurso contencioso-administrativo para no aportar al ministerio de Sira Rego esa información, reclamó tiempo con la petición de medidas cautelares y aguantó hasta casi al límite del plazo. Las comunidades piden transparencia e igualdad de trato, «sin que sea un traje a medida para Cataluña», dijo la consejera murciana de Política Social, Concepción Ruiz.
La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la encargada de ofrecer ayer los datos de su Comunidad, reabriendo la guerra soterrada que mantienen con el alcalde socialista de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala. Defendió que la única vía posible para acoger a nuevos menores es la ampliación de un centro de esa localidad, La Cantueña, a lo que el regidor se niega. Para Dávila «ahora mismo, es el único centro que puede ser ampliable. Todos los demás han sufrido las ampliaciones necesarias, por eso estamos en ese 132 por ciento de sobreocupación», advirtió abriendo un nuevo frente de batalla con los socialistas.
LOS BARONES TERRITORIALES POPULARES SIGUEN SIN DESCARTAR RECURRIR LA DISTRIBUCIÓN DE MENORES
El hecho de que se haya aportado estos datos no impide que las Comunidades gobernadas por el PP estén en pie de guerra. Díaz Ayuso ya anunció que llevaría al Constitucional la reforma pactada entre Moncloa y Junts -partido totalmente refractario a la inmigración con un discurso muy similar al de Vox en esta materia-, pero que tampoco estaba dispuesta a saltarse la ley. De hecho, eso mismo aseguró ayer el portavoz de la ejecutiva popular, Borja Sémper, en una comparecencia ante los medios.
«Lo que le puedo decir de esta materia es que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con sus presidentes y presidentas a la cabeza, van a cumplir con la ley y lo van a hacer con un principio moral y ético que es inexcusable, y es cumplir también con las condiciones mínimas humanitarias exigibles para el trato a los menores no acompañados», de ahí la exigencia de medios para afrontar un mecanismo de reparto que, de salir adelante, sería automático y no voluntario, como ahora.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de marzo un decreto para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería en lo que afecta, precisamente a los menores, para aliviar la enorme presión de Canarias y Ceuta donde se hacinan hasta 4.000 chavales. Había mediado un acuerdo por Junts, partido que sumó sus votos a PP y Vox para tirar abajo el primer texto de reforma del mismo artículo. Sólo cuando se aseguró de que a Cataluña llegaría una cifra mínima alcanzó un acuerdo que debe pasar por el Congreso antes del 18 de abril.
DUDAS RESPECTO A SI UNA LEY ORGÁNICA PUEDE MODIFICARSE CON UN DECRETO
Este acuerdo podría haberle hecho al Gobierno un roto por otro lado, dado que Podemos calificó de «parche» lo acordado con la derecha independentista. Pero del mismo modo que voto críticamente la primera vez, todo apunta a que esta vez tampoco rechazará la controvertida reforma. Hay que recordar además que la ley de Extranjería tiene carácter orgánico -por afectar al paquete de derechos y libertades- lo que genera serias dudas respecto a que pueda ser modificada a través de un decreto gubernamental posteriormente convalidado por el Gobierno.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-pacto-moncloa-junts-desmentido-por-los-datos-madrid-acoge-m%C3%A1s-menores-inmigrantes-que-catalu%C3%B1a/ar-AA1C1CjY?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=6220a6a0b4ad49b399d2b4f610968571&ei=66
VARIOS TRIBUNALES TRATAN DE INVOLUCRAR A EUROPA EN UNA GUERRA INÉDITA CON EL CONSTITUCIONAL
Artículo de Alberto Pozas publicado en Eldiario.es el pasado día 31
El tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido busca la manera de afrontar el doble conflicto abierto por la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE y el TSJ de Madrid en otro pleito empresarial, que buscan escalar sus quejas al Tribunal de Justicia de la UE
El Constitucional se ha encontrado con un debate inédito en sus 45 años recién cumplidos de historia: tribunales que acuden a Europa para buscar la forma de no cumplir sus resoluciones. Conflictos abiertos con la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE de Andalucía, pero también con el Tribunal Superior de Madrid sobre un pleito entre empresas VTC, que llevan al tribunal de garantías a plantearse, por primera vez en su trayectoria, qué hacer cuando un juez español le puentea y lleva sus alegaciones a Luxemburgo. Todo mientras el Partido Popular azuza la deslegitimación contra el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.
Las sentencias con las que la mayoría progresista del Constitucional anuló o matizó la mayor parte de las condenas del caso de los ERE de Andalucía no sentaron bien en la Justicia ordinaria. No gustaron en el Supremo, donde algunos consideran que el tribunal de garantías ha ido mucho más allá de sus atribuciones para doblarles el brazo en uno de los casos más relevantes de la última década. Tampoco en la Audiencia Provincial de Sevilla, que declaró probado el desfalco delictivo de más de 600 millones de euros y ha visto cómo su sentencia sobre la causa ha quedado reducida a la mínima expresión.
Esta disconformidad tan descarnada, hasta la fecha, se había trasladado a la opinión pública por el método habitual que usan jueces y fiscales: de forma anónima y a través de los medios de comunicación. Pero ha sido la Audiencia de Sevilla la que ha dado un paso más cuando ha llegado el momento de aplicar las sentencias del Constitucional y ha preguntado a las partes si no debe, como pide el PP, elevar consultas a Luxemburgo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si, como asegura el tribunal andaluz, las sentencias del caso del tribunal de garantías no son “del todo compatibles con el Derecho de la UE”.
La propuesta de la Audiencia de Sevilla cayó como una bomba en un Tribunal Constitucional donde los ánimos ya estaban encendidos desde hace semanas a cuenta del caso de los ERE de Andalucía. Los magistrados del sector progresista todavía miraban de reojo al Supremo por sus insinuaciones de poder llegar a juzgarles por prevaricación cuando, según fuentes de Domenico Scarlatti, llegó una decisión del tribunal andaluz que consideran “inaudita”. Una forma, entienden algunos, de sortear su criterio y buscar la forma de incumplir las sentencias que desinflaron el caso de los ERE.
Los jueces hispalenses no han sido ni los únicos ni los que más lejos han llegado en este intento de llevar a Europa las sentencias del Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con división interna, ha elevado una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre un laudo arbitral entre empresas VTC –que genera discrepancias internas en el TSJM desde hace años– que, en la práctica, explora la vía para que Europa les exonere de aplicar la sentencia del Constitucional que les quitó la razón. El voto particular de un magistrado discrepante define lo que hacen sus compañeros: “Sortear el pronunciamiento del Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión”.
La cuestión prejudicial del TSJM ya va camino de Luxemburgo pero el Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para, llegado el caso, interceptar la consulta de la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE. Ha solicitado al tribunal información sobre los pasos que está dando y el enfrentamiento, poco habitual entre tribunales, se ha convertido en público y frontal: la Audiencia de Sevilla, antes de remitir su providencia, ha preguntado al Constitucional que para qué necesita ese documento.
Los movimientos de ambos tribunales territoriales, que algunas fuentes del Constitucional consideran como un intento “inaudito” de no ejecutar sus resoluciones, abren un debate que pocos juristas se atreven a zanjar por adelantado. Desde la capacidad de un tribunal para elevar cuestiones prejudiciales sobre sentencias y no sobre leyes hasta la vía que se abre para que, en la práctica, un juez pueda soslayar la aplicación de una sentencia del Constitucional alegando que, según su criterio, puede contradecir el derecho comunitario.
El margen de maniobra del tribunal de garantías para frenar estas maniobras no está claro. Un primer informe interno del Constitucional afirma que no se puede cortar el paso a la Audiencia de Sevilla y algunas fuentes esgrimen una resolución reciente, del pasado mes de octubre, del propio TJUE, que dio la razón a un tribunal territorial rumano pero con un matiz importante: en ese país un juez que deja “inaplicadas de oficio” las resoluciones del Constitucional se enfrenta a “procedimientos disciplinarios”. Eso, dice Luxemburgo, va contra el derecho comunitario.
CAMPAÑA CONTRA EL CONSTITUCIONAL
El conflicto judicial abierto por la Audiencia de Sevilla contra el Constitucional llega después de meses de campaña de la derecha política española contra el tribunal de garantías para deslegitimar sus sentencias tras instaurarse una mayoría progresista con Cándido Conde-Pumpido al frente. Convertido por el PP en “el Constitucional de Pumpido”, el debate abierto por dos tribunales territoriales sobre la ejecución de sus sentencias se ha convertido en gasolina política. Sobre todo en Andalucía, donde el caso judicial de los ERE ha acompañado a la debacle del socialismo andaluz.
“Sevilla es hoy el símbolo de la independencia judicial”, ha dicho estos días Cuca Gamarra desde la capital andaluza, sede de la 27 Interparlamentaria del PP este fin de semana, después del movimiento de la Audiencia a instancias de su propio partido. “Conde-Pumpido dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino, y él mismo se la ha manchado demasiado”, ha apostillado Elías Bendodo.
El movimiento de la Audiencia de Sevilla llega unos días después de que el Constitucional diera por apagado el enésimo fuego entre ellos y el Tribunal Supremo, presentado por la derecha como antagonista de un tribunal politizado al servicio del Gobierno. La Sala de lo Penal había dictado varios autos en los últimos meses inadmitiendo querellas de la extrema derecha contra el Constitucional pero abriendo la puerta a que, en otros casos, sus magistrados pudieran llegar a ser juzgados por prevaricar en sus decisiones. El conflicto se había dado por zanjado en Domenico Scarlatti con un último auto del Supremo que excluía esa posibilidad.
La mayor parte de los recursos que llegan al Tribunal Constitucional se quedan en la puerta y no pasan el primer filtro de la admisión a trámite. Pero las sentencias de este tribunal que enmiendan la plana al Supremo o a otros juzgados y tribunales territoriales no son poco habituales. Los últimos datos disponibles son de 2023 y revelan que de las 148 sentencias dictadas en procesos de amparo a lo largo de ese año casi la mitad, un total de 69 resoluciones, fueron estimatorias de forma total o parcial.
DE ALBERTO RODRÍGUEZ A ALBERTO CORTINA
El caso de los ERE de Andalucía es el primero en que un tribunal ha decidido abrir la vía europea para intentar soslayar al Constitucional. No lo hizo el Supremo, por ejemplo, cuando el Constitucional reprochó a la Sala de Manuel Marchena que hubiera dejado sin escaño a Alberto Rodríguez. Tampoco cuando, años antes, el mismo Constitucional anuló la condena impuesta al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo. O cuando, hace poco más de un año, dio la razón a Arnaldo Otegi y frenó la intención del Supremo de llevarle de nuevo al banquillo por el caso Bateragune después de que Europa diera la razón al líder de EH Bildu. Tampoco años antes cuando, en contra del criterio del Supremo, legalizó a Sortu como partido político.
Las condenas anuladas o rebajadas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros líderes históricos del socialismo andaluz tampoco constituyen la única guerra abierta que ha existido entre la cúspide del Poder Judicial español y el Tribunal Constitucional. La hemeroteca del CGPJ todavía guardia un comunicado, inédito entonces y desde entonces, del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo acusando al Constitucional, en febrero de 2008, de haber pisado su negociado y haber “vaciado” sus funciones al revocar una de sus sentencias.
El Constitucional venía de absolver a Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el caso Urbanor, uno de los grandes casos judiciales económicos de la década de los ochenta. Y lo hizo reprochando al Supremo que les hubiera condenado a más de tres años de cárcel sin tener en cuenta los plazos de prescripción y que el caso, en resumen, había caducado por el camino.
La respuesta del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, unos días más tarde, fue emitir un comunicado en el que acusaban al Constitucional de “vaciar” el equilibro entre Supremo y Constitucional: “Se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo”, dijo la Sala de lo Penal con acusaciones similares a las que se vierten casi dos décadas después contra el Constitucional a cuenta del caso de los ERE.
Ninguno de los magistrados que había entonces en el Constitucional, que presidía la progresista María Emilia Casas, siguen hoy en la corte de garantías, pero varios magistrados del Supremo siguen formando parte de la Sala de lo Penal que denunció entonces la injerencia: el hoy presidente Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y un entonces recién incorporado llegado de la Fiscalía Manuel Marchena. El conflicto ha coleado durante caso una década: todavía en 2016 un Constitucional de abrumadora mayoría conservadora acusaba a los tribunales ordinarios de incurrir en “reiterada rebeldía” al no asumir su doctrina sobre la prescripción de delitos.
El PP tampoco renunció entonces a cargar contra un Constitucional de precaria mayoría progresista cuyos enfrentamientos con el Supremo se remontaban a la década de los años 80, cuando la Sala de lo Penal llegó a llamar a declarar a los magistrados del tribunal de garantías por la filtración de la sentencia del caso Rumasa. La lista de agravios es larga y las críticas del PP tampoco son nuevas. “La situación del Constitucional me da pena”, llegó a decir Manuel Pizarro, entonces candidato del partido de Mariano Rajoy, en plena guerra abierta entre tribunales en 2008.
El propio Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, provocó el rechazo del Constitucional al afirmar que discrepaba de forma “total y radical” con la sentencia que absolvía a ‘los Albertos’. Los actores se repiten en un conflicto similar que, en este caso, va camino de Luxemburgo.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/varios-tribunales-tratan-de-involucrar-a-europa-en-una-guerra-in%C3%A9dita-con-el-constitucional/ar-AA1BX7TG?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=9956896f88484d45b87afbb1f6335eea&ei=84
